La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) indicó este lunes a la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes que presentará una querella en el foro administrativo de la agencia para reivindicar los derechos de los residentes de la égida Leopoldo Figueroa tras reportarse la tercera muerte de un adulto mayor en el complejo de vivienda en un período de dos meses.
Por tratarse de una investigación en curso, la procuradora Carmen Sánchez Salgado se limitó a ofrecer detalles sobre la pesquisa durante una vista pública de seguimiento celebrada esta mañana.
Precisamente, el tercer fallecimiento fue reportado el pasado 26 de septiembre, un día después de que la Cámara de Representantes trasladó sus trabajos a la égida para escuchar las denuncias de decenas de adultos mayores mediante una vista pública.
“Aquí lo cierto es que sus habitantes prácticamente están en el abandono y es poco o ningún servicio lo que reciben”, impugnó la representante Lisie Burgos Muñiz, presidenta de la comisión cameral.
“Queremos dejar claro para el récord público que fuimos testigos de la inacción tanto de las funcionarias de Oppea como de la trabajadora social, quienes se lavaron las manos utilizando técnicas de autodeterminación… Esto no es otra cosa que manipulación para seguir haciendo nada”, manifestó la legisladora.
La Oppea informó que, luego de las primeras dos muertes reportadas el 31 de julio, la Procuraduría Auxiliar de Protección y Defensa inició un proceso de investigación y movilizó a ocho funcionarios que visitaron “apartamento por apartamento” para indagar sobre las alegaciones de negligencia por parte de la administración del condominio.
Según Sánchez Salgado, los empleados realizaron una segunda visita a la égida para continuar la ronda de entrevistas a todos los residentes que les permitió encontrar tres situaciones que requirieron la radicación en el Tribunal Municipal de San Juan de peticiones de órdenes de protección.
La directora de la Oficina Legal de la Oppea, Frances Vidal, confirmó a preguntas de los legisladores que las tres órdenes de protección fueron radicadas por negligencia contra la administración del condominio y el Departamento de la Familia (DF).
La licenciada aseguró que la oficina que dirige ofrece, como parte del protocolo a seguir, asesoramiento y orientación a los adultos mayores durante cualquier proceso legal o civil. Sin embargo, dijo que la falta de personal no les posibilita ofrecer protección legal en el tribunal, pues solo cuentan con dos abogados.
“Nosotros no tenemos los recursos para proveer representación legal a todos los adultos mayores del país ni para acompañarlos a una vista en el tribunal. Tenemos entonces la Procuraduría de Protección y Defensa que, si recibe alguna solicitud, puede orientar a las personas y también hace investigaciones si hay violaciones de derechos”, explicó Vidal.
Envejecientes sufren desahucios
La representante Burgos Muñiz reprochó a la Oppea la nula intervención de la agencia en el proceso de desahucio que enfrenta la residente Carmen Náter Maysonet, de 81 años de edad y quien vive en el condominio Leopoldo Figueroa hace 21 años.
Durante la audiencia cameral surgió que la envejeciente recibirá representación legal de la Oficina de la Comunidad de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana ante la incapacidad de la Oppea, que cuenta con un presupuesto aproximado de $28 millones, según datos provistos por la procuradora.
Vidal aclaró que la única participación de la Oppea en este tipo de caso sería pedir la intervención del tribunal para exigir que el Departamento de la Familia y la Administración de Vivienda Pública provea los servicios que requiere la persona desahuciada.
Agregó que la agencia no es citada a comparecer en los procesos de desahucios de adultos mayores, sino que son notificados una vez es emitida la sentencia con el fin de coordinar las asistencias necesarias.
“Cada vez me surgen muchas más preguntas. Más que los procedimientos y los reglamentos, a mí lo que me preocupa es el ser humano que está ahí. ¿Dónde está la empatía del gobierno con estos adultos mayores?”, cuestionó Burgos Muñiz, al tiempo que los representantes coincidieron en la necesidad de otorgar mayor fuerza de ley a la Oppea para intervenir en el tribunal.
Burgos Muñiz adelantó que el 3 de octubre celebrará una próxima vista pública en la que estarán citados bajo apercibimiento de desacato el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, así como el personal de la compañía A & M Contract que hoy administra la égida.
