Lahar Foundation no está registrada en Puerto Rico. Cuando se busca el nombre en Google, aparecen esencialmente dos tipos de referencia: una fundación de trabajo comunitario en India que está cerrada de forma permanente y una página para donar por medio de la plataforma PayPal a favor de “Lahar Foundation SSM”.
Esa cuenta de PayPal muestra el logo y el nombre de una organización llamada ECETI, que responde a las siglas de Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence. Se trata de un santuario en el estado de Washington, desde donde la entidad asegura que se establece contacto con extraterrestres.
Lahar Foundation Self Support Ministry figura como una de las entidades sin fines de lucro que, en el 2022, recibió más de $60,000 en donativos de beneficiarios de la Ley 22 que fue creada para el traslado de inversionistas millonarios a Puerto Rico.
En el 2022, más de 300 entidades recibieron alrededor de $9.2 millones en donativos de inversionistas residentes, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Pero la lista, obtenida por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), incluye organizaciones recipientes que no cumplen con los requisitos que establece la ley para recibir estos donativos.
Por ejemplo, Lahar Foundation es uno de 36 casos, o alrededor del 11 % del total de entidades que recibieron donativos de la Ley 22 ese año, que no figuran en la lista de organizaciones sin fines de lucro aprobadas por el Departamento de Hacienda, encontró el CPI. De esta cantidad, una docena están registradas en Estados Unidos, y no en Puerto Rico.
Además, la lista que recibió el CPI del DDEC con las organizaciones sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas residentes en el 2022 incluye más de $500,000 a entidades identificadas con nombres genéricos como “charity” y “na”, o “sin especificar”.
Desde el 2017, el programa de incentivos exige a cada beneficiario hacer una aportación anual a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico de al menos $5,000 — en el caso de aquellos con decretos a partir del 2020, la cantidad es $10,000. A unos 1,160 beneficiarios, que obtuvieron sus decretos antes del 2017, no se les exige realizar donativos.
Aunque las reglas de juego son distintas según el año en que se obtiene el incentivo, el dinero debe ir a combatir la pobreza infantil, brindar “servicios directos a la comunidad” o, más recientemente, nutrir un fondo de igualdad social. Las entidades recipientes del donativo deben estar exentas en el Departamento de Hacienda bajo la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas y autorizadas por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.
Los incumplimientos son “subsanables”, dice el DDEC
A preguntas del CPI, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos en el DDEC, admitió que en el 2022 hubo entidades que recibieron donativos de inversionistas residentes sin estar certificadas por Hacienda, pero aseguró que la cantidad representa “un por ciento bien, bien, bien bajo”.
“Básicamente estamos hablando que un 90 y pico por ciento hizo la donación conforme a lo que establece la ley, y que estamos hablando de 12 entidades de ese número de cientos de entidades pues que no estaban certificadas, que es un número mínimo, que tampoco quiero que se extrapole a que, ‘mira, están incumpliendo’”, sostuvo Fontán.
Aunque en un principio el funcionario dijo que eran “como 10 o 12″ entidades que recibieron donativos fuera de la ley, eventualmente la agencia solo pudo identificar seis: Save a Friend PR, Fundación CAF, The Guardians, Holberton School, Galería de Artes y Ciencias, y Sato Project.
Pero el número de entidades que no cumplen con los requisitos de la Ley 22 y aún así recibieron donativos en 2022 es mayor. De 39 entidades identificadas por el CPI, el Departamento de Hacienda confirmó que 36 de ellas nunca han tenido una exención de entidad sin fines de lucro en Puerto Rico.
Además, en el caso de la Fundación CAF, Hacienda validó que la entidad está exenta desde 2009, contrario a lo que dijo el DDEC.
A pesar de que la lista compartida por el DDEC incluye nombres de entidades que no existen o que no están certificadas por Hacienda, Fontán aseguró que se verifican todos los datos que comparten los inversionistas residentes bajo juramento en sus informes anuales, para identificar incumplimientos con los requisitos del programa.
Fontán dijo también que donar a una entidad sin fines de lucro que no cumple con los parámetros de la ley es “subsanable”, por lo que estos inversionistas residentes podrán enmendar sus informes y realizar un nuevo donativo a una organización sin fines de lucro certificada en Puerto Rico, en cumplimiento con la ley.
“Como dicen por ahí, el que paga mal, paga dos veces. [...] Para darte un ejemplo: hice una donación en el 2022. Surge que la entidad no estaba certificada con Hacienda en el 2022. Pues esa donación es ineficiente. Ahí tienen que presentar una enmienda al decreto para decirnos: ‘Mira, en el 2022 yo hice una donación, la entidad no estaba certificada. Solicito que en el 2023 me permitas hacer la donación del 2022 a una organización que sí esté registrada’. Así que en el 2023 vas a tener que hacer dos donaciones: una para cubrir el 2022 y otra para cubrir el 2023″, dijo.
Fontán aseguró que este proceso de notificar el incumplimiento a los beneficiarios para que enmienden sus informes y realicen un nuevo donativo conforme a la ley, ocurrió “a principios de año” 2024 para los casos identificados en el 2022. En total, la agencia dijo que envió 37 notificaciones.
El DDEC nunca ha revocado un decreto por incumplir con el requisito de realizar donativos a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico, confirmó Fontán.
Al cierre de esta edición, Lahar Foundation no atendió preguntas sobre el uso de donativos de inversionistas residentes.
¿A dónde fue el dinero?
Un grupo de entidades educativas, de beneficencia social y religiosas recibieron más de la mitad del dinero, seguido por organizaciones protectoras de animales, de salud y ambientales, según los datos del DDEC para el 2022. Casi el 20 % de los $9.2 millones fue a otro tipo de entidades sin fines de lucro, como una organización de blockchain (la tecnología que sirve de base para las criptomonedas), think tanks de desarrollo económico y una organización que promueve la energía nuclear, al igual que organizaciones y fundaciones familiares administradas por beneficiarios del mismo incentivo.
Partnership for Modern Puerto Rico (PMPR) se describe como un think tank de desarrollo económico. Creada en el 2017, la organización sin fines de lucro dice que facilita conexiones entre líderes e influencers de Puerto Rico, la diáspora, el sector privado y beneficiarios de incentivos contributivos como la Ley 22.
El fundador y director de PMPR es Alberto Bacó Bagué, exsecretario del DDEC bajo la administración de Alejandro García Padilla, que según Bloomberg Línea, fue uno de tres puertorriqueños entre las 500 personas más influyentes de América Latina en 2023 junto al multimillonario Orlando Bravo y el artista internacional Bad Bunny. Entre 2013 y 2016, Bacó Bagué aprobó 961 decretos de Ley 22.
En el 2022, PMPR recibió más de $200,000 en donativos de beneficiarios del programa de inversionistas residentes de la antigua Ley 22 de 2012, que ahora recoge la Ley 60 de 2019. El incentivo exime de contribuciones las ganancias que generan las inversiones de estas personas, una vez convierten a Puerto Rico en su residencia.
La página web de PMPR solo muestra actividades, datos y citas de Bacó Bagué, pero carece de información sobre en qué gasta el dinero, y los pedidos de información adicional al exfuncionario no atendieron las preguntas que se le enviaron.
En declaraciones escritas, PMPR dijo que ha tenido “iniciativas de diversa índole en y fuera de Puerto Rico”, y que respalda a entidades de apoyo social, pero no proveyó detalles de proyectos específicos financiados con los donativos recibidos.
“La entidad no es una organización dirigida a beneficiarios de las Leyes 20 y 22, ahora Ley 60, sino una agrupación de empresarios y residentes que desean aportar a la conversación y esfuerzos para viabilizar el crecimiento económico de la Isla”, añadió la declaración, a pesar del material promocional que incluye en su página web alusiva a los incentivos que otorgan estas leyes.
De las organizaciones que recibieron donativos en el 2022, una treintena están actualmente canceladas, disueltas o no aparecen en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico.
En la lista también figuran tres entidades con fines de lucro: Holberton School, The Cannon Club y St. Jude Medical LLC, que ahora pertenece a la farmacéutica Abbott, así como la Guardia Costera (Coast Guard), una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El CPI contactó a estas tres entidades con preguntas sobre los donativos que recibieron de beneficiarios de la Ley 22, pero solo una respondió.
La escuela de programación Holberton School Puerto Rico, organización con ánimo de lucro registrada bajo el nombre de Code Puerto Rico LLC, recibió donativos por $10,000. De su página web se desprende que fue fundada en Silicon Valley, California, por Adam Beguelin, beneficiado por la Ley 22 desde el 2016.
A finales de 2021, Beguelin animaba a los seguidores de una de sus redes sociales a donar al fondo de becas para estudiantes de Holberton, prometiendo equiparar los donativos por $10,000. La directora de la escuela, Mercedes Díaz, explicó al CPI que “no recibimos dinero directamente porque somos un for profit, pero existe un fondo de becas para nuestros estudiantes que administra la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, y eso va directo a los estudiantes”.
Díaz mencionó que entre 2021 y 2023, 24 alumnos se beneficiaron del fondo que les provee un estipendio semanal. Quienes estudian en Holberton deben hacerlo a tiempo completo durante nueve a 18 meses acogiéndose a un acuerdo para pagar el 17 % de su salario mensual por 60 meses una vez consigan trabajo.
Sin mecanismos para confirmar si el dinero va a proyectos en Puerto Rico
Según la ley, el dinero donado por los beneficiarios debe ir a entidades que brindan servicios en Puerto Rico. Sin embargo, existen organizaciones cuyas iniciativas no se limitan a la Isla.
Gaudium et Spes (GES), por ejemplo, es una entidad sin fines de lucro que financia proyectos dirigidos a “los pobres y maltratados en Puerto Rico y a nivel mundial”, así como a la “preservación del patrimonio histórico y cultural”.
“La fundación apoya diferentes proyectos e iniciativas en y fuera de Puerto Rico”, dijo Rafael Rovira Arbona, un abogado corporativo, quien junto a Mikel Eguía Moreda, un asesor de inversiones, fundaron la entidad en el 2020. En su junta también están el abogado Raúl Vidal y Sepúlveda, y el exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Christian Sobrino Vega.
En el 2022, Gaudium recibió $228,856 en donativos de inversionistas residentes.
Según el formulario 990 que sometió a nivel federal, ese año, la organización aportó más de $240,000 a proyectos fuera de la Isla, como la construcción de un hospital en Egipto y la reconstrucción de iglesias católicas a través del mundo. Alrededor de un 40 % de sus aportaciones fueron a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico.
“En el caso de los donativos que recibimos de ‘inversionistas residentes’ con el propósito de cumplir con los diferentes requisitos bajo la Ley 22-2012 y la Ley 60-2019, dichos donativos han sido utilizados, asignados y/o reservados para proyectos en Puerto Rico. Además, algunos ‘inversionistas residentes’ han donado en exceso de lo que se requiere bajo la Ley 22-2012 o la Ley 60-2019 para proyectos fuera de la Isla”, añadió Rovira Arbona.
En el caso de PMPR, la entidad no contestó qué proyectos específicos recibieron dinero de los donativos que recibió.
Aunque la ley establece unos requisitos a la hora de usar el dinero donado, el DDEC desconoce si las actividades que se realizan con este dinero son las que exige la ley, incluso si ocurren en Puerto Rico.
Según Fontán, este asunto compete al Departamento de Hacienda, que es la agencia que certifica a las organizaciones sin fines de lucro.
Más de $2 millones al sector de educación
Entidades educativas privadas como colegios y universidades, escuelas Montessori y una chárter, así como bibliotecas y entidades de larga trayectoria ofreciendo servicios a niños y jóvenes, recibieron más de $2 millones en donativos de inversionistas residentes en el 2022. En total, 42 organizaciones educativas recibieron donativos de beneficiarios de la Ley 22/60, incluyendo una docena de colegios privados.
Las cinco instituciones con mayor cantidad de donativos en el 2022 son Boys & Girls Club, TASIS School de Dorado, Baldwin School de San Juan, Centros Sor Isolina Ferré y Palmas Academy de Humacao.
Las cinco se ubican en lugares de alta concentración de inversionistas residentes como San Juan, Dorado y Humacao, aunque algunas de ellas también tienen sede en otros pueblos de la Isla.
Alrededor de Puerto Rico existe una docena de Boys & Girls Club, una organización sin fines de lucro con más de 50 años de experiencia brindando servicios educativos, deportivos y sociales. Asimismo, los Centros Sor Isolina Ferré llevan 55 años ofreciendo educación alternativa, vocacional y de vida independiente para estudiantes de Educación Especial en escuelas y centros Head Start alrededor de la Isla.
Según datos del DDEC provistos al CPI, los Centros recibieron $106,167 en donativos de estos inversionistas extranjeros en 2022. “Estos donativos pasaron a nuestro fondo general que utilizamos para apoyar las operaciones y darle continuidad a los programas y servicios, como nuestro programa de ayuda a víctimas del crimen, nuestros servicios de educación especial y educación preescolar, entre otros”, dijo la oficial de comunicaciones de la organización, Gabriela Báez.
Por su parte, el oficial de Comunicaciones del Boys & Girls Club, Osvaldo Mártir, confirmó los donativos recibidos, “que se invierten en la operación para sostener los puestos del pilar educativo no cubiertos por grants, así como gastos de la operación de los 11 clubes, como materiales, meriendas y actividades en y fuera de estos espacios”.
Organizaciones fundadas por beneficiarios de Ley 22 reciben donativos
De la lista de organizaciones receptoras de donativos de inversionistas residentes, 30 entidades fueron incorporadas o son dirigidas por personas que a su vez disfrutan del decreto de la Ley 22.
En total, más de $1 millón de los donativos reportados en 2022 fueron a entidades creadas por beneficiarios del incentivo, encontró el CPI.
Aunque la ley prohíbe que un inversionista residente, cónyuge o familiar haga aportaciones a una organización que haya fundado o dirija el mismo beneficiario de la Ley 22, nada impide que realicen donativos a entidades de otros inversionistas residentes.
Illuminated Life School Inc., conocida como Financial Titans, recibió casi $30,000 en donativos y fue incorporada por Heidi Shroff en 2020 para brindar educación financiera a jóvenes de escuela superior. Junto a su esposo, Farukh Shroff, se benefician desde el 2018 del decreto contributivo para inversionistas extranjeros.
La fundadora de Financial Titans indicó al CPI mediante correo electrónico que en 2022 su organización recibió cerca de $46,000 en donativos de inversionistas residentes. Detalló que tanto el programa after school como el de verano son libres de costo, y que con los recaudos pagan a sus mentores, un coordinador y un psicólogo, materiales, transportación y merienda para los estudiantes, a quienes recompensan con certificados de regalo si alcanzan metas específicas. Asimismo, les ayudan a abrir su primera cuenta de ahorro o cheques, a la que depositan $150 como regalo.
La fundación e institución de educación preescolar Lovely Little Einsteins recibió $12,500 en donativos. La presidenta y la secretaria de esta organización son ambas beneficiarias de la Ley 22. Cara Knapp, secretaria, se beneficia del decreto desde el 2019, mientras Yezenia Manke y su esposo Isaac A. Manke, tienen el beneficio desde el 2018. Una portavoz del preescolar con sede en Miramar, quien prefirió no ser identificada, confirmó la cantidad de los donativos recibidos en 2022 y aseguró que aportaron a expandir los servicios en una segunda sede que inauguró a principios de ese mismo año en Vega Alta.
The 20/22 Act Foundation y The Rain & Rose Charitable Fund, son dos de las entidades creadas por inversionistas residentes que figuran en el tope de la lista de recipientes de donativos en el 2022. El pasado mes de abril, un informe del Center for Popular Democracy reveló que, en el 2021, The Rain & Rose Fund destinó sólo el 6 % de sus recaudos ese año a entidades de Puerto Rico. Según los datos obtenidos por el CPI, la entidad recibió al menos $233,000 en donativos en el 2022.
Mientras, el informe cuestionó cómo The 20/22 Act Society, una organización que representa a los beneficiarios de la Ley 22 hasta en los tribunales y que defiende la permanencia del beneficio contributivo, recibe a su vez donativos de sus representados a través de su fundación The 20/22 Act Foundation.
En 2022, esta fundación recibió más de $330,000 en donativos de inversionistas residentes, y repartió casi $1.5 millones entre varias organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico, según su planilla federal.
La búsqueda de los donativos
Aunque el incentivo de Ley 22 fue aprobado en el 2012, no fue hasta el 2017 que se comenzó a requerir un donativo de $5,000 a entidades sin fines de lucro.
En aquel momento, solamente podían recibirlo aquellas organizaciones que brindan servicios a la comunidad, creadas y administradas “exclusivamente” para fines caritativos, científicos, literarios o educativos, la prevención de violencia doméstica, crímenes de odio, maltrato o abuso de niños, personas mayores de edad, discapacitados o animales, así como museos y escuelas en Puerto Rico.
Pero en el 2019, con la aprobación del nuevo Código de Incentivos, se amplió la lista de organizaciones que pueden recibir los donativos requeridos a inversionistas residentes. Ahora incluye iglesias, cámaras de comercio, clubes y asociaciones de residentes, en fin, cualquier organización exenta bajo la Sec. 1101 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
Alrededor de estas aportaciones, se ha creado un ecosistema de entidades sin fines de lucro que buscan activamente donativos de los beneficiarios de la Ley 22/60. El CPI identificó al menos una docena de organizaciones que promocionan de manera directa que están certificadas para recibir donativos de inversionistas residentes bajo la Ley 22/60.
También existen entidades como DonatePR, una plataforma de “donaciones comunitarias” para beneficiarios de la Ley 22/60, según su página web. “Ofrecemos una solución completamente gratis para cualquier organización sin fines de lucro 1101.01(a)2 en Puerto Rico para que reciba fondos directamente a su cuenta de banco”.
La página de DonatePR incluye alrededor de 80 “causas”, proyectos u organizaciones, que reciben dinero a través de la plataforma. La organización que más dinero ha recibido, con sobre $300,000 en donativos desde el 2021, es PR I Love You, una entidad sin fines de lucro cuya misión es “esparcir amor y compasión” en Puerto Rico y filmar una película que muestre la naturaleza, comunidades y la gente de la Isla al resto del mundo.
Al momento de realizar el donativo, un inversionista residente también puede usar un intermediario — otra organización sin fines de lucro que recibe el dinero y lo redirige a organizaciones y proyectos de asistencia social.
Este es el caso de organizaciones como The 20/22 Act Foundation e Integro Foundation — una entidad sin fines de lucro que preside el inversionista residente Brock Pierce — que figuran como organizaciones recipientes de donativos, pero redirigen parte de este dinero a entidades y proyectos de Puerto Rico, según sus planillas federales.
El incentivo de la Ley 22 se ha vinculado a fomentar la gentrificación, la inequidad económica, el acaparamiento de propiedades, la falta de vivienda asequible, y el desarrollo en zonas vulnerables al cambio climático, entre otros.
El programa no exige una inversión mínima o la creación de empleos a cambio del incentivo. Además del donativo a entidades sin fines de lucro, solo requiere adquirir una vivienda, estar en Puerto Rico al menos 185 días al año y rendir un informe anual. El impacto macroeconómico de la Ley 22 ha sido mínimo, según economistas como José Villamil y José Caraballo Cueto, y aunque el Gobierno aceptó hace más de tres años que debe requerirse algún grado de inversión económica mínima, nada ha ocurrido para incluir esa exigencia en la legislación.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la historia original aquí.
