Un gran jurado federal del Tribunal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 25 personas de conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados y defraudar al gobierno.
Mientras que en una acusación separada, otra persona fue acusada de distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados. Además, en otra acusación por separado, otra persona fue acusada y se declaró culpable de distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados.
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Según los documentos judiciales, desde 2018 hasta el presente, los acusados participaron en la distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados para obtener ganancias económicas. Esta distribución mayorista sin licencia incluía la venta de medicamentos con receta mal etiquetados y desviados a empleados y propietarios de farmacias locales para su posterior venta a clientes de farmacias, sin que los clientes supieran que los productos estaban mal etiquetados y eran desviados.
En conferencia de prensa, las autoridades federales, explicaron que el desvío se refiere a los procesos mediante los cuales los medicamentos de venta con receta se retiran de la cadena de distribución legítima y luego se reintroducen en ella. Una vez que un medicamento de venta con receta se desvía fuera de los canales de distribución regulados, resulta difícil, si no imposible, para los reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), las fuerzas del orden o los usuarios finales saber si el paquete del medicamento de venta con receta contiene realmente el medicamento correcto o la dosis correcta. Un medicamento está mal etiquetado según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA) si su etiqueta: (1) carecía de “instrucciones de uso adecuadas”; o (2) no incluía “advertencias adecuadas contra el uso en aquellas condiciones patológicas o por parte de niños donde su uso puede ser peligroso para la salud, o contra dosis o métodos o duración de administración o aplicación inseguros, de la manera o forma que sean necesarios para la protección de los usuarios”. 21 U.S.C. § 352(f). Además, un medicamento está mal etiquetado si era un medicamento recetado y se despachó sin una orden escrita u oral legal de un médico autorizado. 21 U.S.C. § 353(b).
En el esquema, los acusados compraron y vendieron medicamentos recetados en bolsas de plástico resellables sin etiquetas, marcas, números de lote, fechas de vencimiento o instrucciones adecuadas como lo exige la ley, lo que creó un riesgo significativo de daño. Los medicamentos recetados a menudo se almacenaban en residencias personales y/o se transportaban por correo de los Estados Unidos. Los co-conspiradores y otras personas que participaron en este plan generaron ingresos ilegales por una cantidad que excedía los $13,000,000 mediante la venta y distribución de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados.
Además de esta distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados, once propietarios de farmacias y empleados de cinco farmacias diferentes también fueron acusados de una conspiración para cometer fraude en la atención médica. Estos acusados hicieron que se presentaran reclamaciones materialmente falsas y fraudulentas a los planes de beneficios de atención médica, afirmando que los productos vendidos a los clientes eran auténticos y obtenidos a través de canales de distribución farmacéutica autorizados. Al vender medicamentos recetados desviados y facturar a los planes de beneficios de atención médica por medicamentos auténticos, estos acusados enriquecieron económicamente a los propietarios de las farmacias y defraudaron tanto a los planes de beneficios de atención médica como a los clientes minoristas desprevenidos de las farmacias.
Los demandados y sus roles en la conspiración son:
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A. Propietarios y empleados de farmacias: propietarios o empleados de farmacias que compraron medicamentos a distribuidores mayoristas sin licencia y estuvieron involucrados en la compra y venta de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados:
[1] Valerie M. Cintrón-Rivera: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón, PR
[2] María T. Rivera-Fuentes: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón, PR
[3] Jaime Figueroa-Ramos: propietario de Farmacia Santa Olaya en Bayamón, PR
[4] Elisa Cruzado-Ramos: farmacéutica de Farmacia Santa Olaya en Bayamón, PR
[5] Nivia Ríos-Matos: técnica de farmacia de Farmacia Santa Olaya en Bayamón, PR
[6] Raúl Morera-Llera: copropietario de Farmacia Unity en Aibonito, PR
[7] Enid M. Rivera-Rosario: copropietario de Farmacia Unity en Aibonito, PR
[8] Gerardo A. Romero-Marcano: copropietario de Farmacia San Antonio en Canóvanas, PR
[9] Sheila Rodríguez-Agosto: copropietario de Farmacia San Antonio en Canóvanas, PR [10] Gabriel A. Rodríguez-Malavé: copropietario de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo, PR
[11] Rosaida Torres: copropietario de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo, PR
Distribuidores mayoristas autorizados: personas involucradas en la distribución y venta mayorista sin licencia de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados:
[12] Alberto Meléndez-Nieves, alias “Bertin”
[13] Ángel L. Santiago-Cruz, alias “Aguacate”
[14] Eddin Orlando Santiago-Cordero, alias “Guayacán”
[15] Eric J. Collazo-Rivera, alias “Eric Manía”
[16] Javier E. Ortiz-Ri vera, alias “Tato”
[17] Holvin E. Avilés-Carmona, alias “Holvin”
[18] Marlon E. Marino-Leal, alias “Chamo”
[19] José M. Amalbert-Rohena, alias “Chema”
[20 ] Miguel A. Rojas Reyes, alias “Dr. Hacienda”
[21] Rosa M. Méndez-González, alias “Puruca”
[22] Antonio F. Portilla-Arzola, alias “Portilla”
[23] Reynaldo Guzmán-Martínez, alias “Bebo Canales”
[24] Moisés O. Heredia -Tineo, alias “Billy”
[25] José A. González-Maldonado, alias “Potala”
Según la investigación, la FDA aprobó los medicamentos recetados que los acusados distribuyeron ilegalmente fueron: Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexanfetamina, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonida, Bumetanida, Byrdureon Pen, Cialis, Cloranfenicol, Colagenasa Santyl, Combigan, Combivent Respimat, Daliresp, Delstrigo, Descovy, Dovato, Edurant, Eliquis, Enbrel, Entresto, Famotidina, Farxiga, Flavfour HFA, Flovent, Fluticasona, Fluticatona, Genvoya, Glyxambi, Humalog, Humira, Humulin , Clorhidrato de hidroxizina, Incruse Ellipta, Invokamet, Invokana, Isentress, Janumet, Januvia, Jardiance, Jentadueto, Juluca, Ketorolac, Kombliglyze, Lantus, Latuda, Levalbuterol, Linzess, Lumigan, Malarone, Metimazol, Modafinil, Mounjaro, Naltrexona, Nebivolol, Neurin , Novolog, Odefsey, Onglyza, Ozempic, Pifeltro, Premarin, Prezista, Pro Air, Qvar, Restasis, Rinvoq, Rocklatan, Rosuvastatina, Rukobia, Rybelsus, Segluromet, Selegline, Plata, Soliqua, Spiriva, Steglatro, Stiolto Respimat, Stribild, Symbicort, Symtuza, Synjardy, Synthroid, Tivicay, Toujeo Pen , Tradjenta, Trelegy Ellipta, Tresiba, Trijardy, Triumeq, Trulicity, Ventolin, Victoza, Wixela, Xarelto, Xigduo, Zeal, entre otros.
En una acusación separada, Jorge Rivera-Pérez, también conocido como “Jorge Pastilla”, fue acusado en un proceso de seis años. -acusación formal por distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados, etiquetado incorrecto de medicamentos recetados con la intención de engañar y defraudar, y robo, tráfico y venta de productos médicos antes de su venta minorista.
El acusado Jorge Rivera-Pérez era empleado del departamento de compras y adquisiciones de la Compañía A, un centro médico ubicado en Manatí, Puerto Rico, y una entidad que compraba medicamentos recetados a distribuidores mayoristas autorizados legítimos de medicamentos recetados que se mantenían como un producto médico previo a la venta minorista para ser utilizado en las operaciones del centro médico. Rivera-Pérez no era un distribuidor mayorista autorizado de medicamentos recetados. El acusado utilizó su posición para obtener productos médicos pre-venta al por menor de manera ilegal e intencional, a saber, medicamentos recetados, del almacén de la Compañía A. área de acceso controlado al almacén ubicada en el sótano del edificio y luego venderlos a propietarios de farmacias individuales con un gran descuento en comparación con los mayoristas legítimos.
El 23 de septiembre de 2024, Eric Aquino-García fue acusado por información y se declaró culpable ante el tribunal. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Gina M. Méndez, por rotulación incorrecta de medicamentos recetados y distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados. Aquino-García admitió que, desde 2018 hasta 2024, fue miembro de esta red de personas y propietarios de farmacias que conspiraron a sabiendas para comprar y vender cantidades al por mayor de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados para obtener ganancias económicas.
El 14 de noviembre de 2023, una búsqueda federal Se ejecutó una orden de arresto en la residencia de Aquino García, donde se incautaron medicamentos recetados mal etiquetados y desviados con un valor superior a los $3,4 millones. Estos medicamentos estaban destinados a ser comprados y revendidos a través de farmacias minoristas en Puerto Rico.
“Los acusados se enriquecieron mediante un esquema fraudulento “Esto le costó a Medicare y Medicaid más de $7.6 millones”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. “Además, los acusados, en claro desprecio por las necesidades y condiciones médicas de los pacientes, distribuyeron medicamentos sin el procedimiento adecuado”. e instrucciones sobre cómo administrar dichos medicamentos. La Fiscalía de los Estados Unidos está comprometida a proteger a la comunidad de las personas que abusan de sus cargos para enriquecerse ilegalmente mediante el fraude en la atención médica”.
“Las personas que explotan los programas federales de atención médica para buscar ganancias financieras personales ponen en riesgo la salud y la seguridad de las comunidades. “Los medicamentos están destinados a ser distribuidos desde el fabricante a distribuidores mayoristas autorizados, a farmacias y luego a los pacientes”, afirmó la agente especial a cargo Naomi Gruchacz de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS-OIG). La acusación formal ilustra el firme compromiso de la OIG del HHS de combatir el fraude en la atención médica con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”.
“La FDA supervisa la cadena de suministro de medicamentos recetados para que los pacientes y consumidores puedan esperar que sus medicamentos recetados sean seguros y efectivos. Los acusados en este caso socavaron Las salvaguardas de la FDA diseñadas para proteger al público introdujeron medicamentos recetados desviados en el mercado.
Recuperan sobre $2 millones en acuerdos civiles por violaciones a la Ley de Reclamos Falsos de farmacias locales en Cidra y Florida
La Fiscalía de los Estados Unidos llegó a dos acuerdos de conciliación con farmacias locales y sus respectivos propietarios para resolver las acusaciones de que violaron la Ley de Reclamos Falsos al presentar o hacer que se presentaran reclamos fraudulentos para el pago a los programas Medicare y Medicaid desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023.
Farmacia Beatriz, LLC, de Cidra, PR, y Edwin Valentin-Rosario pagaron $725,640 mientras que CDT Policlínica Familiar Florida y Jesús Vázquez acordaron pagar $1.4 millones, de los cuales $1.3 millones ya se han cobrado.
Las acusaciones involucran la presentación de las farmacias para el pago de medicamentos recetados dispensados a los pacientes, bajo la dirección de su propietario, en exceso del inventario de medicamentos recetados comprados por las farmacias a mayoristas legítimos. Como resultado, se presentó una cantidad sustancial de reclamaciones únicas por servicios de farmacia a los programas Medicare y Medicaid como declaraciones falsas en violación de la Ley de Reclamaciones Falsas. Estas transacciones no pudieron rastrearse hasta las compras de medicamentos recetados a mayoristas legítimos.
Esta práctica de desviar medicamentos de los canales legítimos afecta el pedigrí de los medicamentos que finalmente se dispensan a los pacientes. Crea incertidumbre en cuanto a su manejo adecuado, incluido el almacenamiento de conformidad con las regulaciones y las condiciones sanitarias, lo que potencialmente afecta la potencia y la eficacia de los medicamentos. Además, los programas federales de atención médica se vieron inducidos a pagar por medicamentos que pueden haber sido comprometidos y no cumplen con las regulaciones de inventario y manejo de la Administración Federal de Medicamentos.
Las resoluciones obtenidas en este asunto fueron el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones Criminales. Otras agencias federales y locales también han brindado apoyo a la investigación.
El fiscal federal del distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, hizo el anuncio. El fiscal federal adjunto Rafael López Rivera investigó y procesó el asunto.
Las reclamaciones resueltas mediante el acuerdo son solo alegaciones y no se ha determinado responsabilidad alguna.
Reacción de la Asociación de Farmacias
La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFCPR), Linda Ayala catalogó el día de hoy como uno triste ante estos hechos.
“En general, los farmacéuticos y dueños de farmacia son profesionales comprometidos con la salud de nuestro pueblo y rechazamos cualquier desviación de las leyes de cualquier persona cuyas acciones pongan en peligro la salud de nuestros pacientes. El que le haya faltado a la confianza de sus pacientes y haya violado las leyes debe responder ante la justicia por sus actos. Sin embargo, a estas personas las cobija la presunción de inocencia y les corresponde a ellos hacer los planteamientos de rigor en su momento. Exhortamos a que cualquier persona que tenga información de algún acto ilegal o sospechoso con relación a sus medicamentos a que se comunique con las autoridades pertinentes. Estas acciones representan hechos aislados de estos individuos ya que en general, los profesionales de farmacia son personas comprometidas con llevar salud a sus pacientes y con brindar un servicio de excelencia como lo hacen todos los días y como lo han hecho en las emergencias de toda índole que hemos enfrentado como pueblo”, expresó en declaraciones escritas.
