Locales

Solicitan intervención de las autoridades ante investigación del CPI sobre esquema de robo de votos

El CPI divulgó esta mañana un estudio que arrojó que hay casi 900 mil fallecidos en el Registro Electoral y miles de ellos aparecen votando en las elecciones del 2020 y del 2016.

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) (DENNIS A. JONES)

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Ante las denuncias que realizó este martes el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre un “amplio esquema de robo de votos desde hace décadas”, el grupo cívico Somos Más solicitó la intervención de las autoridades para que inicien una investigación y a la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que garantice transparencia en sus procesos de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

En su investigación, el CPI estimó que casi 900,000 fallecidos se encuentran actualmente activos en el Registro General de Electores (RGE) y que “miles de ellos aparecen votando en las elecciones del 2020 y del 2016″. Señalan que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) “utilizan los datos personales de electores fallecidos, adultos mayores, o que viven fuera del país para cometer fraude electoral en Puerto Rico”.

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“El fraude es parte de un sistema donde abunda la trampa desde hace décadas”, concluyó la investigación realizada por el CPI.

“Esto se tiene que atender con la mayor urgencia porque aunque siempre han existido rumores del robo de las elecciones, nunca se había validado ese reclamo con hechos de la magnitud que esta nueva denuncia incluye. De ser ciertos los datos que trae el CPI, estaríamos hablando de un escándalo de enormes proporciones donde se alega que la cantidad de fallecidos actualmente activos en el Registro Electoral representa un 45%, casi la mitad, de todos los inscritos “, dijo el director ejecutivo de Somos Más, Johnny F. Rullán Schimdt.

“Esto provoca una mayor desconfianza en el sistema y desalienta al elector, cosa que ha ido disminuyendo grandemente en las pasadas dos elecciones. Por esto las autoridades estatales y federales, junto a la CEE y sus comisionados, tienen la obligación legal y moral de atender con la mayor celeridad posible esta grave denuncia que lacera los mismos cimientos de nuestro sistema democrático”, agregó.

Lee la historia completa del CPI aquí.

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