El juez superior Arnaldo Castro Callejo certificó como demanda de clase el reclamo de miles de personas contra los abogados que los representaron en los litigios civiles radicados tras la explosión en la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), el 23 de octubre de 2009.
La resolución del juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan se relacionada a la demanda de Héctor Martínez, quien para la fecha de la explosión era residente de Santa Catalina en Bayamón, contra John F. Nevares Padilla (Nevares y/o Lcdo. Nevares), John F. Nevares & Associates, PSC (Nevares PSC), Camilo Salas (Salas y/o Lcdo. Salas) y Salas & Co. LC (Salas LC).
El pleito legal plantea que, como producto de las transacciones de las reclamaciones presentadas en sus nombres, tras una demanda en el Tribunal de Estados Unidos Distrito de Puerto Rico, los abogados demandados inflaron y les dedujeron “gastos generales y ordinarios de la oficina”, tales como rentas, salarios de empleados, investigaciones jurídicas, libros, etc. sin tener derecho a ello, “particularmente, sin haber consentido y/o constituyendo retenciones ilegales y antiéticas en violación al Canon 18 de los Cánones de Ética Profesional, y la Regla 1.5 de las Reglas Modelo de Conducta Profesional de la Asociación Americana de Abogados, entre otras.
Como parte de la demanda contra los abogados, se solicitó que el pleito se tramitara como una reclamación de clase, y propusieron que la clase se definiera de la siguiente forma: Todas las personas y entidades que recibieron una compensación producto del litigio CAPECO, mediante un pago realizado contra cualquier cuenta bancaria de Law Offices of John F. Nevares, PSC. Además, se propuso que se creara una subclase definida de la siguiente manera: Todas las personas y entidades dentro de la Clase de Demandantes que contrataron los servicios de Law Offices of John F. Nevares and Associates, P.S.C. y/o Salas LC. en relación con el litigio CAPECO [como se define anteriormente].
A pesar de que los demandados objetaron la certificación de clase del pleito, el juez Castro Callejo dio la razón a la parte demandante.
“En este caso, de las estipulaciones y determinaciones de hechos que anteceden se desprende que las personas alegadamente afectadas por las actuaciones de las partes demandadas ascendieron a 3,358 clientes. Evidentemente, el requerir que cada uno de estos radique un caso individual crea serios inconvenientes y obstáculos en la tramitación de los pleitos y administración de la justicia”, lee parte de la resolución.
“Por todo lo cual, a la luz de las determinaciones de hechos y el derecho aplicable, este Tribunal concluye que se cumplen con los requisitos de la Regla 20 de Procedimiento Civil, para certificar el caso de epígrafe como uno de clase. A tales fines, certificamos la siguiente clase en cuanto a las causas de acción por las retenciones alegadamente ilegales de gastos: “Todas las personas que recibieron una compensación en daños y perjuicios como producto del litigio del caso CAPECO, y que se les dedujeron gastos por los demandados John F. Nevares Padilla, John F. Nevares & Associates, PSC., Camilo Salas y/o Salas & Co. LC.”.
