La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado realizó una vista pública hoy, martes, para conocer y discutir los hallazgos del informe presentado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en los procesos llevados a cabo para la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez.
“No estamos buscando los culpables usuales, en la Comisión estamos buscando restaurar y reformar un sistema que se presta a tanta incongruencia. Estamos buscando que la soga no siga partiendo por lo más finito, estamos buscando quiénes son los que justamente, en las jerarquías que están ocupando, finalmente abren los espacios para que la mediocridad se materialice en un modelo gerencial”, explicó el presidente de la Comisión, el senador José Vargas Vidot.
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El gerente de investigaciones del DCR, Alexis Rodríguez Rivera, presentó el informe investigativo ante la Comisión Senatorial, aunque solicitó que este no se haga público, ya que contiene información de razones de destitución, que de publicarse “podría afectar el proceso”.
De este modo, aunque generó diferencias entre los senadores presentes y la solicitud del senador Thomas Rivera Schatz de ser publicado, se llegó al acuerdo de, por el momento, no hacerlo.
Por otro lado, a respuestas de los senadores, Rodríguez Rivera explicó que las recomendaciones brindadas hacia el DCR surgen a raíz del descubrimiento de una “labor negligente” por parte de la compañía Physician Correctional. Desde el mes de junio se recomendó cancelar el contrato de Physician Correctional, pero la secretaria del DCR no actuó sobre la recomendación.
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A su vez, indicó que estas conclusiones fueron observadas en los informes médicos de Hermes Ávila Vázquez, que mantenía la compañía contratada para auditar a Physician Correctional, UTI Corp. en su poder.
“En la documentación, en los expedientes médicos había desorganización, en los documentos no se encontró una evidencia de prognosis de vida corta, ni se trabajaba una enfermedad especifica que estuviera en el Ley 25. En las entrevistas encontramos incongruencias”, añadió. De igual forma, no mostraba evidencia de tener paraplejia ni prognosis de vida corta.
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Por esta razón, según redactado, y leído por el senador Vargas Vidot, la investigación concluye que se debería “reevaluar la continuidad de la compañía de Physician Correctional o como mínimo verificar las disposiciones y cláusulas del contrato”.
Cabe resaltar que, aunque las recomendaciones fueron presentadas, por el momento el DCR solo ha tomado la decisión de notificar la intención de destitución a ocho empleados.
Por otro lado, Rodríguez Rivera anticipó que, como parte del proceso, se entrevistó el confinado Hermes Ávila Vázquez, y sus declaraciones fueron referidas en su forma íntegra al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que realicen sus respectivas investigaciones.
Finalmente, el senador Rafael Bernabe Reifkohl instó a la Comisión a citar nuevamente a la secretaria del DCR Ana I. Escobar Pabón para conocer las acciones que ejecutará.
