El inicio del juicio contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced por alegado soborno, que involucra conspirar para recibir aportaciones a su campaña a cambio de favores políticos, se movió para el 25 de agosto de 2025, conforme a la decisión final de la jueza Silvia Carreño Coll.
El juicio estaba pautado para comenzar el 25 de enero de 2025 ante la jueza en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, distrito de Puerto Rico. Sin embargo, las respectivas partes confirmaron que necesitarán más tiempo para revisar la información y las evidencias necesarias, algunas sometidas por el Ministerio Público.
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“Enero es demasiado pronto porque todavía hay una cantidad significativa de (material por revisar)”, dijo el abodago Michael Nadler, defensa del coacusado Mark Rossini. Por consiguiente, el abogado solicitó un extensión de seis meses.
Asimismo, aunque la defensa de la exgobernadora estuvo de acuerdo con la fecha original, Edgar Sánchez Mercado informó que “el verano sería un momento apropiado” para el juicio debido a que el investigador privado que ayudó a Sánchez Mercado en la preparación del juicio, Roberto Vizcarrondo, falleció. El abogado afirmó que el tiempo adicional les resultará útil para corroborar toda la información necesaria y conseguir otro investigador.
El investigador, Roberto Vizcarrondo, era un alguacil federal retirado que llegó a ser el subdirector de la Oficina de Alguaciles en la isla y candidato a jefe de alguaciles. Su muerte se registró el martes.
La jueza Carreño Coll informó que establecería nuevos plazos y cualquier otra moción necesaria durante el tiempo extendido, y notificará sobre nuevas fechas de una adicional Vista de Status y una conferencia previa al juicio.
Los otros dos coacusados en el caso contra la exgobernadora, son Mark Rossini, por alegadamente actuar como intermediario entre la exgobernadora y el empresario venezolano, Julio Herrera Velutini, quien supuestamente ofreció financiar la campaña de Vázquez a cambio de influencias políticas.
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Tomarán medidas
Luego de una exclusiva de Metro Puerto Rico, con los abogados del coacusado Mark Rossini, Michael B. Nadler y Juan Michelen, en el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez por presunto soborno, donde revelaron detalles sobre el análisis de la evidencia y sus estrategias de defensa, la juez a cargo del caso, Silvia Carreño Coll, calificó dicho intercambio como “inapropiado”.
La juez, además, no encontró apropiado que los abogados compartieran teorías sobre sus hallazgos, y que, si sucede nuevamente el futuro, impondrá sanciones.
Aunque Carreño Coll indicó que no obligará una orden de silencio, sí aseguró que impondrá sanciones a las partes que continúen filtrando información a los medios, como sanciones por incumplimiento de las normas locales.
Los abogados revelaron a Metro Puerto Rico que no hubo motivación política en la radicación de la moción que sacó a la luz que Vázquez grabó, en 2019, de forma encubierta para el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sus reuniones con los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González bajo la impresión de que estaba siendo sobornada.
Los abogados aseguraron que el término para radicar la moción en la que piden la desestimación de cargos estaba por vencer. De hecho, destacaron que encontraron el informe de la colaboración de Vázquez con el FBI entre decenas de millones de documentos.
“No tenemos ninguna intención política en este caso. El término para radicar vencía y teníamos que radicar. No tenemos ningún interés político, pero su audiencia, sí, debería porque este caso levanta el cuestionamiento sobre si alguien con recursos en Puerto Rico quiere batallar contra la corrupción e identifica un candidato que se alinee a esos intereses y le plantea que si nombra a una persona para luchar contra la corrupción, le va a aportar $100,000; de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, estaría cometiendo soborno. Eso es lo que plantea este caso. Como abogado y exfiscal, me aterra porque se estaría usando el aparato federal para acallar personas que quieren promover un cambio. Insisto, no tenemos ningún interés en la política de Puerto Rico”, dijo Nadler.
Asimismo, defendieron al también coacusado y cliente, Julio Herrera Velutini, expresando que estaba cabildeando sobre mejores prácticas en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), práctica que no es ilegal. También defendieron los actos de Rossini.
“El hecho de que Mark cooperara y diera información al FBI, el hecho de que Wanda diera información al FBI, ¿qué es lo que realmente demuestra? Muestra su conducta […] ¿Tiene sentido que estas mismas personas unos meses después participen en un soborno?”, cuestionó el licenciado, quien comentó que, como exfiscal, veía que delincuentes tratan de estar muy lejos de las autoridades de ley y orden.
Nadler y Michelen afirmaron que no hubo los delitos que imputa el gobierno y que las agencias de ley y orden se han extralimitado. Por ejemplo, teorizan que si hubiese habido un quid pro quo luego del nombramiento de Víctor Rodríguez Bonilla en OCIF, se hubiese dado el financiamiento a la campaña de Vázquez.
“No se creó ningún PAC. No se financió. No pasó nada. Y nadie de la campaña de Wanda preguntó nunca al respecto. Nunca dijeron: ‘hicimos lo que pidió, ¿dónde está nuestro dinero?’. No hay ninguna conversación sobre nada de eso”, aseguró Nadler sobre la evidencia examinada al momento.
