Dos de los coacusados en el caso por corrupción de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal de los Estados Unidos y no cumplirán sentencia en prisión por los actos ilegales cometidos.
Según reportó la periodista Melissa Correa de Las Noticias (TeleOnce), se trata de Fernando Scherrer-Caillet y Aníbal Jover quienes llegaron a un acuerdo para un programa de desvío mediante el cual no tendrán que cumplir días en prisión.
Por 18 meses, estos estarán bajo supervisión de la Oficina de Probatoria Federal.
Scherrer-Caillet es el fundador de la compañía de auditoría BDO quien, según la acusación, consiguió millones en contratos fraudulentos con el gobierno de Puerto Rico. Mientras que Jover es un Contador Público Autorizado (CPA), acusado por haber pagado comisiones a Scherrer-Caillet y al consultor de la firma, Alberto Velázquez Piñol, quien también fue acusado en el caso.
Fue en julio del 2019 cuando la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, fue acusada por cargos de corrupción ante las autoridades federales, junto a Scherrer-Caillet fundador de la compañía de auditoría BDO y el consultor de la firma Velázquez Piñol.
Posteriormente, en el caso también se acusó al contable Aníbal Jover.
Julia Keleher se declaró culpable en mayo del 2021 luego de haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal que tendría el efecto de resolver las acusaciones criminales en su contra. Mientras que en diciembre de ese mismo año, fue sentenciada a seis meses de cárcel.
Ya en julio del 2022, la exsecretaria del DE había cumplido su condena y en agosto del 2023, se reportó que esta había conseguido trabajo como directora ejecutiva de entidades relacionadas a educación en Delaware.
¿De qué se le acusó a Julia Keleher?
El primer cargo por el que Keleher se declaró culpable fue por conspiración de fraude electrónico en torno a la contratación de la empresa Colón y Ponce en el Departamento de Educación. Con relación a este caso, la exsecretaria habría intervenido para pagar de forma ilegal el salario de María Estela Cestero por medio de las empresas Colón y Ponce y BDO, en contravención al contrato de la agencia, que prohibía la subcontratación.
Mientras, el segundo cargo –por conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos– versa sobre una conspiración a favor de un coconspirador para la cesión de unos 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a cambio de un bono para la compraventa de un apartamento en el complejo de Ciudadela. Según este cargo, Keleher habría utilizado su posición como secretaria para recibir pagos, regalos o cosas de valor de otras personas a cambio de ceder dichos predios.
El acuerdo permitía que Keleher viviera en un apartamento en Ciudadela por un precio nominal de $1.00 mensual. Luego, en mayo de 2018, la denuncia detalla que las compañías A, B y C conspiraron para otorgarle un bono de $12,000 a Keleher para la compraventa del apartamento.
