CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los sospechosos o guerrilleros eran sentados en un banco de hierro en una base aérea del Pacífico sur mexicano con la creencia de que los iban a fotografiar. Pero en su lugar recibían un disparo en la nuca, les cubrían la cabeza con una bolsa que ataban al cuello para que no escurriera la sangre y luego eran metidos en costales y subidos a una avioneta para ser lanzados al mar.
Un extenso informe divulgado este viernes por la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno mexicano en 2021 para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990, describe también cómo algunos pescadores encontraron bultos que resultaron ser cadáveres y entonces los militares comenzaron a llenar los sacos con piedras para que no flotaran.
Los llamados “vuelos de la muerte”, similares a los de las dictaduras militares del Cono Sur, son sólo una de las diversas estrategias criminales descritas en el informe titulado “Fue el Estado” que relata la brutal represión de casi tres décadas en las que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hegemónico durante casi todo el siglo XX, mostraron su cara más dura ante cualquier disidencia, guerrilla o en su lucha contra el narcotráfico.
A lo largo de más de 4,000 páginas se narran detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos forzados o masacres donde las víctimas no sólo fueron opositores o milicianos sino estudiantes, campesinos, sindicalistas, indígenas o trabajadoras sexuales o refugiados guatemaltecos, entre otros.
México comenzó a investigar la represión gubernamental cuando llegó la alternancia política con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien creó una fiscalía especial para el tema. El flujo de testimonios comenzó entonces aunque su contenido ha ido conociéndose poco a poco.
Uno de los puntos que más interés ha despertado desde hace años son los llamados “vuelos de la muerte”.
Según la declaración de Gustavo Tarín, integrante del Grupo Operativo de la Policía Militar, en la base aérea cercana al turístico puerto de Acapulco fueron ejecutadas o desaparecidas unas 1.500 personas. No dio listas ni nombres aunque sí acusó a sus superiores de las ejecuciones de un tiro en la nuca siempre con la misma pistola, a la que apodaban “la espada justiciera”.
Las víctimas eran sospechosas de participar en la guerrilla del campesino Lucio Cabañas, en el estado de Guerrero, aunque según declaró el mecánico militar Margarito Monroy, que participó en 15 vuelos, había personas de distintos lugares y posición económica.
Monroy fue uno de los que ofreció más detalles en un testimonio hace más de 20 años. “Cuando eran mujeres les ofrecían que, si tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso a los esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera, las liberaron”, señala el informe.
El mecánico también relató que a veces algunos de los subidos en sacos al avión estaban todavía vivos, agonizando. Las pequeñas avionetas bajaban casi a nivel del mar para desde ahí tirar los costales.
El trabajo de revisión de documentos en 97 archivos, incluidos algunos de Estados Unidos, y la recolección de un millar de testimonios estuvo dirigido por dos académicos —David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart— y un histórico defensor de los derechos humanos de Guerrero —Abel Barrera—.
El informe enlista por nombre a 4,482 víctimas de distintos delitos. Documenta 517 desapariciones forzadas y 1.,448 asesinatos. Pero esto puede ser sólo la punta del iceberg, porque los investigadores denunciaron que el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instituciones negaron o destruyeron documentos en un intento “por ocultar la verdad, contribuyendo así a perpetuar la impunidad”.
El informe no sólo afirma que “el Estado alentó y consintió” todas las prácticas descritas sino que asegura que “prevalecieron en una suerte de inercia institucional” hasta la actualidad y que las Fuerzas Armadas, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han visto multiplicar su poder, “continuaron teniendo una centralidad, reservando para sí un amplio margen de acción que les ha permitido continuar cometiendo violaciones graves a derechos humanos”.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde en un extenso juicio de 2012 a 2017 hubo evidencias para sentenciar a cadena perpetua a 29 exoficiales y demostrar que la dictadura utilizó los vuelos de la muerte como una forma sistemática de exterminio, en México se desconoce todavía el alcance de esta práctica.
La Comisión de la Verdad localizó bitácoras de 30 vuelos realizados por un solo avión entre agosto de 1975 y enero de 1979. Pero entre sus anexos incluye una carta fechada hace dos décadas, firmada por un supuesto desertor y dirigida a un colectivo de familiares de desaparecidos, en la que se habla de otros 25 vuelos sólo en 1974 y efectuados por un avión del mismo modelo pero de diferente matrícula.
Esa carta, que fue hecha pública hace poco más de una semana por la periodista Marcela Turati y sobre la que las autoridades no se han pronunciado, incluye por primera vez una lista con los nombres de 183 posibles víctimas de esos “vuelos”. Varios de esos nombres coinciden con personas identificadas como víctimas por la Comisión.
Más allá de las responsabilidades políticas de los gobiernos de esos años, el informe menciona a casi 600 presuntos perpetradores —militares, policías, funcionarios, muchos ya fallecidos— que los fiscales deberían investigar para determinar posibles responsabilidades. Muchos, agrega el documento, pasaron a las filas del crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, afirmó en una investigación previa que los “vuelos de la muerte” se hicieron en coordinación no sólo con el gobierno de Guerrero y las bases militares locales sino con la Secretaría de la Defensa Nacional.
El único proceso judicial de envergadura que se logró con la fiscalía creada por el presidente Fox fue por genocidio y contra el ya fallecido expresidente Luis Echeverría (1970-1976) considerado responsable de dos masacres estudiantiles, entre ellas la de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México. La justicia determinó que no contaba con elementos suficientes para condenarlo y nunca pisó la cárcel.
Otro alto mando muy involucrado en los crímenes de la denominada “guerra sucia” y mencionado también en los “vuelos de la muerte” fue el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue procesado pero por sus vínculos con el narcotráfico. Luego fue asesinado.
Entre los datos menos conocidos incluidos en este informe hay matanzas, como la de la comunidad de Monte de Chila, en el estado central de Puebla, donde fueron ejecutadas al menos 50 personas en 1970 por la defensa de sus tierras; represión en conciertos de rock o abusos reiterados en la capital del país donde trabajadoras sexuales eran detenidas y encarceladas en una prisión llamada la “Vaquita” para extorsionarlas durante 15 días a cambio de sexo o dinero y luego liberarlas para detener a otro grupo.
También se dieron prácticas que se han repetido en años mucho más recientes como desplazamientos forzados por proyectos de desarrollo, abusos en medio la lucha contra el narcotráfico o asesinatos de periodistas.
El informe pone varios ejemplos. Uno de ellos es la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de magisterio de Guerrero, donde hubo torturas, obstrucción a la justicia, desaparición forzada y hay policías y militares procesados.
En 2018 fueron detenidos 19 policías del estado de Veracruz acusados, entre otras cosas, de arrojar a una barranca desde un helicóptero a sospechosos de vínculos con el narcotráfico.
Por ello el informe es contundente. “La cerrazón institucional y la falta de voluntad política por reconocer y reparar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, constituye un grave factor de persistencia e impide garantizar la no repetición”.
