BOSTON (AP) — En una reunión con escasa asistencia el año pasado, el comité educativo del distrito Saugus en Massachusetts aprobó una nueva política que según dijo era para agilizar el proceso de inscribir a los alumnos en las escuelas.
Pero los críticos dicen que las nuevas normas — incluyendo exigir prueba de residencia legal y la imposición de “penalidades civiles y criminales” para los infractores — tenían otro objetivo: excluir a los inmigrantes del pequeño distrito escolar en las afueras de Boston.
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El debate sobre si aceptar a niños inmigrantes en las escuelas estadounidenses se extiende mucho más allá de los suburbios de Boston. Los activistas temen que el tema será más prominente si Donald Trump ascienda a la presidencia por segunda vez.
Políticos conservadores en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee están cuestionando si los inmigrantes sin residencia legal tienen el derecho a una educación pública, suscitando la posibilidad de demandas contra otra decisión establecida de la Corte Suprema.
Durante décadas, los hijos de familias que viven en el país ilegalmente han tenido el derecho de asistir a las escuelas privadas, en base a una decisión de la Corte Suprema conocida como Plyler vs. Doe. En una decisión de cinco votos contra cuatro, el tribunal determinó que sería inconstitucional negarle a un niño una educación en base a su estatus migratorio.
Las nuevas normas en el distrito Saugus estipulan que los nuevos estudiantes deben mostrar sus documentos migratorios y dicen que los niños deben ser “residentes legales cuya residencia verdadera está en Saugus”, donde la proporción de niños que están aprendiendo inglés casi se ha triplicado a 31% en la última década. Las familias además deben completar un formulario del censo, firmar una declaración de residencia y mostrar documentos de ocupación laboral y de identidad.
Abogados de derechos civiles dicen que los requerimientos son demasiado onerosos y que violan la ley federal al perjudicar desproporcionadamente a los niños de familias inmigrantes, que podrían no tener los documentos requeridos, independientemente de si están viviendo en el país legalmente.
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El presidente del comité en Saugus, Vincent Serino, dijo durante la reunión que la idea es solo “mejorar” las normas existentes sobre residencia y no negarle servicios a los inmigrantes.
Pero una mujer nicaragüense dijo que le tomó seis meses inscribir a su hijo de 8 años debido a los requerimientos sobre los documentos. La mujer, que habló a condición de anonimato por temor a que su hijo sufra represalias, dijo que el pueblo se negó a aceptar su contrato de arrendamiento y que sus quejas a la escuela fueron ignoradas.
Los intentos por socavar a Plyler vs. Doe deben ser tomados en serio, advierten expertos en el tema migratorio, señalando la disposición de la Corte Suprema estadounidense, actualmente dominada por jueces conservadores, para anular precedentes legales históricos como el del derecho al aborto y el de la acción afirmativa.
Trump, republicano, ha hecho de la inmigración uno de sus principales temas de campaña, prometiendo realizar la mayor operación de deportación en la historia estadounidense. Llama a los inmigrantes “animales” y “asesinos” y dice que los niños inmigrantes traen enfermedades a las aulas. Una foto exhibida en una concentración reciente de Trump muestra un aula escolar atestada con la leyenda “Frontera Abierta = Aulas Atestadas”.
No hay duda de que el aumento de la población inmigrante hay estirado los recursos escolares en muchas comunidades, contribuyendo a aulas llenas y obligando a los maestros a adaptarse a una gran cantidad de alumnos que hablan español.
Pero hasta tiempos recientes, la idea de negarle la educación a un niño era considerada “demasiado derechista y demasiado radical”, dijo Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego. “Pero ahora estamos en un ambiente político en que políticas antes extremistas son ahora parte del discurso común”.
Hace poco la conservadora Fundación Heritage exhortó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias que estén viviendo en el país ilegalmente. Hacerlo, aseveró en un documento, provocará un litigio que probablemente “lleve a la Corte Suprema a reconsiderar su desacertada decisión de Plyler vs. Doe”.
Durante el verano, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que su agencia le entregará directrices a sus distritos sobre recabar información sobre “los costos y la carga” que tiene la inmigración ilegal en los distritos.
“El gobierno federal ha fracasado en su misión de asegurar la frontera. Nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, aseveró Walters.
Algunos distritos escolares se han resistido, afirmando que no estarán revisando el estatus migratorio de los alumnos.
“La ley federal es bastante clara en este tema: le prohibe a los distritos preguntarle a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o exigirles que entreguen documentos de ciudadanía”, dijo Chris Payne, vocero del distrito escolar en Tulsa, repitiendo la interpretación común del fallo de la Corte Suprema.
En Tennessee, una propuesta de reforma escolar por parte del gobernador republicano Bill Lee condujo a un debate sobre si deben ser excluidos los niños inmigrantes. Algunos miembros conservadores de la Legislatura apoyaban la idea, pero otros temieron que la exclusión provocaría demandas. Al final Lee abandonó su plan luego que varios elementos no obtuvieron respaldo.
El comité educativo en Saugus en Massachusetts aprobó su política de admisiones en una reunión en agosto del 2023, dos días después de que la gobernadora demócrata Maura Healey declaró el estado de emergencia debido a la crisis migratoria. En ese entonces, Healey dijo que casi 5.600 familias — muchas de ellas inmigrantes de Haití o Venezuela — están viviendo en albergues estatales, un aumento con respecto a las 3.100 familias registradas el año anterior.
Serino, el director del comité educativo, dijo que el grupo empezó a considerar una actualización de sus requerimientos más de un año antes de que los migrantes se convirtieran en un problema para el estado. Dijo que las nuevas normas requieren documentos como un afidávit firmado por un casero o una declaración de impuestos a la propiedad, “cosas que todo el mundo tiene”.
“No hemos perjudicado a nadie y nadie ha venido a quejarse: ningún migrante, ningún padre”, aseveró Serino.
Activistas legales, sin embargo, afirman que la política ha sido un obstáculo para por lo menos dos familias inmigrantes que trataban de inscribir a sus hijos en las escuelas de Saugus. Dos agrupaciones -- Lawyers For Civil Rights y Massachusetts Advocates for Children – dicen que tuvieron que intervenir para que los niños puedan ser inscritos.
“La política en sí es ilegal”, dijo Oren Sellstrom, director de litigios para Lawyers for Civil Rights. “Las escuelas deberían estar dándole la bienvenida a (todos) los niños que están en el distrito y deberían educarlos”.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott dijo en 2022 que Plyler vs. Doe debería ser sujeta a un desafío legal y que el gobierno federal debería pagar por la educación de estudiantes que no sean residentes legales. Suscitó críticas de activistas a favor de los inmigrantes y de la Casa Blanca. Al año siguiente, legisladores republicanos en Texas trataron infructuosamente de introducir propuestas para impedir que niños de no ciudadanos se puedan inscribir en las escuelas públicas.
En junio, la idea fue incorporada a la plataforma del Partido Republicano de Texas.
Las prioridades de ese partido en la próxima sesión legislativa incluyen “el fin de todos los subsidios y los servicios públicos, incluyendo las matrículas universitarias estatales y la inscripción en escuelas públicas, para inmigrantes ilegales, excepto en casos de emergencia médica”.
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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Sean Murphy en Oklahoma City y Kimberlee Kruesi en Nashville, Tennessee. Gecker reportó desde San Francisco.
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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de educación de parte de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.
