Manifestantes salieron el domingo a las calles en distintos puntos de México como parte de la más reciente protesta contra la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras medidas del partido gobernante que, según los críticos, debilitarán a los contrapesos democráticos.
Los manifestantes se concentraron en Ciudad de México, así como en Michoacán, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y otros estados.
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En la capital, una gran número de personas, muchas de ellas trabajadores de las cortes federales y jueces en huelga, terminaron su marcha frente al edificio de la Suprema Corte, en el corazón de la ciudad, ondeando banderas con consignas como “Independencia judicial” y “Respeto a la democracia”.
“Ahora estamos manifestando en contra de las reformas, pero no es solamente las reformas”, dijo el abogado Mauricio Espinosa. “Son muchos ataques contra el Poder Judicial y otros órganos autónomos. Lo que hace es que termina fortaleciendo al Ejecutivo, al próximo presidente”.
Tras las grandes victorias electorales que el partido gobernante Morena y sus aliados registraron en junio pasado, el gobierno ha impulsado cambios radicales en el sistema judicial del país, el cual ha estado en desacuerdo desde hace tiempo con López Obrador, un populista que ha atacado abiertamente a los jueces y ha ignorado dictámenes judiciales.
Su propuesta incluye que los jueces sea designados por elección popular, algo que analistas, jueces y observadores internacionales temen que pueda atiborrar las cortes con jueces con preferencias políticas y poca experiencia.
Esa era la preocupación de Espinosa, quien dijo que “los jueces van a tener que rendir cuentas, buscar dinero para hacer campaña, buscar a alguien para tener un respaldo. Sus sentencias no van a ser 100% independientes”.
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Los cambios propuestos requerirían la aprobación del Congreso, donde la coalición gobernante tiene la mayoría.
El viernes, las autoridades electorales asignaron a Morena y a partidos aliados el 73% de los escaños de la Cámara de Diputados, aunque obtuvieron un porcentaje significativamente menor, el 60% de los votos. Esto le daría al bloque gobernante la mayoría de dos terceras partes en la cámara baja que se necesita para aprobar cambios constitucionales con pocas o nulas concesiones.
A la coalición le faltarán unos pocos escaños para alcanzar la mayoría de dos tercios en el Senado, pero es factible que consiga los votos necesarios de un partido más pequeño.
Aunque los nuevos legisladores no tomarán posesión hasta el 1 de septiembre, una comisión del Congreso empezó el viernes a impulsar otra polémica iniciativa: la eliminación de siete organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Morena argumenta que los órganos independientes de supervisión y regulación de México son un despilfarro de dinero. Afirma que las secretarías de gobierno deberían realizar esta labor de supervisión, lo cual básicamente les permitiría ejercer vigilancia sobre sí mismas.
Las acciones del presidente y su partido han alimentado la preocupación en torno al debilitamiento de las instituciones democráticas. Pero para muchos de los manifestantes, la reforma del poder judicial representa la mayor amenaza.
Los trabajadores de las cortes federales y los jueces están en huelga, el valor del peso se ha desplomado y las calificadoras de riesgo internacionales han expresado su preocupación. A mediados de semana, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la elección de jueces es un “riesgo” para la democracia mexicana y “amenaza la histórica relación comercial” entre ambos países.
López Obrador, quien dejará el cargo el 30 de septiembre, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, integrante de Morena, rechazaron los comentarios de Salazar. López Obrador calificó los comentarios como “una falta de respeto a nuestra soberanía”, y Sheinbaum dijo el sábado que si bien siempre habrá diálogo entre Estados Unidos y México, “hay cosas que sólo corresponden a los mexicanos”.
