La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), emplazo al gobierno y a la rama legislativa a enmendar o derogar la ley que crea un plan de mitigación para que las cooperativas recuperen unos $400 millones por las pérdidas que experimentó el sector con los bonos de Puerto Rico.
En una carta dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr., enumera las razones por las que el ente federal había expresad su oposición a la Ley 99.
Mujica recordó que el 18 de enero de 2022, el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado (el “Plan de Ajuste”), que reduce la deuda Puerto Rico en aproximadamente un 80% y establece el tratamiento y los derechos de los reclamantes. “Brindar a las cooperativas alivio o compensación fuera del tratamiento establecido en el Plan de Ajuste viola la Orden de Confirmación porque el Plan de Ajuste resolvió por completo as obligaciones de deuda de estas entidades”, lee la misiva.
La ley en cuestión, originalmente Proyecto del Senado 644, fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi ante los señalamientos de la Junta, la AAFAF y la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OPG). Sin embargo, la legislatura fue por encima del veto.
El 19 de julio de 2024, la JSF recibió la presentación del Gobernador conforme a la sección 204(a) de PROMESA para la Ley 99. La Presentación incluía una declaración de la OPG en la que certifica que la Ley 99 es significativamente incompatible con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y el Plan Fiscal de la Corporación Pública de Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC).
“La Junta de Supervisión está de acuerdo con esta evaluación. Tenga en cuenta que el 16 de agosto de 2024, la Junta de Supervisión adoptó una resolución en la que determinó que la Ley 99 perjudica o frustra los propósitos de PROMESA”, expresa Mujica.
“La Junta de Supervisión ordena al Gobierno que modifique o derogue la Ley 99 para eliminar las inconsistencias establecidas anteriormente, o que proporcione una explicación de las inconsistencias antes del 30 de agosto de 2024″, añade la carta.
El director ejecutivo de la Junta concluyó afirmando que se reservan el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, “incluida la búsqueda de recursos para evitar la implementación y el cumplimiento de la Ley 99 y para que la ley sea anulad”a.
