El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, compareció el jueves ante las comisiones senatoriales de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, bajo amenaza de desacato.
El secretario fue citado para continuar la investigación relacionada con la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, bajo la Ley 25-1992, tras el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega.
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Emanuelli Hernández solicitó declarar en una vista ejecutiva para evitar discutir públicamente los detalles de la investigación en curso. Sin embargo, al finalizar la vista, los senadores se mostraron insatisfechos con las respuestas del secretario.
“No se dijo absolutamente nada que el pueblo de Puerto Rico no pudiera escuchar. No había ninguna razón para hacer una vista ejecutiva”, manifestó el senador Rafael Bernabe Riefkohl en declaraciones escritas.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, responsabilizó al gobierno por la falta de colaboración en la investigación.
“Este es el tercer secretario que hemos tenido que decirle que si no viene, tenemos que ir a los tribunales para lograr que comparezca”, expresó Dalmau, en referencia a los secretarios de Salud y de Corrección y Rehabilitación, quienes también fueron citados bajo amenaza de desacato.
La citación se originó luego de que Emanuelli se negara inicialmente a comparecer, argumentando en una carta que asistiría según su discreción. A pesar de la negativa, Emanuelli aseguró que el Departamento de Justicia informará próximamente los hallazgos de su investigación sobre la excarcelación de Ávila Vázquez.
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El senador José Vargas Vidot explicó que la citación no interfiere con las investigaciones del Departamento de Justicia, sino que busca revisar las regulaciones y la aplicación de la Ley 25. “Lo que queremos es extinguir nuestra responsabilidad. No podríamos obviar la dimensión de la interpretación del secretario de Justicia”, subrayó Vargas Vidot.
Las comisiones han celebrado múltiples audiencias sobre el caso desde mayo, revelando irregularidades en la ejecución de contratos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
