El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, convirtió en ley varias medidas legislativas, entre ellas, el Proyecto de la Cámara 2072 que enmienda el “Código Municipal de Puerto Rico” y permite a los alcaldes otorgar contratos sin subasta.
El proyecto— de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez— buscaba “facilitar a los municipios la ejecución efectiva de sus deberes y mejorar los servicios a los ciudadanos” enmendando los Artículos 1.008; 1.018; 2.014; 2.035, 2.036; 2.061; 2.110; 7.003; 7.207; 7.239 y 8.001.
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Precisamente, la enmienda que permite a los líderes municipales tomar esta acción, se realizó a los incisos (d) y (e) del Artículo 2.035 “Subasta Pública, Solicitud de Propuestas y Solicitud de Cualificaciones – Norma General”.
“Las licitaciones, mediante Solicitud de Propuestas Selladas, serán requeridas cuando el costo de los bienes y servicios no profesionales exceda la cuantía de cien mil ($100,000) dólares; y, en el caso de obras, excedan la cuantía de doscientos mil ($$200,000) dólares y la adjudicación es realizada por la Junta de Subastas”, establece el ahora estatuto.
La ley además expone que la Legislatura Municipal solo formalizará contratos con entidades privadas “cuando el contenido del contrato incluya disposiciones de desarrollo, administración y operación conjunta, coordinada o delegada de instalaciones o propiedad municipal donde la entidad o persona, natural o jurídica, con o sin fines de lucro, vaya a hacer uso de la propiedad municipal, ya sea mediante permuta, gravamen, arrendamiento, venta, donación o cesión de propiedad municipal”.
Según habían detallado en el Informe del Comité de Conferencia, estos son beneficios que el P de la C 2072 aportará a los ayuntamientos y sus habitantes:
- “Claridad y Eficiencia en la Contratación: Al definir claramente los tipos de contratos que requieren aprobación legislativa y aclarar los procesos de contratación contingente, se reduce la burocracia y se fomenta una gestión municipal más transparente y eficiente.
- Optimización de los Procesos de Subasta y Licitación: Ajustar los umbrales para las subastas públicas y licitaciones y para las Micro-compras, alineándolos con las regulaciones federales. Permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en la adjudicación de contratos municipales.
- Mejora en la Gestión Financiera Municipal: Establecer que los municipios deben depositar en el CRIM los fondos recaudados por la contribución básica. Esto para mejorar la capacidad fiscal y garantizar una distribución más eficiente de los recursos.
- Aclaración de Responsabilidades Contractuales: Reafirmar que los contratistas no están exentos del pago de arbitrios de construcción. Asegura que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, independientemente de las exenciones aplicables a los propietarios de las obras.
- Facilidad en la Declaración de Volumen de Negocios: Flexibilizar las prórrogas para la declaración de volumen de negocios. Proporciona un marco más adaptado a las necesidades de los contribuyentes, reduciendo posibles conflictos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Definición de Obligaciones Estatutarias: Incluir una nueva definición de “Obligaciones Estatutarias” ayuda a los municipios a comprender y priorizar mejor sus responsabilidades fiscales, contribuyendo a una planificación financiera más precisa y efectiva”.
Otros proyectos de ley aprobados
Pierluisi Urrutia convirtió en ley el jueves el Proyecto de la Cámara 2155, que fortalece las finanzas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. La nueva ley elimina la exención que tenían la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Hacienda de pautar, al menos, el 5 por ciento de su presupuesto para anuncios de televisión en la Corporación Pública.
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Además, el primer ejecutivo aprobó el Proyecto de la Cámara 1663, que enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, para garantizar que los consumidores no sean discriminados al solicitar servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica.
Otra medida convertida en ley es el Proyecto de la Cámara 1606, que modifica la “Ley del Registro de Existencias de Materiales Metálicos”, exigiendo que las transacciones relacionadas con materiales como cobre y aluminio sean notificadas electrónicamente al Negociado de la Policía.
Asimismo, se convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1381, que simplifica el proceso apelativo de facturas y extiende la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales” a las Alianzas Público-Privadas Participantes.
Finalmente, Pierluisi aprobó el Proyecto de la Cámara 1711, que permite a los transportes escolares utilizar lámparas o faroles que emitan luz ámbar.
