Un informe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) da cuenta de que la agencia sospechó sobre la posibilidad de una conspiración en el 2019 para desbancar a la gobernadora constitucional, Wanda Vázquez, de manera que el cargo pudiese ser ocupado por los líderes novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y/o Jenniffer González.
Así consta en una moción de desestimación por parte de la defensa del exagente del FBI, Mark Rossini, acusado precisamente junto a Vázquez y el banquero Julio Herrera Velutini a nivel federal por otro caso de corrupción. El exhibit F de la moción de Rossini es un informe del FBI donde se detalla que la exgobernadora realizó varias grabaciones de reuniones que tuvo con “Funcionario Electo de Puerto Rico 1″ y “Funcionario Electo de Puerto Rico 2″. Una nota del periódico digital Noticel identifica a estos funcionarios como Rivera Schatz y González. Las grabaciones en coordinación con el FBI surgen cuando la entonces secretaria de Justicia se sintió sobornada para abandonar el ascenso a la gobernación por orden sucesorial ante la renuncia en verano del 2019 de Ricardo Rosselló
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Según el informe al que la defensa de Rossini hace alusión, el 30 de julio de 2019, un juez retirado, amigo del esposo de Wanda Vázquez, Jorge Díaz Reverón, recibió una llamada de un fiscal en la que este comunicó que Rivera Schatz buscaba una reunión con la entonces secretaria de Justicia. “Como la confirmación de Pierluisi era incierta, el Funcionario Electo de Puerto Rico 1 intentó negociar con Vázquez, reconociendo que, si el nombramiento de Pierluisi fracasaba, ella estaría en posición de convertirse en gobernadora”, lee la moción. En aquel momento, el Senado presidido por Rivera Schatz se opuso a la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado.
Se relata que días después, el esposo de Vázquez recibió otra llamada de otro fiscal que confirmaba las intenciones de Rivera Schatz.
“La propuesta era clara: si la señora Vázquez nombraba al Funcionario Electo de Puerto Rico 1 como Secretario de Estado y luego renunciaba, él le aseguraría a Díaz Reverón un puesto en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ofrecería a Vázquez un puesto en su administración. El 3 de agosto de 2019, Vázquez denunció este intento de soborno al FBI, lo que dio lugar a una investigación dirigida por el SAC Doug Leff. Vázquez aceptó ayudar al FBI, comenzando por grabar una conversación con un contratista del Departamento de Justicia (”Contratista 1″), a quien un primo del Funcionario Electo Puertorriqueño 1 y delincuente convicto, le había pedido que organizara una reunión entre Vázquez y el Funcionario Electo Puertorriqueño 1 en relación con la gobernación”, lee la moción de la defensa de Rossini.
Se detalla que Vázquez grabó varias conversaciones hasta que el 7 de agosto del 2020 el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que la gobernación correspondía a ella. El 8 de agosto, Rivera Schatz, junto al presidente cameral, Carlos Méndez, y la Comisionada Residente se reunieron con 28 alcaldes del Partido Nuevo Progresista, 21 representantes y 17 senadores por un espacio de cinco horas en el salón de audiencias Leopoldo Figueroa. Esa misma tarde, los entonces presidentes legislativos acudieron a La Fortaleza a reunirse con Vázquez y luego lo hizo González.
Después del 7 de agosto, la moción ante el Tribunal Federal plantea que “por orden del FBI, Vázquez se reunió con el Funcionario Electo Puertorriqueño 1 y otro funcionario electo. La situación se agravó cuando (”Funcionario Electo Puertorriqueño 2″) se reunió con Vázquez y le sugirió que considerara un puesto diferente de alto nivel en el gobierno, lo que insinuó el interés del propio Funcionario Electo Puertorriqueño 2 en la gobernación. Cuando Vázquez reiteró su intención de aceptar la gobernación, el Funcionario Electo Puertorriqueño 2 afirmó: “¿No has hablado con [Funcionario Electo Puertorriqueño 1]?”. Esta conversación grabada llevó al FBI a creer en la existencia de: “una conspiración entre [Funcionario Electo Puertorriqueño 1] y [Funcionario Electo Puertorriqueño 2] de su intención de destituir a [la Gobernadora Vázquez] para que [Funcionario Electo Puertorriqueño 1] o [Funcionario Electo Puertorriqueño 2] puedan convertirse en gobernadores”.
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Se detalla que el FBI cerró la investigación en noviembre de 2019, citando dificultades para organizar reuniones con Vázquez después de que ella se convirtiera en gobernadora.
Esta mañana en NotiUno 630, Rivera Schatz agradeció que esta información hubiese trascendido y pidió al FBI que haga públicas las grabaciones. Según Rivera Schatz, la investigación se cerró porque no había evidencia de delito, y no como lee la moción que fue por falta de más grabaciones.
La defensa de Rossini está planteando la desestimación del caso federal en su contra porque plantean no se puede probar intención para cometer actos de corrupción, pues en el pasado los acusados han sido colaboradores de las autoridades federales en distintas instancias.
El juicio contra Vázquez, Rossini y Herrera Velutini está pautado para el 21 de enero del 2025, luego de las elecciones en Puerto Rico y cuando ya se haya juramentado al gobernador o gobernadora en el nuevo cuatrienio.
Los cargos del 1 al 4 que enfrentan los coacusados en conjunto son por alegados sobornos de Herrera Velutini y Rossini a la exgobernadora para que esta sacara de su posición al excomisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner.
Los cargos del 5 al 7 contra Herrera Velutini también están relacionados a sobornos y cambios en la OCIF. Esta vez intentando sobornar al gobernador Pedro Pierluisi a través de otras personas.
Vázquez Garced fue acusada en agosto pasado de recibir sobornos en relación con su campaña por la gobernación en el 2020. Enfrenta cargos por conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.
La Fiscalía federal imputa a la exgobernadora un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman para financiar su campaña electoral para la gobernación.
