Del CPI.
A Eduardo Torres Colón le faltaban solo unas semanas para ser liberado del complejo carcelario de Ponce cuando recibió atención médica por un dolor severo en la cadera izquierda.
Entre el 11 y el 13 de enero de 2021, los médicos en la institución lo atendieron en varias ocasiones y, aparte del dolor en la cadera, no registraron ninguna otra anormalidad en su récord. Pero el 15 de enero, Torres Colón llegó al área de emergencias de la cárcel en una silla de ruedas quejándose de dolor en el pecho y dificultad para respirar que venía sintiendo desde el día anterior, según una demanda presentada en diciembre de 2022 contra la empresa Physician Correctional, que está registrada corporativamente como Physician HMO Inc y contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para dar servicios de salud a la población penal.
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Luego de que un electrocardiograma reflejara que Torres Colón sufría de taquicardia, un médico hizo las gestiones para trasladarlo al Hospital Damas, en Ponce. Allí, según la demanda, arrojó positivo a una prueba de micoplasma y el personal médico documentó que, estando en la prisión, desarrolló episodios de fatiga, fiebre y dolor de pecho severo que se sentía, como “tipo puñalada que se exacerbaba con la tos y empeoraba con la inspiración profunda de cinco días de evolución”, síntomas que no aparecieron en los récords médicos del complejo carcelario.
El 16 de enero, el personal del hospital dio aviso de paro cardiáco y uno de los doctores entubó al paciente. Horas después, a eso de las 6:05 p.m. de ese día, Torres Colón murió.
Según la demanda, presentada por la madre de Torres Colón y la pareja del fallecido en representación de la hija de ambos, los médicos del complejo carcelario alegadamente no evaluaron a Torres Colón adecuadamente. El médico de emergencia en la cárcel supuestamente no le realizó un examen físico al hombre en una visita y, en otra ocasión, una doctora registró en el expediente médico un examen físico idéntico a uno anterior.
Al igual que en el caso de Torres Colón, 59 demandas revisadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en su gran mayoría presentadas por derecho propio por confinados (sin representación legal de abogados), describen un programa de salud correccional, administrado por la compañía Physician Correctional, que les niega servicios médicos, medicamentos y atención de especialistas.
De las demandas revisadas, 54 fueron presentadas en tribunales de Puerto Rico, de las cuales 26 fueron archivadas o desestimadas. Gran parte de las desestimaciones se debió a que los confinados no agotaron los remedios administrativos antes de presentar el recurso legal.
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Physician Correctional ha administrado los servicios de salud de las cárceles en Puerto Rico prácticamente sin supervisión desde que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) contrató a la empresa en 2018, encontró una investigación del CPI.
En septiembre de 2023, luego de que el DCR y Physician Correctional se encontraban bajo la lupa tras la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce, la agencia contrató por $450,000 a la compañía UTICORP para auditar el rendimiento del proveedor de servicios de salud correccional. Colón Ponce, quien era paciente de salud mental, murió en 2022 en la cárcel de mujeres de Bayamón. Según una investigación senatorial, Physician Correctional no contaba con el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de la mujer. Las autoridades catalogaron su muerte como un suicidio.
Antes de UTICORP la auditoría de los servicios de salud en Corrección los hizo la empresa Health Strategy Consulting presidida por Ramón Alejandro Pabón, comunicador novoprogresista que ahora es administrador de servicios hospitalarios, y quien en 2022 enfrentó imputaciones de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de haber creado una empresa para hacer trolleo político en las redes sociales mientras estuvo a cargo del área de comunicaciones en varias agencias públicas, entre estas la Administración de Seguros de Salud (ASES).
El DCR contrató a Health Strategy Consulting, de 2017 a 2022, por $416,000 para evaluar el cumplimiento del acuerdo entre la agencia y Correctional Health Services Corporation, el anterior proveedor de servicios de salud correccional, y Physician Correctional, según el registro de contratos en la Oficina del Contralor. UTICORP obtuvo un contrato de mayor cuantía, por menos tiempo, del 2023 al 2024.
Según la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, los contratos de Health Strategy Consulting y UTICORP tienen distintos fines. Escobar Pabón, sin embargo, no pudo precisar los servicios para los cuáles Health Strategy Consulting fue contratada. Según los contratos, la empresa se contrató para “evaluar el cumplimiento del contrato suscrito” entre el DCR y la compañía que provee los servicios médicos a la población correccional.
“UTICORP analiza directamente los expedientes para verificar el cumplimiento de los servicios de salud, organización de expedientes. Son más bien trámites administrativos los que verifica en términos del expediente médico. Pero la contratación de la compañía anterior no iba dirigida a eso, a ese proceso de auditoría como lo hace UTICORP”, dijo Escobar Pabón en una entrevista telefónica.
A principios de mayo, el CPI solicitó al DCR los informes de las auditorías hechas por Health Strategy Consulting y UTICORP. La directora de Prensa del DCR, Yvonne Guadalupe Negrón, dijo que los informes de UTICORP son parte de una investigación que realiza el Departamento de Justicia por lo que no podían dar acceso a los mismos.
Aunque el DCR no proveyó la auditoría de UTICORP, el CPI obtuvo mediante fuentes los documentos. Este medio contactó a la empresa para validar los mismos, pero no obtuvo respuesta. El DCR se negó a confirmar la veracidad de los documentos.
Desde hace varios meses, el DCR y Physician Correctional están en el ojo público nuevamente tras la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien, tras haber quedado en libertad en 2023 por alegadas razones de salud, asesinó a otra mujer.
Ávila Vázquez, quien había sido evaluado por médicos de Physician Correctional y diagnosticado con paraplejia, recibió un pase extendido por su alegada condición de salud bajo la Ley 25 de 1992, que concede libertad a confinados enfermos en etapa terminal.
La secretaria del DCR dijo en mayo en una vista pública ante la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que la auditoría de UTICORP reveló que “se pudieron constatar inconsistencias en la documentación médica, discrepancias en diagnósticos y ausencia de evidencia médica que confirme” los diagnósticos. Escobar Pabón añadió que uno de los señalamientos recurrentes en la auditoría de UTICORP giraba en torno a “la organización del expediente” médico del confinado.
En agosto, el gerente de investigaciones del DCR, Alexis Rodríguez Rivera, depuso ante la comisión senatorial y afirmó que Escobar Pabón ordenó la evaluación del contrato entre la agencia y Physician Correctional, aunque no pudo precisar si la Secretaria emitió una orden por escrito para estos fines.
Según una copia del informe de la investigación interna sobre la excarcelación de Ávila Vázquez obtenida por el CPI, el asesino declaró que un médico le garantizó la aprobación de su salida bajo la Ley 25 si desistía de más de una decena de demandas que presentó contra Physician Correctional. El DCR no ha hecho público el documento.
Rodríguez Rivera reveló que la investigación recomendó que Physician Correctional prescinda de los doctores que conformaron el panel médico que evaluó al feminicida, ya que encontró “incongruencias” en el proceder de los galenos. El informe sugiere, además, que el Departamento considere “reevaluar la continuidad del contrato” con la empresa. Pero el contrato se mantiene vigente.
Escobar Pabón dijo al CPI que, a raíz del caso de Ávila Vázquez, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales se encuentra en el proceso de identificar “cuáles son las cláusulas de ese contrato que nosotros tendríamos que enmendar, de ser necesario”.
Aunque la Secretaria ha dicho que, a raíz de la investigación sobre los servicios de Physician Correctional, las áreas que se deben corregir responden a “asuntos puramente administrativos”. Dijo que “hasta este momento nosotros no tenemos información que nos dirija a la cancelación” del contrato con Physician Correctional.
En entrevista con el CPI, Escobar Pabón dijo que, “si al final de todo esto se encuentran que ellos han fallado en esas cláusulas de contrato o en algunas cláusulas adicionales que no son estas relacionadas a este caso, pues claro que lo cancelo”.
El CPI se comunicó con Physician Correctional para solicitar una entrevista sobre el programa de salud correccional, pero la empresa declinó emitir declaraciones.
Para septiembre y octubre de 2021, Pablo Bermúdez de Jesús, quien está encarcelado en el complejo correccional de Guayama, solicitó servicios médicos conocidos como “sick call” luego de sentir mareos, falta de respiración e hinchazón en el lado derecho del abdomen. Según la demanda que presentó por cuenta propia contra Physician Correctional, un médico lo atendió en varias ocasiones, pero nunca le proveyó un diagnóstico.
Bermúdez de Jesús comenzó a sentir en marzo de 2022, un fuerte dolor en el área lumbar, por lo que solicitó servicios médicos. Sin embargo, el personal de la institución alegadamente le negaba la atención médica, incluso cuando el dolor era tan fuerte que no podía caminar o estar de pie, según la demanda.
El hombre le pidió a su hermana que llamara a la institución penal y que intercediera por él, pero cuando la mujer llamó, el personal le dijo que su hermano “estaba rompiendo vicio”, según el documento legal.
“Yo tuve que explicarle y jurarle a mi hermana entre lágrimas, sollozos y llanto que eso no era así y volví a explicarle que el dolor era insoportable”, narró Bermúdez de Jesús en la demanda, de 28 páginas escritas de su puño y letra, presentada en 2023. Este año, el documento legal fue enmendado por los abogados que asumieron el caso del confinado.
Eventualmente, ante la insistencia de la hermana para que fuera atendido, uno de los médicos decidió referir a Bermúdez de Jesús al Centro Médico de Río Piedras, donde un doctor le ordenó laboratorios y estudios de imágenes y fue dado de alta el 2 de abril de 2022.
Pero el dolor de Bermúdez de Jesús persistía. La situación, narró el confinado, se volvió tan grave que otros presos intentaron interceder por él para que recibiera atención médica. Aún así, el personal médico alegadamente no le brindó servicios adecuados, según el documento legal.
“Entiendo yo que ni a un perro se trata de esta forma en estos días…”, manifestó Bermúdez de Jesús en la demanda original.
En mayo de 2022, Bermúdez de Jesús regresó a Centro Médico luego de que un doctor de la institución penitenciaria viera al confinado “gritar desesperado del dolor” cuando los guardias correccionales intentaron sentarlo en una silla de ruedas, detalla la demanda.
En Centro Médico, Bermúdez de Jesús supo que se desprendía de su expediente médico que, desde el 2 de abril de 2022, sus estudios de radiografía reflejaban una osteomielitis, una infección en un hueso, pero que aparentemente los estudios no fueron leídos en aquel momento.
Bermúdez de Jesús estuvo hospitalizado en el Centro Médico desde el 8 de mayo de 2022 hasta el 4 de junio de ese año. Según la demanda, el personal médico del centro correccional de Guayama no le proveía los medicamentos para el dolor que requería como parte de su tratamiento.
“La falta de un trato humano y de buenos servicios médicos en las cárceles del país, esto no es nuevo”, afirmó la abogada de Bermúdez de Jesús, Laura E. Moreno Orama, quien señaló que, cuando los confinados no cuentan con representación legal, “es bien fácil” para el Estado y Physician Correctional vencerlos en los tribunales mediante mociones.
“No se conoce tanto precisamente por estos escollos que tienen estos confinados a la hora de hacer los reclamos y, si sus casos nos prosperan, obviamente nadie se va a enterar de lo que está pasando ahí”, abundó.
Las condiciones carcelarias descritas en las demandas coinciden con los hallazgos de un informe reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que entrevistó entre 2016 y 2021 a 50 reclusos y 21 ex confinados y sus familiares.
Según el informe, las personas entrevistadas mencionaron que, a menudo, el personal en las cárceles ignora los “sick calls” o solicitudes que hacen los confinados para recibir servicios médicos. Asimismo, denunciaron retrasos o interrupciones en el suministro de medicamentos recetados y la falta de dietas especiales para pacientes con diabetes u otras condiciones.
El informe también menciona que la falta de oficiales correccionales y transporte en las instituciones – responsabilidad del DCR – aparenta ser una de las causas principales por la que los confinados no llegan a sus citas médicas o por la interrupción de tratamientos recetados. De hecho, en una de las demandas evaluadas por el CPI, un confinado alega que, tras ser sometido a dos operaciones en la rodilla izquierda, no fue transportado para recibir las terapias físicas que le recetó una doctora porque “no tenían transporte para impedidos”.
“Con demasiada frecuencia los confinados se quejaron de que no estaban recibiendo la atención médica necesaria y que sus tratamientos se les negaban o interrumpían sin justificación”, dice el informe, publicado en 2024.
Pero los señalamientos sobre los servicios de salud en las cárceles se remontan a décadas atrás. En 1979, un grupo de confinados presentó un pleito de clase en el tribunal federal en San Juan, conocido como el caso Morales Feliciano, por medio del cual denunciaron las condiciones infrahumanas en las cárceles de Puerto Rico, incluidos los servicios de salud. Los confinados ganaron el caso cuyas estipulaciones estuvieron en vigor hasta 2016.
El caso reveló “violaciones a los derechos fundamentales sufridos por la población carcelaria de Puerto Rico, incluyendo hacinamiento, falta de servicios médicos adecuados, deterioro de las instalaciones físicas, falta de servicios de rehabilitación, condiciones insalubres, confinamiento solitario ilegal de menores y confinamiento solitario ilegal de pacientes psiquiátricos sin supervisión ni tratamiento”, reseña el informe de la ACLU.
Como resultado de este caso, a finales de la década de 1990, el tribunal federal ordenó la privatización de los servicios de salud correccional. Antes de Physician Correctional, la empresa Correctional Health Services Corporation ofrecía los servicios de salud en las cárceles.
El DCR contrató por primera vez a Physician Correctional en septiembre de 2018 y renovó el contrato en septiembre de 2023 por casi $74 millones. Un aumento de 37% sobre el contrato anterior de $54 millones. Según Escobar Pabón, Physician Correctional sometió la única propuesta que cumplía con los requisitos necesarios.
Además del acuerdo para administrar el programa de salud correccional para prestar servicios tanto a la población masculina, femenina y de instituciones juveniles, el DCR contrató a Physician Correctional entre 2020 a 2023 para proveer servicios de salud mental en las instituciones juveniles y de rehabilitación y tratamiento. Estos servicios se integraron en el contrato actual de $74 millones.
Para el 2018, el número de confinados oscilaba entre 9,000 a 9,500. El contrato actual se basa en una población de alrededor de 6,500 o más personas privadas de la libertad incluyendo la población juvenil según los contratos, y el promedio de confinados en instituciones correccionales fue 7,411 en julio. El contrato no aclara cantidad de fondos asignados por confinado, ni las tarifas por los servicios.
Physician Correctional pertenece a los hermanos médicos Raúl y Javier Villalobos Díaz, quienes han donado en conjunto más de $34,000 a candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el 2016 y el 2024, según datos de la Oficina del Contralor Electoral. Algunos políticos que han recibido donativos de los hermanos incluyen el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz, el representante Jorge Navarro Suárez, el representante José “Memo” González Mercado y el gobernador Pedro Pierluisi.
Thomas Rivera Schatz, quien ha recibido $8,155 en donativos de los dueños de Physician, participó activamente de las vistas legislativas celebradas en mayo sobre la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, autorizada erróneamente por personal de esa compañía.
Una investigación anterior del CPI encontró que otros nombres relacionados a la empresa incluyen Grupo de Empresas de Salud de San Juan, Inc., GES – Grupo de Empresas de Salud-Clínica Dres. Villalobos Inc., Grupo de Empresas de Salud de Puerto Rico, Grupo de Empresas de Salud USA, Inc., Raúl Villalobos Professional and Health Services, Inc. y GES Physician HMO, Inc.
Antes de ingresar a la cárcel, José Luis Ortiz Roche fue sometido a una craneoplastia y como consecuencia del procedimiento, padece de convulsiones, desmayos y síntomas similares a los de la epilepsia, según una demanda presentada ante el tribunal federal en 2023. La condición del hombre, quien salió de prisión el pasado marzo, empeoró por la falta de atención médica adecuada en la cárcel y sufre desequilibrios y dificultades auditivas y del habla.
Ortiz Roche reclama que Physician Correctional ignoró sus peticiones para ver un neurólogo y que no le proveyeron sus medicamentos adecuadamente. La empresa alega en su respuesta a la demanda que ha suplido las medicinas y negó que Ortiz Roche haya solicitado atención médica por convulsiones, excepto en una ocasión, por lo que lo refirió al Centro Médico de Río Piedras, donde supuestamente este rehusó permanecer bajo observación.
Physician Correctional sometió una moción de desestimación en la que argumentó que Ortiz Roche no agotó los remedios administrativos antes de someter la demanda, pero el tribunal declaró el recurso de la empresa “no ha lugar”. La empresa sometió ante el tribunal unos documentos para evidenciar que proveyó los medicamentos. En su respuesta, la abogada de Ortiz Roche señaló que los documentos provistos tienen iniciales diferentes con caligrafías distintas.
Physician Correccional sometió al tribunal unos documentos con las supuestas iniciales de Ortiz Roche certificando que recibió los medicamentos levetiracetam y gabapentina. Las iniciales en algunos documentos, en poder del CPI, sin embargo, aparecen como JOR, mientras que otras son JLOR en una letra distinta.
Según la representación legal de Ortiz Roche, los documentos son distintos a los que la empresa inicialmente entregó al demandante como parte de un requerimiento de información, o “subpoena”, pues los récords que originalmente suministraron aparecen con iniciales incompletas.
“Los documentos provistos por el demandante y los documentos provistos por el demandado
plantean una verdadera controversia respecto de la autenticidad de los registros médicos y, solo por esta razón, no debe desestimarse esta demanda”, dice el documento legal que sometió la abogada de Ortiz Roche, Mayra Vicil Bernier.
Aunque no entró en la controversia sobre las iniciales de Ortiz Roche, el juez federal Francisco Besosa mantuvo su determinación de denegar la moción de desestimación que presentó la empresa.
El contrato entre Physician Correctional y el DCR establece mecanismos para monitorear el cumplimiento del mismo, como por ejemplo, la rendición de informes mensuales de la empresa que incluyan información sobre los servicios de admisión, informes de morbilidad y mortalidad, y la utilización de servicios ambulatorios, entre otros datos. Asimismo, la empresa debe someter un informe anual sobre las operaciones de los servicios de salud y sus niveles de cumplimiento.
Physician Correctional debe presentar los informes a la secretaría del DCR y al oficial de enlace médico, un doctor debidamente licenciado que el DCR designe para servir de vínculo entre la agencia y el proveedor de servicios de salud correccional. Una investigación senatorial concluyó que, al menos hasta el año pasado, Physician no había rendido los informes mensuales requeridos por el contrato.
La secretaria del DCR afirmó al CPI que la empresa ha cumplido con la rendición de informes, pero el CPI solicitó los mismos y no recibió respuesta.
En 2018, antes de la firma del primer contrato entre Physician Correctional y el DCR, una auditoría de la Oficina del Contralor encontró que el puesto de director de la Oficina de Enlace Médico estuvo vacante del 1 de julio de 2014 al 11 de septiembre de 2016. También arrojó que el Comité Conjunto de Supervisión no se reunió en 36 de los 42 meses evaluados, lo que, según la Oficina del Contralor, dificulta la supervisión de las obligaciones contractuales de la empresa.
Escobar Pabón reconoció que el puesto de enlace médico permanece vacante, y que es un ayudante especial quien cumple las funciones de esa posición. “Actualmente nosotros estamos trabajando el desarrollo de un puesto para poderlo ocupar”, dijo la Secretaria.
Agregó, sin embargo, que el Comité Conjunto, compuesto por representantes de la agencia y de la empresa, se reúne cada dos meses.
Physician no atiende sobre el 28% de las solicitudes clínicas de confinados
El Departamento de Corrección, sin embargo, ha provisto al Instituto de Estadísticas unos informes anuales y mensuales elaborados por Physician Correctional. El reporte más reciente colgado en la página web del Instituto corresponde a mayo de 2023.
Según la empresa, entre julio y mayo del año fiscal 2022-23, el programa de salud correccional recibió 55,036 solicitudes de “sick call”, de las que atendieron un 94%. Sin embargo, reconoce que no atendieron el 28% de las solicitudes de servicios en clínicas ambulatorias internas, es decir, en instituciones que forman parte del sistema correccional, y un 34% de las solicitudes de servicio en clínicas ambulatorias externas. La empresa no estuvo disponible para explicar qué tipo de atención brinda a los confinados cuando piden un “sick call”.
La razón principal para no atender solicitudes de servicio, según el informe, son “rehusó/declinación” del confinado. La auditoría de UTICORP precisamente señala como un problema el porcentaje alto de rehúsos a tratamiento “sin evidencia de las formas firmadas por el paciente y/o oficial”. El informe de Physician Correctional no explica por qué los confinados rehusan un tratamiento que han solicitado.
En 2023, una investigación de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado concluyó que Physician Correctional había incumplido con la rendición de informes requeridos en sus contratos. El ente legislativo recomendó que el DCR cancelara y no renovara el contrato con Physician Correctional al determinar que la empresa no puede garantizar el bienestar mental y físico de la población confinada.
“El DCR ha incumplido su deber fiscalizador frente a Physician Correctional tanto en la ausencia del cumplimiento de los informes mensuales, como con la pobre o ninguna fiscalización a las facturas que somete Physician Correctional, tratándolas como un trámite proforma”, concluye el informe de la comisión senatorial.
La comisión, presidida por el legislador independiente José Vargas Vidot, junto con la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, lanzó en mayo otra investigación relacionada con los servicios de Physician Correctional y el funcionamiento de la Ley 25 tras la excarcelación de Ávila Vázquez.
Las comisiones senatoriales concluyeron en junio en uninforme parcial sobre la investigación que hubo “constantes y repetidas negligencias dentro de los procesos administrativos” del DCR y Physician Correctional en el proceso de excarcelación de Ávila Vázquez.
“Se ha notado la intención de vaciar el sistema correccional en la búsqueda de ahorros bajo una supuesta austeridad que se ha viabilizado a través de la flexibilización de reglamentos que ya ni siquiera guardan relación con el Espíritu de la ley”, reza el informe firmado por Vargas Vidot y el presidente de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, José Luis Dalmau Santiago.
Vargas Vidot afirmó que desde que su comisión hizo los primeros señalamientos tras la muerte de Colón Ponce, Physician Correctional ha sido “insistentemente” negligente. Subrayó que los expedientes e informes de la empresa son “vacíos” y están “llenos de generalidades”, “pero como no hay supervisión tampoco del ente que los contrata, han hecho lo que les ha dado la gana”.
“Este contrato, más fácil que el de LUMA, fácilmente se puede prescindir de él porque las dos auditorías que se han realizado a esos servicios los señalan como fallando en prácticamente todas las áreas que son reguladas por las regulaciones federales”, subrayó Vargas Vidot en una entrevista telefónica reciente.
