Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló que el Municipio de Arecibo realizó pagos indebidos por liquidaciones de vacaciones y enfermedad al exalcalde Carlos Molina y a 20 empleados en violación al Código Municipal del año 2020.
Según el informe de auditoría OC-25-22, el exalcalde y los empleados recibieron pagos por concepto de balances de vacaciones y enfermedad acumulados antes de su separación del cargo, lo cual no está permitido por ley.
Los pagos se realizaron entre 14 y 45 días antes de dejar el servicio público. Además, se detectaron pagos en exceso: uno de 1,040 dólares al alcalde y un total de 3,325 dólares a 14 empleados de confianza, con montos que fluctuaron entre 21 y 1,404 dólares.
Ante estos hallazgos, la Oficina del Contralor recomendó al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental que tomen las acciones correspondientes. Al actual alcalde Carlos Ramírez Irizarry se le exhortó a recobrar el dinero pagado en exceso y a determinar la responsabilidad de los funcionarios que aprobaron dichas liquidaciones.
El informe también señala que un ingeniero con nombramiento transitorio en el municipio mantenía un contrato con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en violación del Código Político de 1902. Se descubrió que en 11 ocasiones las fechas de las facturas presentadas al DDEC coincidían con su horario regular de trabajo en el Municipio de Arecibo. Esta situación fue referida a los presidentes del Colegio y de la Junta de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, así como al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental.
La auditoría de siete hallazgos adicionales indica que, desde marzo de 2021 hasta marzo de 2024, el actual alcalde nombró a tres empleados para ocupar puestos no incluidos en el Plan de Clasificación y Retribución para empleados de confianza, pagándoles sueldos por un total de 232,603 dólares. Además, se otorgaron diferenciales de sueldo a 11 empleados sin documentar justificaciones extraordinarias, sumando 60,050 dólares entre enero de 2020 y agosto de 2023.
Los auditores identificaron que, desde enero de 2021 hasta enero de 2024, una corporación continuó utilizando el estacionamiento del Coliseo Manuel “Petaca” Iguina sin contrato, ya que el arrendamiento había vencido. Esto desprotege legalmente al municipio por la ausencia de un documento que establezca los derechos y obligaciones entre las partes.
El informe revela también que, en el Plan de Revitalización del Casco Urbano, se otorgó un incentivo de 10,000 dólares a un negocio de comida que debía 6,400 dólares al municipio en rentas vencidas entre 2019 y 2020, violando las leyes que prohíben desembolsos a personas con deudas pendientes con el gobierno.
La auditoría destaca múltiples deficiencias en obras de construcción, como la obtención del permiso de construcción para las mejoras del Parque García tres meses después de iniciado el proyecto y la demora de 100 días en obtener las garantías para el proyecto del Complejo Deportivo Arvaja. Además, el municipio no presentó evidencia de titularidad de los centros comunales de Río Arriba y Rosa de León, este último en estado de deterioro.
Sin el consentimiento de la Legislatura Municipal, el alcalde transó en 2014 una demanda por 144,502 dólares por despido injustificado de una exempleada. Ante el incumplimiento, se acordó el 13 de diciembre de 2023 un plan de pagos por 149,843 dólares.
El informe también comenta que el municipio incurrió en desembolsos de 342,781 dólares en sueldos no devengados y gastos legales por una demanda por despido injustificado en 2012.
Al 11 de marzo de 2024, el municipio enfrentaba 15 demandas civiles por un total de 28,951,494 dólares y nueve casos relacionados con administración de personal pendientes ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
La Oficina del Contralor indicó que el Municipio de Arecibo no había atendido, al 31 de marzo de 2024, las recomendaciones de tres informes de auditoría de los años 2017, 2018 y 2021 para recobrar 306,190 dólares por distintos conceptos.
La auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que asegure que el municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor.
