La Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), junto al Comité Timón de Personas con Impedimentos y la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, denunció un contrato de arrendamiento que consideran irregular y que podría resultar en un gasto al erario público de más de 16 millones de dólares en cinco años, cifra que podría duplicarse a más de 32 millones en diez años.
Los miembros de las organizaciones se reunieron para protestar en los predios de la Junta de Supervisión Fiscal en Hato Rey.
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El contrato, identificado como 2025-000011, busca arrendar nuevos locales para servicios de rehabilitación, lo que preocupa a estas entidades por su impacto financiero y su posible repercusión en la prestación de servicios para la comunidad con discapacidad en Puerto Rico.
Según el presidente de CADFI, David Figueroa, el contrato de arrendamiento de locales, con una duración de cinco a diez años, no cumple con la Ley de la Resolución Conjunta #7 del 2005 y la Ley Pública 93-112. Esta última estipula que cualquier cambio que afecte sustancialmente la prestación de servicios debe ser precedido por vistas públicas, las cuales no se realizaron. Además, la organización destacó que la Sección 7 de la Ley Promesa exige que cualquier acción del gobierno esté alineada con las leyes federales y estatales, sin atentar contra la salud de los habitantes del territorio.
Las organizaciones señalan que este gasto millonario es innecesario, ya que actualmente existen instalaciones adecuadas y sin costo en el Centro Médico de Río Piedras, que cumplen con los estándares de accesibilidad establecidos por la Ley ADA. Un informe reciente de la Cámara de Representantes, mediante la resolución 669 de septiembre de 2024, recomienda precisamente mantener los servicios de rehabilitación en dichas facilidades, evitando así un costo adicional para el gobierno.
“Exigimos acción inmediata a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que revoquen la aprobación de este contrato que atenta contra la salud de la comunidad con discapacidad en Puerto Rico”, declaró Edwin Cintrón, presidente del Comité Timón de Personas con Impedimentos.
El comunicado también contó con el respaldo de Mirta Colón Pellecier, presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, quien se unió al llamado para que la Junta reconsidere la medida que podría impactar negativamente a más de 750,000 personas con discapacidad en la isla.
