En busca de promover política pública en el área de salud en el próximo cuatrienio, la organización Coalición Nueva Visión de Salud, que agrupa varios profesionales de salud y representantes de estudiantes de medicina y pacientes, recomendó a los aspirantes políticos a atender las bajas tarifas por servicios, la escasez de profesionales y las restricciones a servicios por las aseguradoras médicas.
“La situación del sistema de salud de Puerto Rico se puede declarar en estado de coma. Cada día se hace más difícil lograr citas médicas y obtener servicios. Estos desafíos están intrínsecamente fundamentados en los tres principios que hemos seleccionado como guías para realizar estas recomendaciones”, declaró la presidenta de la coalición, la cardióloga Norma Devarie Díaz.
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Aunque han habido legislaciones que atienden estos puntos, la doctora estableció que “se quedaron en escritorio de legislador, se colgaron, pasaron de una cámara a otra o fueron aprobadas en el cuatrienio anterior y, hoy día, están inoperantes por Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal)”. Se refería a medidas como la Ley 82 de 2019, que regularía a los manejadores de servicios de farmacia y se declaró sin efecto por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, y otros proyectos que buscaban limitar capacidades de las aseguradoras.
“Nosotros estamos indicándoles qué es lo más importante para nosotros, para que cuando hagan su legislación, entiendan que tienen que tomar en consideración a quien les afecta, que es al proveedor y, más importante, al paciente”, dijo Linda Ayala Bousson, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico.
Para atender las consecuencias por las bajas tarifas, como la fuga de profesionales y la falta de servicios por costos elevados y bajos reembolsos, el cardiólogo Antonio Renta Muñoz recomendó ajustar tarifas de acuerdo con un estudio operacional; que las aseguradoras cumplan con la Ley de Pago Puntual, y retomar un proyecto de ley que establecía un proceso expedito de facturación para las aseguradoras.
“Lo que queremos es algo que sea razonable para que los pacientes reciban el tratamiento necesario y su salud no esté precaria. [...] Esas aseguradoras están denegando servicios al paciente con sistema de preautorizaciones [y] justificaciones”, dijo Renta Muñoz.
Devarie Díaz añadió, a preguntas de Metro Puerto Rico, que les tocaría a las asociaciones “hacer estudios económicos que nos digan cuánto cuesta nuestra práctica, cuánto es el gasto que yo tengo al ejercer mi profesión y ver si la parte de inflación también afecta”. La doctora también denunció la inacción de los planes médicos ante la Ley 90, que les prohibía emitir pagos por debajo de la tarifa federal y que también se declaró inconstitucional.
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Sobre la escasez de personal, Wilson López López, dueño del Laboratorio Las Lomas, propuso utilizar la Universidad de Puerto Rico como un proveedor de salud, emitir licencias provisionales a médicos recién graduados y presentar mejores incentivos para la retención de médicos. López López aclaró que estas sugerencias cuentan con proyectos de ley que tampoco se cumplieron.
Ayala Bousson agregó que la permisología para las oficinas entorpece el proceso de proveer servicios médicos, así como las auditorías “injustas” que realizan los manejadores de servicios de farmacia o las aseguradoras para, por ejemplo, eliminar medicamentos disponibles para despacho.
Ante los constantes tropiezos para ejercer la medicina en Puerto Rico, la presidenta de la Coalición Nueva Visión de Salud opinó que “el sistema de salud no va a cambiar porque queramos, porque no hay dinero”. “Esto va a cambiar a un sistema universal. No hay otra manera, porque este sistema es demasiado costoso y no lo vamos a acarrear”, manifestó.
