Una evaluación realizada por la Junta de Control Fiscal reveló que la asistencia de los maestros del Departamento de Educación (DE) registró un aumento comparado con los pasados años
Según el informe publicado en el portal de la Junta, la asistencia de los maestros aumentó a más del 90% en el 2024, comparado con el 65% que se había registrado en el 2021. La evaluación determinó que durante el año escolar 2023-24, los maestros, directores, facilitadores y supervisores de directores alcanzaron la importante meta de registrar su asistencia en el sistema de tiempo y asistencia el 90% de los días lectivos.
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Del mismo modo, indica que los maestros lograron registrar la asistencia de los alumnos en el sistema de información “PowerSchool” en más del 90% de los días lectivos.
Los requisitos de asistencia del 90% para educadores y alumnos se diseñaron para mejorar la supervisión del tiempo que los maestros y alumnos se encuentran en los salones de clase.
La Junta catalogó como “preocupante” la diferencia de un 30% en el promedio de asistencia, a pesar de que fue en el año escolar 2020-21 que comenzó la pandemia del COVID-19.
Del mismo modo, indicaron que luego de la mejoría en asistencia el ente fiscal liberó $86 millones en fondos del DEPR que se encontraban bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Se indicó que estos fondos cubrirán parcialmente los aumentos salariales que el gobierno aprobó para los maestros y directores escolares del DEPR en el año fiscal 2022. Con estos fondos, Educación podrá redirigir los fondos del programa de Ayuda de Emergencia a las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) para atender otras necesidades de la agencia (como gastos de seguridad y mantenimiento) en el presente año fiscal 2025 para apoyar mejor las necesidades operacionales del DEPR.
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La Junta fue enfática en que solo los empleados que se presenten a trabajar deben cobrar. El proyecto de “Tiempo y Asistencia” surgió luego de que se conociera que durante más de una década, el DE no había eliminado de la nómina a múltiples empleados que ya no formaban parte de su plantilla ni había contabilizado adecuadamente las vacaciones y las bajas por enfermedad a su debido tiempo. Como resultado, la agencia desembolsó al menos $80 millones en pagos durante 13 años a empleados que habían renunciado, estaban retirados, habían fallecido o ya no trabajaban.
Además, indicaron que esto ha resultado en un ahorro de decenas de millones de dólares para los contribuyentes de Puerto Rico. Hasta la fecha, esta iniciativa se ha implementado en 23 agencias y se está llevando a cabo en otras 26. Mas de 75,000 empleados públicos se están beneficiando del proyecto.
