La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló el miércoles que el Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo desembolsó más de 12 millones de dólares en fondos de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) a beneficiarios utilizando números de seguro social de personas fallecidas.
El informe señala que se pagaron 12,731,035 dólares a 1,039 beneficiarios sin que se validara su identidad o ingresos.
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“Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos”, informó la Contralora, Yesmín Valdivieso en declaraciones escritas.
Además, se detectó que el Departamento del Trabajo no había designado personal independiente para manejar las funciones de los Oficiales Pagadores Especiales, lo que facilita errores en los pagos. Esta situación ya había sido señalada en un informe anterior.
La auditoría también señaló retrasos en la entrega de información y documentos solicitados, lo que obstaculizó el proceso de la auditoría y llevó a la recomendación de tomar medidas para evitar la obstrucción de futuras investigaciones.
La semana pasada, las autoridades federales arrestaron a sobre 30 individuos que cometieron fraude para obtener los beneficios.
Un gran jurado federal para el Tribunal Federal de los Estados Unidos, distrito de Puerto Rico emitió un total de 32 acusaciones por separado en el esquema para obtener los beneficios del PUA que ascienden a 981,071 dólares en fondos federales, según indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
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Los acusados supuestamente presentaron solicitudes fraudulentas al DTRH para recibir beneficios de desempleo que incluían fondos de PUA, utilizando números de seguro social falsos. Los beneficios fueron enviados a través del Servicio Postal de los Estados Unidos en forma de cheques que los acusados no estaban autorizados a recibir.
Los imputados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por robo de dinero del gobierno, y hasta 5 años por uso indebido de un número de seguro social, además de multas de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.
