El juez de primera instancia en el Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, le ordenó el viernes a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas en Puerto Rico (COSSEC) y a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) entregar al multimedio Bonita Radio información pública sobre los puestos de confianza en ambas organizaciones gubernamentales.
La sentencia emitida por Cuevas Ramos establece que las entidades deben presentar, en un plazo de cinco días, los datos solicitados por la periodista Carmen Enid Acevedo Betancourt, quien el pasado 7 de junio presentó un recurso especial de acceso a la información pública, al amparo del Artículo 9 de la Ley Núm. 41-2019, contra ASEM, COSSEC, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Junta de Planificación (JP).
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“Se dicta sentencia declarando Ha Lugar el recurso especial de acceso a la información pública presentado por la recurrente contra ASEM y COSSEC. Por lo tanto, se ordena que en 5 días se entregue la información solicitada”, detalló Cuevas Ramos.
El recurso legal se presentó después de que las agencias públicas no proporcionaran una lista de los empleados de confianza, incluyendo nombres, posiciones y salarios, desde 2021 hasta la fecha.
“Las Recurridas no cumplieron con el requerimiento dentro del término concedido por ley, por lo que se presentó la presente acción”, añadió el juez.
Ante la argumentación de ASEM sobre “posibles persecuciones políticas y acoso público”, Cuevas Ramos dijo que “esto no es suficiente para establecer que el entregar los nombres de los empleados de confianza de ASEM pudiera afectar derechos”.
“Le recordamos a ASEM que, cuando una persona toma la determinación voluntaria de firmar un contrato con el Gobierno, estos saben o deben saber que tal contrato (excepto por información que se considera confidencial, como cuentas de banco y números de seguro social) es uno público”, especificó.
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De la misma forma, Cuevas Ramos expuso que los empleados públicos, aunque sean de confianza, no tienen expectativa razonable de intimidad sobre sus nombres cuando sus sueldos son pagados por el Gobierno con dinero público.
“Estos contratos son documentos públicos generados y conservados por el Gobierno. Aunque son parte del expediente del empleado, se ha resuelto que los expedientes de los empleados gubernamentales son solo confidenciales en cuanto a información realmente sensitiva. Los nombres no tienen esa protección”, añadió.
