A pesar de que dio la bienvenida al nombramiento de un funcionario federal para atender denuncias de fraude o intimidación el día de las elecciones generales en Puerto Rico, la congresista Nydia M. Velázquez (D-NY), insistió en que personal especializado sea enviado a la isla para monitorear directamente el evento electoral.
“El nombramiento de un oficial electoral para atender las denuncias de fraude, discriminación e intimidación en Puerto Rico es una noticia bienvenida. Sin embargo, esta acción no aborda los profundos problemas estructurales del sistema electoral en la isla”, sostuvo la congresista.
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El fiscal federal de los Estados Unidos, W. Stephen Muldrow, anunció el miércoles que el Fiscal Auxiliar Jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción, Seth Erbe, liderará los esfuerzos de su oficina en relación con el Programa Nacional de Elecciones del Departamento de Justicia para las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.
Erbe ha sido designado como Oficial Electoral del Distrito (DEO) para Puerto Rico, y será responsable de supervisar las quejas relacionadas con derechos de votación, amenazas de violencia a funcionarios electorales y fraudes electorales.
Para Velázquez, esa designación no es suficiente por lo que a su juicio son amenazas a la democracia en Puerto Rico.
“Este tipo de oficial electoral es asignado a cada estado en la nación. Los puertorriqueños necesitan más que un simple anuncio protocolar. Necesitan acciones puntuales que atiendan las irregularidades que amenazan el sistema democrático de la isla. Las denuncias de mala gestión del registro electoral y la continua privación de derechos están minando la confianza en las próximas elecciones”, advirtió.
Velázquez reiteró su llamado anunciado hace varias semanas en el que solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) federal que personal de la División de Derechos Civiles fuera desplegado para monitorear directamente las elecciones en Puerto Rico, “dada la continua amenaza al derecho al voto en Puerto Rico”.
“El DOJ anunció recientemente que asignará monitores federales para observar las elecciones en el Condado de Portage, Ohio. No hay razón para que lo mismo no se haga en Puerto Rico. El DOJ tiene la autoridad, y hay más que suficiente evidencia para intervenir”, dijo.
