Un grupo de madres expuso que la suspensión de servicios educativos en el Programa de Educación Especial se debe a la falta de asignación de fondos por parte del Departamento de Educación (DE), lo que, aseguran, pone en riesgo el acceso a una educación adecuada para sus hijos.
En una vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, la licenciada y madre Yarilis Rodríguez Aguayo expuso las recurrentes situaciones que llevan a la suspensión de servicios educativos para estudiantes con necesidades especiales. Rodríguez Aguayo, madre de un niño de 7 años registrado en el Programa de Educación Especial desde abril de 2021, presentó su testimonio en relación con la compra de servicios educativos, particularmente en el caso del Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), donde su hijo recibe atención.
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“En septiembre pasado, los padres de los estudiantes en esta institución recibimos notificaciones de suspensión de servicios educativos y servicios relacionados por falta de asignación de fondos al contrato entre el Departamento y la institución”, declaró Rodríguez Aguayo. Aclaró que, contrario a lo que indicaron algunos medios de comunicación, la suspensión no se debió a impagos, sino a la falta de autorización de la Junta de Supervisión Fiscal.
Rodríguez Aguayo criticó la administración del Departamento de Educación, destacando que el problema va más allá de la gestión inadecuada y refleja una falta de prioridades. “La solución es más simple y real de lo que aparenta”, afirmó, al referirse a la necesidad de una mejor gestión en la asignación de fondos.
La abogada analizó contratos recientes del Departamento, señalando que, para el año escolar 2023-2024, el contrato con IMEI solicitaba más de $14 millones para atender a 273 estudiantes, pero solo se asignaron inicialmente $6 millones, lo que cubría menos de cuatro meses de servicio. “Esto demuestra que el Departamento no solo asigna fondos insuficientes desde el inicio, sino que permite la prestación de servicios sin la debida cobertura financiera”, destacó.
Además, Rodríguez Aguayo señaló que la Junta de Supervisión identificó irregularidades en la gestión de estos contratos, incluyendo la falta de justificación para ofrecer servicios más allá de los fondos aprobados. “La situación con el contrato del año académico 2022-2023 es particularmente relevante, ya que el Departamento retuvo más de la mitad de la asignación total de fondos hasta el último momento”, indicó.
A su juicio, es fundamental que el Departamento gestione adecuadamente la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal al menos 30 días antes del inicio de los contratos, lo que no se ha cumplido. “Es crucial distinguir entre la falta de asignación de fondos suficientes y los problemas de pago de facturas, ya que esto ha encarecido los servicios”, advirtió Rodríguez Aguayo.
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Denuncia deficiencias en servicios educativos
Por otra parte, Wanda Rovira, madre de una niña con diversidad funcional, destacó las dificultades que enfrenta en el proceso educativo de su hija, especialmente tras una experiencia traumática en el Colegio PTLA de Manatí.
Según Rovira, el manejo de las necesidades de su hija ha sido “atropellante y doloroso”, lo que ha llevado a una depresión al sentirse impotente ante la falta de conocimiento y empatía del personal del colegio. Relata que en lugar de recibir el apoyo necesario, le pedían constantemente más medicamentos, sin considerar las recomendaciones de los especialistas que apoyan a su hija. Esta situación culminó en una expulsión del colegio, en un proceso que, según ella, no se llevó a cabo de manera adecuada.
“Fue una experiencia muy atropellante y dolorosa que me llevó a una triste depresión al verme impotente ante cómo manejaban las situaciones con mi niña”, comentó Rovira, quien agregó que el personal del colegio carecía de la experiencia necesaria para trabajar con niños autistas y con trastornos como el ADHD. “Se me solicitaba que le suministrara medicamentos frente a ellos para comprobar que se los estaba dando”, lamentó.
La madre subrayó la ausencia de personal capacitado, como enfermeros o trabajadores sociales, para atender adecuadamente a los niños con autismo, ADHD y otros trastornos. Destaca que su hija, quien se mostraba feliz al ir a la escuela, se veía afectada emocionalmente por la constante rotación de asistentes y maestros, lo que no se ha vivido en su nueva institución educativa.
Rovira narra que, tras la expulsión de su hija el 20 de febrero de 2024, recibió una carta por parte de la directora, que llegó sin el debido proceso. Al contactar al departamento de Morovis, le informaron que su hija tiene derechos que fueron violados, y que podría proceder con una queja. Sin embargo, se sintió frustrada al no poder hacer una reclamación formal y cuestiona si el colegio continúa facturando por los meses que su hija estuvo fuera.
Incumplimientos en el Programa de Educación Especial
Por otra parte, Solimar Quintana Serrano presentó una serie de quejas sobre el Colegio Pieces Together Learning Academy en Manatí, donde su hijo ha sido estudiante desde el año escolar 2019-2020. “El proceso de auditoría y monitoría de la implementación del PEI y los servicios supletorios no ha sido lo suficientemente eficiente para detectar los incumplimientos”, afirmó Quintana, quien expresó su preocupación por las decisiones administrativas tomadas en desmedro de su hijo.
La madre destacó varios puntos en los que el colegio no cumplió con el Plan Educativo Individual (PEI) de su hijo. Entre ellos, mencionó la dilación en la entrada de la corporación terapéutica, lo que retrasó las terapias ABA. “El colegio falló en presentar la evidencia de los registros conductuales del estudiante, revelando su responsabilidad de mantener un informe que recae sobre el maestro”, indicó. Además, se evidenció la ausencia de la implementación de las adecuaciones necesarias, lo que desencadenó una crisis que requirió intervención física de cinco adultos.
Quintana también mencionó la falta de reuniones programadas con el Comité de Educación Especial (COMPU) para ajustar el PEI, a pesar de un evidente retroceso conductual y rezago cognitivo de su hijo. “La única modificación que se realizó al PEI fue a petición de mamá”, subrayó.
Durante la vista administrativa de la queja, la directora académica del colegio aseguró que su personal estaba capacitado en metodologías como TEACCH y ABA. Sin embargo, la madre refutó esto, indicando que muchos de los asistentes carecían de la capacitación necesaria para trabajar con su hijo. “Cuatro de los cinco asistentes no tenían la capacitación ABA, y de las maestras, una no estaba certificada en las metodologías requeridas”, afirmó.
Quintana también señaló que la escuela no tomó las medidas adecuadas en situaciones de emergencia, lo que resultó en la hospitalización de su hijo tras un accidente con desinfectante en el colegio. “No llevaron a mi hijo a recibir atención médica ni llamaron al 911, a pesar de que su deterioro era evidente”, denunció.
