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Candidatos del PPD buscan consolidar oficinas de fiscalización para combatir la corrupción

La propuesta fue presentada por el candidato a la gobernación del PPD y el representante Héctor Ferrer

Jesús Manuel Ortiz
Jesús Manuel Ortiz

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El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y el representante de la misma colectividad, Héctor Ferrer, presentaron propuestas con las que buscan combatir la corrupción gubernamental, entre estas se encuentra consolidar las oficinas encargadas de fiscalizar los actos de corrupción en la isla.

Entre las medidas, que contienen 18 iniciativas específicas, se encuentra la creación de un Código de Ética y Anticorrupción; prohibir las puertas giratorias; y establecer un nuevo marco legal para el cobro de multas y la restitución de fondos. Los populares, además, buscarán crear, por ley, el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico, y se creará un grupo de trabajo especial para evitar el fraude en los CESCO, en el cual, según el comunicado de prensa, se reportaron pérdidas ascendentes a $30 millones en distintas modalidades.

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“El país tiene que volver a creer en sus instituciones, y eso es precisamente lo que queremos lograr con este plan, que está contenido dentro de nuestro plan de gobierno Fuerza de Futuro, que fue aprobado la pasada semana en Mayagüez y que es el programa de gobierno que presentaremos al país de cara a las elecciones”, dijo el también presidente del partido, Ortiz.

Asimismo, el representante describió el Código de Ética vigente como un “desastre” y detalló que los delitos más comunes en Puerto Rico son el soborno, fraude, extorsión, malversación de fondos y tráfico de influencias. Se informó, también, que la Oficina del Contralor estimó que el 10 % del presupuesto del país se pierde por situaciones de corrupción.

“Más del 80 % de los casos de corrupción en Puerto Rico han sido radicados por las autoridades federales. (...) El país tiene que volver a creer en las instituciones”, añadió Ortiz.

Puerto Rico cuenta con varias entidades encargadas de velar por la integridad gubernamental, como la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Panel Fiscal Especial Independiente (PFEI) y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Estas agencias, según señaló Ferrer, a menudo realizan investigaciones dobles. En los últimos diez años, los presupuestos destinados a estas instituciones han sumado aproximadamente 180 millones de dólares. La pregunta clave, afirmó Ferrer, es si ese gasto ha sido efectivo en la lucha contra la corrupción.

“En el ejemplo del FEI, 450 mil dólares se gastan en nómina, mientras que, cuando se acumula, son cuatro millones. Pero eso es la nómina”, continuó el representante.

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Igualmente, los populares mencionaron la intención de crear la “Ley de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

“Será un organismo encargado de velar por el cumplimiento fiel de las políticas de gobierno limpio, con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar la investigación y el procesamiento de delitos graves y menos graves en violación de los derechos civiles, en contra del erario o en el desempeño de la función pública”, explicó Ortiz.

Esta medida se aprobó en la Cámara de Representantes el año pasado; sin embargo, no llegó al Senado debido a que miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), conforme a Ferrer, “votaron en contra y no se pudo atender en el Senado”.

Ambos políticos buscarán llevarlo a discusión nuevamente luego de las elecciones, para así poder buscar “expertos” en el tema de corrupción, psicología, administración pública, y gobierno, y “puedan informarle a los miembros de la Asamblea Legislativa cuáles son los cambios necesarios que se tienen que hacer, cuáles son los acuerdos que se tienen que lograr con los otros partidos para que se pueda aprobar la legislación”, continuó.

En cuanto a cómo su propuesta se diferencia de otros partidos, los populares detallaron que “el equipo pesadilla” de la candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, representa “más de lo mismo”. Mientras que, aunque no se compararon directamente con la propuesta anticorrupción de la Alianza PIP-MVC, se catalogaron como “la propuesta más completa”.

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