El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió en ley una medida que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para extender el tiempo en que se realiza la inspección a los vehículos nuevos.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1876, de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos, para que los automóviles nuevos sean inspeccionados por primera vez a los tres años de su fabricación.
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La medida destaca que con el pasar de los años la industria de automóviles ha respondido con el desarrollo de tecnología eficiente en el control de emisiones, que permite, que al presente los vehículos de moto nuevos puedan estar en cumplimiento con las regulaciones de la industria durante los primeros años desde su manufactura.
Ante esto, la nueva ley permite que los automóviles nuevos no tendrán que ser inspeccionados hasta que cumplan tres años desde su fabricación.
“Las inspecciones se efectuarán con una frecuencia que no excederá de una (1) vez cada seis (6) meses, ni será menor de una (1) vez al año. Se faculta al secretario, además, a determinar los vehículos que estarán sujetos a inspección, tomando en consideración, el número de años pasados desde que el mismo se fabricó. La inspección será obligatoria en el caso de aquellos vehículos que tengan más de tres (3) años de fabricados”, lee la medida.
La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega dijo que el estatuto entrará en vigor a partir de noviembre.
“A esos efectos la enmienda a la Ley 22 entrará en vigor para los vehículos cuyos marbetes tienen fecha de vencimiento en el mes de noviembre de 2024. Por lo tanto hasta esa fecha solo los vehículos con dos años o menos de fabricación estarán exentos de inspección para la renovación del marbete”, dijo Vélez Vega en declaraciones escritas.
Otras medidas firmadas por el gobernador
Pierluisi también firmó el Proyecto de la Cámara 819, que crea el Departamento de la Policía de la Autoridad de los Puertos (AP). Esta nueva entidad será responsable de aplicar planes de seguridad en los aeropuertos y puertos de la Isla, garantizando la continuidad del comercio interestatal y previniendo la entrada ilegal de armas y explosivos en áreas restringidas. La medida afectará a los nueve aeropuertos regionales y varios muelles estratégicos de Puerto Rico.
