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Supremo le dice que no a petición del PIP para detener impresión de papeletas

La colectividad hizo la petición al máximo foro para que detuviera el proceso mientras se resuelve la impugnación del plebiscito

Propuesta Consulta Estatus
Juan Dalmau Archivo/Metro Puerto Rico. (Dennis A. Jones)

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar la petición del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con la cual se buscaba que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) detuviera la impresión de papeletas de la consulta de estatus que se llevará a cabo el 5 de noviembre.

La petición del PIP exigía que se detuviera el proceso mientras se resuelve el pleito que lleva ante el máximo foro judicial donde impugna la celebración del plebiscito convocado por el gobernador Pedro Pierluisi.

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“Entendemos que la impugnación del Partido Independista no tiene mérito en derecho. El plebiscito es una facultad legislada por la Asamblea Legislativa dentro de sus poderes y el voto es un derecho constitucional del elector a ejercerlo”, expresó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

El 22 de agosto de 2024, es el día límite para solicitar la impresión de papeletas para la mencionada consulta de estatus, según dicta la ley 165 del 2020.  La resolución está firmada por el Secretario del Tribunal Supremo, Javier O. Sepúlveda Rodríguez.

El pasado mes de julio, el PIP presentó un recurso legal ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para impugnar la consulta de estatus que convocó el gobernador Pedro Pierluisi para las elecciones generales de noviembre.

Según el candidato a la gobernación del PIP, la convocatoria del plebiscito es “ilegal”.

“La convocatoria de este plebiscito, además de ser inconstitucional e ilegal, es un acto desesperado del liderato del PNP y otro intento burdo de engañar a los miles y miles de estadistas que sienten vergüenza e indignación por décadas de mal gobierno y corrupción a manos del PNP”, expresó Dalmau en ese momento.

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El PIP radicó directamente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso impugnando la constitucionalidad de la convocatoria del plebiscito por decreto del gobernador.

“Vamos a combatir este engaño en todos los foros. Es un engaño más, como el de los cabilderos de la estadidad, que le costó al pueblo cerca de un millón de dólares al año”, agregó Dalmau Ramírez en expresiones del mes de julio.

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