El senador por Acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, envió una carta al presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, sugiriéndole que tome “medidas cautelares” ante un pedido que le realizó el convicto Hermes Ávila Vázquez a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, cuyo presidente es el legislador independiente, José Vargas Vidot.
En la misiva con fecha del 22 agosto del 2024, el líder novoprogresista compartió con el presidente senatorial que existe un correo electrónico del 18 de agosto de 2017 enviado supuestamente desde la oficina de Vargas Vidot para conseguirle una silla de ruedas a Ávila Vázquez.
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“Se ha presentado un correo electrónico que alegadamente sale de la oficina del compañero Vargas Vidot, donde se está gestionando la adquisición de una silla de ruedas precisamente para Hermes Ávila. Tiene fecha de 18 de agosto de 2017. No estoy haciendo imputación alguna, en este momento, contra nadie en el Senado”, lee la carta de Rivera Schatz en poder de Metro Puerto Rico.
Según el expresidente del Senado, su intención es que no se lastimen “la credibilidad y los trabajos de la Comisión”, puesto que “durante las vistas públicas y en todas las entrevistas de prensa se ha estado señalando a funcionarios y personal de empresas privadas que de alguna forma intervinieron en el caso del convicto Hermes Ávila desde el 2005 hasta el presente”.
Continuó: “El planteamiento reiterado públicamente ha sido que se conocía de la falsedad de los expedientes médicos o hubo negligencia por no verificar en detalle la condición de salud del convicto a quien, además, se le concedió privilegios que no le correspondían. Las imputaciones han fluctuado desde conspiración, omisión en el cumplimiento del deber, negligencia crasa y hasta elaboración de documentos falsos. Eso contra todo aquel que solicitó, colaboró, gestionó o de alguna forma intervino en beneficio del convicto”.
Rivera Schatz además le solicitó a Dalmau Santiago que corrobore la información que le está presentando para evitar “prejuicios políticos o cuestionamientos éticos” ante la investigación que se lleva a cabo en la Cámara alta por la propia Comisión que preside Vargas Vidot contra el hombre sentenciado a 102 años de cárcel por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, perpetrado el pasado 21 de abril cerca de la playa Los Tubos en Manatí.
“¿Cómo se podría catalogar esa alegada gestión desde el Senado, una incidencia inadvertida y de buena fe? o ¿parte del todo el andamiaje negligente y conspirador para crear un expediente falso que se ha estado imputando? Sería injusto especular al respecto, pero muy prudente tomar medidas cautelares”, sostuvo el portavoz del PNP en el Senado.
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En respuesta a ello, el legislador independiente explicó a este medio que, al su oficina representar un enlace comunitario, recibe muchas peticiones de parte de comunidades vulnerables, incluida la carcelaria.
“Yo contesto sin consideración de cualquier otra cosa que no sea del ser humano que está buscando reclamar algo que en donde siente que puede conseguirlo a través de la legislatura, que es un derecho que se ha reconocido”, comenzó detallando sobre cómo manejan las peticiones.
“Una de las compañeras de trabajo, que es quien trabajaba en enlaces por la comunidad, hizo ese pedido de una de una silla, que yo no sé cómo puedo yo suplir la verdad, pero no pasó de ahí, porque nosotros no tenemos posibilidades de otra cosa que no fuera lo que hizo la persona que trabajaba con nosotros, de tratar de conectar el pedido (con un suplidor) en aquel entonces, que eso fue en 2017″, contó el senador.
La Comisión senatorial no logró contactar a Ávila Vázquez con un proveedor, puesto que tampoco hubo seguimiento. Vargas Vidot destacó que pasaron seis años desde esta solicitud hasta que el convicto salió a la libre comunidad en 2022 bajo la Ley 25 por alegadas condiciones médicas inhabilitantes.
En 2017, Ávila Vázquez cumplía otra sentencia de 122 años desde el 2005 por asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.
“Aunque reconozco que es importante que todo senador sienta que tiene el derecho de exigir todo tipo de transparencia, porque yo lo haría también, resalto que esto es parte de nuestro trabajo como iniciativa comunitaria, como la comisión que dirigimos. Nosotros nos relacionamos con la comunidad de personas confinadas o privadas de la libertad [...] El hecho de que una persona esté en la cárcel, el castigo del Estado es la privación de la libertad, no la privación de sus derechos como paciente o como individuo, como persona”, sostuvo el senador independiente.
En cuanto al llamado de Rivera Schatz a Dalmau Santiago de “tomar medidas cautelares” por la posibilidad de que la iniciativa de la Comisión sea vista como “un acto de buena fe” o una forma de ayudar al convicto a “crear un expediente falso”, Vargas Vidot destacó que a penas en 2016 entró a la legislatura y que si hubiera intentado hacer un expediente, hubiera evidencia de ello.
“Yo no sabía ni quién era Hermes Ávila, no existía posibilidad. No estaba Ana Escobar (al mando del Departamento de Corrección y Rehabilitación). No había nada de lo que hoy día constituye el objeto de nuestra investigación”, afirmó el educador e intercesor de causas sociales.
El pasado 19 de agosto, Ávila Vázquez se declaró culpable en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Arecibo por el asesinato de Meléndez Vega, el día en que estaba pautado para comenzar el juicio en su contra.
El hombre fue acusado de cargos por feminicidio, destrucción de prueba, violación a la Ley de Armas y protección de la propiedad vehicular. Ahora, enfrenta una sentencia de 102 años en prisión.
