El gobierno de Puerto Rico está en riesgo de perder hasta $3,800 millones en recaudos anuales si no se aprueba legislación sobre el Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15 %.
Así lo concluye un estudio de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) que presentaron ayer para hacer un llamado urgente sobre la necesidad de una sesión extraordinaria para atender legislación que equipare a Puerto Rico con el escenario económico global.
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Adoptar una tasa mínima de 15 % para corporaciones foráneas con matríces en países donde se haya adoptado el IMG representaría un aumento de 12.57 % a la tasa contributiva actual que pagan estas multinacionales en Puerto Rico.
El IMG establece que las corporaciones con ingresos anuales mayores de $750 millones deberán pagar una tasa mínima del 15 %, sin importar dónde radiquen. A partir de 2025, este impuesto mínimo, también conocido como Pilar II, afectará también a filiales en Puerto Rico cuyas matrices tengan alguna otra filial en países que ya han firmado el acuerdo que fuera promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20. Sobre 140 jurisdicciones en el mundo han implementado el IMG.
“Por primera vez, más de 140 jurisdicciones se unen a proponer que un negocio pague impuestos de una manera equitativa, de una manera justa. (...) Nosotros hemos cuantificado un estudio donde hemos mezclado diferente bases de datos, hemos bajado más de 900,000 datos de corporaciones y dos bases de datos, pública y privada, (incluso) el Departamento de Estado, presenta información de corporaciones foráneas y fuentes secundarias de datos también. (...) A partir de enero 2025, cualquier país que tenga un afiliar de su matriz, que haya emitido legislación, se va a llevar gran parte de esos 3,800 millones de dólares que se deberían quedar en la isla”, detalló el economista, Daniel Santamaría Ots, quien lideró el estudio.
En Estados Unidos, el IMG todavía necesita la aprobación del Congreso. De aprobarse legislación federal, sería aplicable a Puerto Rico. Sin embargo, EA identificó que la aprobación del IMG en el archipiélago no necesita de entes federales, pero sí de una sesión extraordinaria que solamente puede convocar el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi.
En la pasada sesión legislativa hubo acción sobre el IMG. La Cámara de Representantes aprobó una medida, pero el Senado la colgó.
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La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet Passalacqua explicó que no fue hasta el final de la Asamblea Legislativa que se pudo obtener la información del Departamento de Hacienda, que incluye la opinión del Tesoro Federal, sobre el IMG. La medida se presentó en octubre de 2023, pero no hubo vistas públicas en la Cámara de Representantes, algo que ahora pide Espacios Abiertos.
“La Base Industrial de Puerto Rico está haciendo este llamado, ahora la entes sin fines de lucro nos estamos uniendo al llamado...y lo que nosotros quisiéramos es que haya una participacion del publico general […] Es imperativo que el gobierno de Puerto Rico sí despierte. No nos podemos quedar de brazos cruzados, como si no tuviéramos un Ejecutivo. Sí hay un Ejecutivo que tiene la potestad de llamar una asamblea extraordinaria, es obligación de ese Ejecutivo atender una necesidad que pone en peligro cien mil empleos en Puerto Rico y la viabilidad de mil corporaciones que hay en Puerto Rico. […] Es deber del Ejecutivo fungir hasta el último día de su término, no puede claudicar sus responsabilidades porque perdió una primaria”, reclamó Blondet Passalacqua.
Las corporaciones, mayormente estadounidenses, establecidas en la isla ya pagan el impuesto de 15 % establecido bajo el cumplimiento de las reglas de la OCDE.
“Lo más triste de esta historia es que a partir del 2025, si no han tomado acción, 3,500 millones que serían para Puerto Rico te los van a capturar. La compañía va a pagar siempre el 15 %, por lo cual no estás imponiendo el sobrecargo, es quién lo va a capturar. Lo captura Puerto Rico, o permite Puerto Rico que lo capture otro”, dijo Santamaría Ots.
La utilización de los fondos
Asimismo, Santamaría Ots detalló que le tocará a Puerto Rico decidir qué parte de esos $3,500 a $3,800 millones se dedican a fondos contributivos.
“Puerto Rico debe decidir qué parte de esos $3,800 se dedican a fondos contributivos, a establecer un ambiente atractivo que haga que las compañías se queden. […] Todos los gobiernos están destinando una parte a eso, y también tratan de diversificar su base productiva y su economía. […] Creo que es una oportunidad para Puerto Rico, (para) muchas (entidades), sobre qué queremos hacer con Puerto Rico en las próximas décadas. La otra parte importante es cómo diversificamos”, expresó.
“Lo que queda en juego es quién recauda ese dinero, y Puerto Rico no debería quedarse atrás”, agregó.
