La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una petición ante el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para solicitar una orden de restricción temporal (TRO, en inglés), medidas cautelares preliminares y permanentes, y una sentencia declaratoria contra Jessika Padilla, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y contra la propia comisión.
El objetivo de la acción legal es proteger los derechos fundamentales al voto de sus representados—Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López—y asegurar que los votantes puedan registrarse hasta el 6 de octubre de 2024, es decir, 30 días antes de las elecciones generales programadas para el 5 de noviembre de 2024.
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En la moción, la ACLU argumenta que es deber del gobierno de Puerto Rico proporcionar todos los recursos necesarios a la CEE para que cumpla con sus obligaciones constitucionales sin imponer cargas indebidas al derecho al voto de los ciudadanos.
La demanda señala la falta de acción por parte de la CEE, incluyendo la eliminación de visitas a escuelas secundarias en los últimos tres años para promover la inscripción de jóvenes votantes. Esta omisión ha contribuido, según la organización, al bajo índice de participación juvenil en las últimas primarias, hecho destacado por observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Durante un procedimiento de revisión administrativa ante el Tribunal Superior de Puerto Rico se presentó como evidencia el calendario de la CEE, que establece que la lista final de electores registrados se completará el 11 de octubre de 2024.
La ACLU sostiene que limitar el registro de votantes a 45 días antes de las elecciones, en lugar de los 30 días establecidos por ley, es irrazonable y viola los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La organización enfatizó en que, sin medidas de protección adecuadas, sus representados y otros votantes potenciales enfrentarán la violación de sus derechos fundamentales.
“El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de asignar a la CEE el presupuesto y personal necesarios para garantizar el derecho al voto. Este derecho constitucional no puede verse condicionado por la falta de organización o recursos de la Comisión”, afirmó la ACLU en su petición.
