Tanto en las aceras, como en los rincones más apartados de la ruralía de la isla, más de 2,000 personas sin hogar enfrentan una dura realidad, al tiempo que un nuevo dilema ha alcanzado las puertas de los alcaldes puertorriqueños.
El pasado 28 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un veredicto que resonará en todo el país, pues el tribunal dio luz verde, a las municipalidades, para que impongan multas, e incluso penas de cárcel tras múltiples infracciones, a aquellos que se ven obligados a vivir en las calles.
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Con una decisión 6-3 del Supremo, el caso Grants Pass v. Johnson, procedente de un pequeña ciudad de Oregón, trascendió sus límites geográficos para plantear una cuestión sobre los derechos humanos en la criminalización de la pobreza.
“El tribunal dijo que no hay un amparo a la Octava Enmienda de los Estados Unidos, diciendo que accionar a una persona (sin hogar), multarla o encarcelarla no es un trato cruel, ni un trato inusual. Ahí es que está el problema. Ahora se ha ido la humanidad del país, de la nación, que podamos pensar que encarcelar a una persona en su peor momento de alguna forma va a resolver algo”, señaló la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Solo Por Hoy, Inc., Belinda Hill.
La mayoría conservadora del Supremo argumentó que las regulaciones locales no violan dicho principio constitucional, incluso si no existen suficientes refugios para acoger a quienes carecen de vivienda.
A medida que los municipios de Puerto Rico responden a esta nueva posibilidad legal, el enfoque en la rehabilitación y el apoyo social parece ser predominante entre los líderes políticos entrevistados por Metro Puerto Rico.
Consenso municipal
Según el Conteo de Personas sin Hogar 2024, el municipio de San Juan continúa registrando el mayor número de personas sin hogar, posicionándose con el 25.8%, seguido por Ponce (6.3%), Caguas (5.9%) y Bayamón (5.2%).
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La directora del Departamento de Desarrollo Social de San Juan, Francine Sánchez Marcano, explicó que la capital alberga una cuarta parte de la población sin hogar de Puerto Rico, principalmente debido a la concentración de servicios y recursos especializados disponibles para estas personas en el municipio.
Sánchez Marcano, quien se expresó en representación del alcalde capitalino, Miguel Romero Lugo, prefirió no comentar directamente sobre la posible criminalización del sinhogarismo, mas aseguró que el enfoque del municipio siempre ha sido proporcionar apoyo a las personas sin hogar.
“Hay una posición de creer en la rehabilitación y, sobre todo, de que nosotros estamos aquí para servir a la población, y que la población de personas sin hogar no tiene ni más ni menos derechos. Tienen los mismos derechos que cualquier ser humano”, afirmó.
William Miranda Torres, alcalde de Caguas, celebró la reducción significativa en el número de personas sin hogar en su municipio, atribuyéndolo al apoyo continuo que le ofrecen a las organizaciones locales.
“No criminalizamos el sinhogarismo y la pobreza. Nos comprometemos a atender esta situación apoyando a las organizaciones que les brindan servicio y colocando recursos humanos y económicos, lo que ha resultado en una reducción significativa de casos en los últimos años”, estableció Miranda Torres en declaraciones escritas.
Por otro lado, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, reiteró que “Bayamón tiene la particularidad de ser un municipio de una alta población flotante”, ya que cuenta con uno de los programas más exitosos en rehabilitación y asistencia a estas personas: el programa Nuevo Amanecer.
A su vez, el primer ejecutivo municipal afirmó que no criminalizará la situación de las personas sin hogar, asegurando que “nunca ha sido la política pública de nuestra administración ni la será en el futuro”.
Posible frente legislativo
El senador independiente José Vargas Vidot abundó sobre la necesidad de no solamente cuestionar, sino de actuar frente a la creciente crisis de vivienda y otros factores interrelacionados, como la falta de acceso a servicios de salud mental, que inciden en el sinhogarismo.
“Es una decisión nefasta y muy peligrosa, sobre todo en Puerto Rico, donde hay alcaldes que son bastante creativos y que les encanta el asunto punitivo”, comentó el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado.
Para organizaciones como Solo por Hoy, Inc., este fallo es más que una sentencia judicial; es un recordatorio crudo de cómo las políticas públicas pueden impactar desproporcionadamente a los más necesitados.
“Tenemos que pensar que, en un momento en el que, por ejemplo, en la nación americana no hay viviendas asequibles disponibles para las personas de clase baja, clase mediana-baja, y aquellos que viven en la pobreza. ¿Cómo vamos entonces a castigar una situación que el mismo gobierno ha permitido que ocurra?”, cuestionó la directora ejecutiva de la organización.
La experta sugirió algunas soluciones para el sinhogarismo, incluyendo la conversión de edificios en desuso en viviendas asequibles y el fortalecimiento de programas que ayuden a las personas a obtener la titularidad de propiedades.
Vargas Vidot explicó que la decisión es “fácilmente debatible” y sugirió que se pueden explorar otros enfoques legislativos para evitar que los alcaldes criminalicen el sinhogarismo, sin desafiar directamente el fallo judicial.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que algún alcalde implemente medidas punitivas contra las personas sin hogar, este estalló en contra de tal posibilidad.
“Sobre mi cadáver. Personalmente voy a hacer desobediencia civil y voy a oponerme, pero tenazmente, y aun así, en seguida que empiece la nueva Legislatura en enero, porque estoy seguro que voy a estar ahí, lo primero que haré es precisamente detener esa posibilidad con legislación”, declaró.
Por su parte, Hill indicó que, desde la organización dedicada a asistir a las familias e individuos de escasos recursos en situaciones de crisis, “buscaríamos un legislador que sea valiente y que nos ayude a pasar una medida que proteja”.
A pesar de múltiples intentos de contacto, la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre, no respondió a las solicitudes de entrevista de Metro Puerto Rico.
