La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, compareció el martes ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado para presentar los hallazgos y recomendaciones del informe final de la investigación relacionada con la concesión de un pase extendido a Hermes Ávila Vázquez.
Según Escobar Pabón, la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) emitió un informe que incluyó “múltiples entrevistas a funcionarios del DCR, médicos que evaluaron a Ávila Vázquez y personas relacionadas al proceso del pase extendido otorgado a éste”. Aclaró que, aunque las solicitudes presentadas por el confinado fueron bajo la Ley 25 de 1992, el pase extendido se otorgó en virtud del Plan de Reorganización del DCR por condición fisiológica limitante.
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El informe de la OISC recomienda “revaluar la continuidad del contrato con la compañía Physician Correctional”, al igual que lo hizo la empresa UTICORP, contratada para auditar la labor de Physician Correctional y su relación contractual con el DCR. Escobar Pabón informó que, aunque se están tomando medidas correctivas, no descartan realizar ajustes ante cualquier futura cancelación de servicios.
“Estaremos impartiendo instrucciones para que se inicie un proceso de ‘Request for Qualifications’ para identificar potenciales suplidores de tales servicios, de manera que el DCR esté listo para una posible transición si no se pudiera establecer un plan de acción correctiva adecuado con la empresa”, expresó la secretaria.
En relación con los empleados implicados en el caso de Ávila Vázquez, Escobar Pabón destacó que, aunque se había comenzado el proceso de intención de destitución de ocho funcionarios y se les entregó la notificación formal, “solicitaron la celebración de vistas informales en las cuales tendrán la oportunidad de exponer las razones por las que entienden no deben ser separados de sus puestos”. Se estima que las vistas culminarán a finales de septiembre.
El senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión, expresó preocupación por el resto de los participantes de pases extendidos en virtud de la Ley 25 de 1992. Según la investigación, no se ha seguido un proceso de seguimiento para los exconfinados, lo que en un principio “dio paso a la muerte de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Ávila Vázquez”.
“De momento, el problema no son las medidas que se hayan tomado. Más bien, lo que pasó durante todo este tiempo es que nadie supervisó la gestión tan importante de provocar una apertura a personas que no lo ameritaban”, argumentó el senador.
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En respuesta, la secretaria del DCR informó que, del total de 21 participantes de pases extendidos por condiciones de salud, se revocaron cuatro pases, nueve fueron reingresados, un participante cumplió su término, uno falleció y otros seis se mantienen activos. Además, se ha reevaluado médicamente a todos los participantes y el programa continúa en suspensión de concesiones hasta nuevo aviso.
En cuanto al informe, Escobar Pabón puntualizó que fue referido al Departamento de Justicia para que lo tomen en consideración en sus investigaciones.
“La conclusión de los procesos ante el Departamento de Justicia es de vital importancia para que se adjudiquen posibles acciones criminales, así como civiles y administrativas, ya sea ante el DCR o ante cualquier otra agencia gubernamental. Esperamos que las conclusiones y recomendaciones del Departamento de Justicia abarquen sobre la laguna legal que existe en la interpretación y aplicación de la Ley 25, el Artículo 16 del Plan de Reorganización del DCR y los reglamentos pertinentes a la extensión de pases por condiciones de salud”, sentenció.
Al cerrar los trabajos de la audiencia, el senador y portavoz de la minoría, Thomas Rivera Schatz, anticipó que su delegación preparará un informe de minoría ante la Comisión, a presentarse en una próxima sesión.
