MIAMI (AP) — El exagente federal Was Tabor dice que su teléfono se ha estado iluminando con llamadas de departamentos de policía de todo Estados Unidos para pedir consejos sobre cómo combatir la creciente amenaza del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Tabor estaba a cargo de la agencia estadounidense antidrogas, DEA, en la capital venezolana, Caracas, en 2012, cuando la pandilla todavía era nueva y Tabor apenas había oído hablar de ella.
PUBLICIDAD
Venezuela había sido durante mucho tiempo una importante zona de tránsito para la cocaína contrabandeada por las guerrillas colombianas, con un gobierno izquierdista que tenía estrechos vínculos con algunos de los principales adversarios de Estados Unidos, desde Irán hasta Rusia. Por lo tanto, la pandilla, aunque era una preocupación para el personal de la embajada estadounidense en sus movimientos diarios por la peligrosa capital de Venezuela, no se consideraba un riesgo importante para la seguridad de Estados Unidos.
Ahora, más de una década después, esta organización criminal se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense y ha irrumpido en la campaña presidencial en medio de una ola de secuestros, extorsiones y otros delitos en todo el hemisferio occidental vinculados a un éxodo masivo de migrantes venezolanos.
“Lo que distingue a este grupo es el nivel de violencia”, dijo Tabor, ahora retirado de la DEA. “Son agresivos, están hambrientos y no conocen límites porque hasta ahora se les ha permitido abrir sus alas sin ninguna confrontación por parte de las fuerzas del orden”.
Eso está empezando a cambiar.
En julio, el gobierno del presidente Joe Biden sancionó a la pandilla, colocándola junto a la MS-13 de El Salvador y la Camorra de Italia en una lista de organizaciones criminales transnacionales y ofreciendo 12 millones de dólares en recompensas por el arresto de tres líderes. Luego, este mes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua como una amenaza de Nivel 1, ordenando a la policía estatal que se centrara en la pandilla y allanando el camino para sanciones más severas para sus integrantes. Es posible que otros estados pronto sigan su ejemplo.
PUBLICIDAD
La atención en la pandilla surgió después de que aparecieran imágenes de una cámara de seguridad en las redes sociales que mostraban a un grupo de hombres fuertemente armados entrando descaradamente a un apartamento en el suburbio de Aurora, Colorado, en Denver.
Eso hizo que el expresidente Donald Trump prometiera “liberar a Aurora” de venezolanos que, según dijo sin pruebas, estaban “apoderándose de toda la ciudad”.
La policía ha calificado los informes de exagerados, pero reconoció que está investigando a 10 pandilleros por su participación en varios delitos, incluido un homicidio en julio.
Entre ellos se encuentra un venezolano que fue arrestado en otro suburbio de Denver y acusado de ayudar a otra persona a robar una motocicleta y apuntar con un fusil AR-15 a un conductor de grúa que le había pedido que moviera su automóvil. Otro era sospechoso de robar gafas de sol de diseñador Gucci en Boulder y tiene antecedentes penales en varios estados, incluso por robo de autos y asalto vehicular.
En otros lugares, desde el corazón del país hasta las principales ciudades como Nueva York y Chicago, la pandilla ha sido culpada de tráfico sexual, contrabando de drogas y tiroteos policiales, así como por la explotación de migrantes.
Se desconoce el tamaño de la pandilla y hasta qué grado sus acciones se coordinan a través de las fronteras estatales y con líderes que se cree que están fuera de Estados Unidos.
La pandilla tuvo su origen hace más de una década en una prisión infamemente sin ley con criminales endurecidos en el estado central de Aragua. Sin embargo, se ha expandido en los últimos años a medida que más de 8 millones de venezolanos desesperados han huido de la agitación económica bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y emigraron a otras partes de América Latina o Estados Unidos.
Uno de los fundadores es Héctor Guerrero, quien estuvo encarcelado hace años por matar a un policía, según InSight Crime, un grupo de expertos que monitorea el crimen organizado en el Continente Americano. Guerrero, apodado “El Niño”, escapó y más tarde fue recapturado en 2013. Volvió a huir de la cárcel más recientemente, cuando el gobierno de Venezuela intentaba reafirmar el control sobre su población carcelaria, y se cree que reside en Colombia.
Las autoridades de países como Chile, Perú y Colombia —todos con grandes poblaciones de migrantes venezolanos— acusan al grupo de estar detrás de una ola de violencia en una región que durante mucho tiempo ha tenido algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. Algunos de sus crímenes más sensacionalistas, como la decapitación y el entierro vivo de las víctimas, han sembrado el pánico en los barrios pobres donde la pandilla extorsiona a los negocios y cobra a los residentes por “protección”.
Ahora hay preocupación de que las tácticas despiadadas de la pandilla lleguen a las costas de Estados Unidos dado que sus miembros se infiltran en el casi millón de migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos años.
Once republicanos liderados por el senador Marco Rubio de Florida, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, escribieron una carta al procurador general Merrick Garland la semana pasada pidiendo una estrategia coordinada de la administración Biden para combatir a la pandilla.
“La débil aplicación de las leyes de inmigración por parte de la administración permite que pandillas, como el Tren de Aragua, controlen rutas y exploten a los migrantes”, dice la carta.
Mientras tanto, en Venezuela, los funcionarios han observado la atención sobre el Tren de Aragua en Estados Unidos y han expresado su desconcierto.
Hace un año, el gobierno de Maduro afirmó que había desmantelado la pandilla después de retomar el control de la prisión donde surgió el grupo. En julio, el canciller Yván Gil declaró que el Tren de Aragua es una “ficción creada por la mediática internacional”.
Más recientemente, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, vinculó al grupo criminal con un presunto complot respaldado por Estados Unidos y la oposición para matar a Maduro y algunos de sus aliados después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El funcionario aseguró que los detenidos buscaban desestabilizar al gobierno venezolano.
______
Las periodistas de The Associated Press, Colleen Slevin en Denver; Regina García Cano en Caracas, y Astrid Suárez en Bogotá, contribuyeron a este despacho.
