Los abogados de Julio Herrera-Velutini presentaron una moción anoche argumentando que la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Snyder v. U.S. obliga a la desestimación del caso en contra del banquero porque la acusación no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que los exgobernadores Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi realizaran un “acto oficial”.
La moción se radicó poco antes de una vista de estatus de los procedimientos pautada para esta tarde. En la vista de hoy, se anticipa que se discuta la viabilidad del 25 de enero de 2025 como fecha para el inicio del juicio contra Herrera-Velutini, Vázquez y el exagente federal, Mark Rossini.
Los abogados de Herrera-Velutini señalaron que, en cuanto al supuesto esquema de Vázquez, el entonces comisionado de OCIF, Gorge Joyner, renunció y, en cualquier caso, el Departamento de Justicia busca erróneamente intervenir en las prácticas de personal del gobierno local. Las leyes penales no son una invitación abierta para que el Departamento de Justicia vigile las prácticas de contratación de los gobiernos estatales y locales.
En cuanto al supuesto esquema de Pierluisi, los abogados de Herrera-Velutini argumentaron que las decisiones relevantes de la Corte Suprema posteriores a la acusación, incluyendo Snyder y otro caso, Percoco v. Estados Unidos, establecen que el Gobierno se extralimitó gravemente al presentar los cargos, que no alegan ningún acuerdo de quid pro quo que involucre actos oficiales.
Los abogados del banquero también señalaron que la totalidad del caso que alega el esquema de Pierluisi se basa en el testimonio de Joseph Fuentes, un hombre que el propio gobierno ha descrito como un mentiroso en serie que “apiló mentiras sobre mentiras sobre mentiras... se involucró en un esquema descarado... filtró información [como cooperador]... funcionó efectivamente como un agente doble... [y] mintió repetidamente a los agentes del gobierno sobre estos esfuerzos obstruccionistas y destruyó evidencia”.
Finalmente, los abogados afirman que las reclamaciones estatutarias son nulas por ser inconstitucionalmente vagas, al no proporcionar a nadie una notificación justa de que la conducta podría considerarse ilícita. Más específicamente, los abogados argumentaron que “la interpretación excesivamente amplia [de la ley] promovida por el Gobierno en este caso corre el riesgo de criminalizar las interacciones comunes entre los empresarios, por un lado, y los asesores influyentes y los funcionarios de campaña, por el otro. De hecho, el Sr. Herrera está siendo perseguido por ejercer el derecho constitucional a presentar peticiones al gobierno. Él se quejó correcta y justificadamente (a todos, incluidos el FBI y miembros de la comunidad de inteligencia) sobre la corrupción e incompetencia en OCIF y FinCEN. Pero en lugar de investigar sus quejas, el Gobierno “rodeó los vagones” y concibió un plan para procesar al Sr. Herrera”.
