El Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, concedió la solicitud de Antonio Ramos Cruz, convicto por la “Masacre de Trujillo Alto” y ordenó al Departamento de Justicia de Puerto Rico que se celebre un nuevo juicio.
La orden fue emitida por el juez federal Francisco Besosa, por lo que se debe llevar a cabo un nuevo juicio por los hechos ocurridos en el año 1992. Según la orden del tribunal a nivel federal, el nuevo juicio se debe llevar a cabo dentro de sesenta días o sea liberado.
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La decisión del juez también señala que la revocación del nuevo juicio por parte del Tribunal de Apelaciones fue un análisis incorrecto de los hechos y del derecho aplicable, validando la determinación previa de la juez Berthaida Seijo Ortiz.
En noviembre del año 2023, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, determinó que Ramos Cruz podía permanecer en libertad provisional hasta que se resolviera su petición de revocar el veredicto en su contra.
Antes de esto, en el 2017, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó conceder un nuevo juicio a Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano tras encontrarse nueva evidencia de ADN que no se presentó durante el caso original. Pero la determinación fue revocada en el 2019 por el Tribunal de Apelaciones.
Ramos Cruz fue sentenciado en el año 1992 a 297 años de cárcel por la muerte de Haydée Maymí Rodríguez y sus dos hijos, Eduardo Enrique Morales Rodríguez de 5 años y Melissa Morales Rodríguez de tres años. Los hechos ocurrieron en el 1989 en la urbanización Las Lomas de Trujillo Alto.
Reacciona el Proyecto Inocencia
El director del Proyecto Inocencia, Julio Fontanet Maldonado, expresó en declaraciones escritas que la decisión constituye también una reivindicación para la doctora Lyvia Álvarez Págan, quien siempre sostuvo la inocencia de Ramos Cruz y a quien se le impidió testificar durante el juicio. Además, se solicitó al Departamento de Justicia y al gobernador que desistan de recurrir la decisión y se proceda con un nuevo juicio donde se pueda presentar toda la evidencia exculpatoria.
“El Proyecto Inocencia felicita el trabajo de la oficina del Defensor Público Federal y de los abogados Franco Pérez Redondo y Kevin Lerman, quienes lograron que la solicitud de Hábeas Corpus fuera declarada ha lugar”, expresó.
