El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió una resolución y orden en la que rechazó todas las propuestas de energía renovable y almacenimiento presentadas en la tercera fase de licitación de la Ley 17-2009 conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.
Aunque la Ley 17 busca avanzar en las metas de energía renovables estipuladas en la isla, el NEPR determinó que los precios propuestos durante la tercera fase de licitación eran inaceptables, referentes a los precios iniciales observados para los proyectos de energía solar fotovoltaica (“Solar PV”).
PUBLICIDAD
Conforme a la resolución, la decisión surge tras destacar que en las solicitudes de propuestas de la tercera fase de licitación, excluidos los costos de interconexión, “excedían los niveles de precios base considerados razonables durante su evaluación de las solicitudes de propuestas de la segunda fase de licitación”. Por esta razón, identificaron “poco probable” que la tercera fase resultara en precios aceptables.
Las metas propuestas en la Ley Energética indican que Puerto Rico debería generar un 40% de su energía de fuentes renovables para 2025, y un 100% para 2050. La tercera fase de licitación, emitida el 18 de julio de 2023, planteó propuestas de energía solar y almacenimiento que “debían ser evaluadas antes de ser integradas en la red eléctrica de la isla”, conforme a la resolución.
“Los precios recibidos para recursos de energía renovable y almanecimiento en Puerto Rico [...] han sido, y continúan siendo, significativamente más altos que los precios a nivel nacional en los Estados Unidos”, dictó el documento. “En consecuencia, la Oficina de Energía coincide con la recomendación del Comité de Selección de no seguir adelante con la solicitud de propuestas del Tramo 3″, continuaron.
Por consiguiente, el Negociado subrayó que no puede permitir “una mayor presión al alza en el precio de la energía aceptando precios aún más altos”.
La resolución, además, indica que el NEPR es el último responsable de determinar si el precio de las propuestas seleccionadas es justo y razonable y, por lo tanto, si cumple con la política pública energética actual. Pero el análisis recibido mostró que los costos serían demasiado altos para “proporcionar a los abonados electricidad justa y asequible”, según el Negociado.
PUBLICIDAD
La resolución detalló que el tercer proceso de licitación fue analizado por un coordinador independiente, y aunque las propuestas incluían una variedad de tecnologías, el documento no proveyó información sobre las compañías ni los proyectos específicos de la fase.
Resolución
A nivel político, la semana pasada la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, dijo que de ser electa promovería cambios a la ley que establece las metas energéticas renovables para Puerto Rico. González promueve diversificar la generación, con énfasis en el gas.
¿Es necesario modificar la legislación energética de la isla?
Voces del sector energético refutaron la postura que anticipó la actual comisionada residente en Washington D.C. sobre diversificación de generación energética y cambios a la ley.
La Ley de Política Pública Energética, también conocida como Ley 17, busca reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles fósiles para la generación de energía, mediante una Cartera de Energía Renovable con el fin de alcanzar un mínimo de 40% para en o antes del 2025; 60% para en o antes del 2040; y 100% para en o antes del 2050.
“Creo que el gobierno de Puerto Rico debe diversificar su canasta energética y no apostarlo todo exclusivamente a las placas solares [...] propongo que diversifiquemos y que evaluemos qué tecnologías podemos utilizar para cambiar plantas que queman hoy gasolina a gas natural, a gas metano, a distintos tipos de tecnologías. [...] La misma secretaría de energía federal ha dicho que no se puede cumplir la meta. Los múltiples think tanks en el área de energía han hablado que no se puede cumplir la meta”, indicó la candidata.
Ante esta postura, el director de Solar United Neighbors Puerto Rico, David Ortiz no estuvo de acuerdo.
“Creo que nos debemos enfocar en lograr la meta del 100% de energía renovable para el 2050. Se puede lograr y ya existen estudios que lo demuestran. Pero esto empieza con proteger la medición neta del ataque de la Junta Fiscal”, indicó en declaraciones escritas. El director no precisó cuáles estudios.
Mientras, el ingeniero y planificador Tomás Torres Placa, expresó preocupación por la presunta confusión que presentan los “varios candidatos a la gobernación” sobre el tema energético local.
Conforme al ingeniero, la Ley 17 es lo “suficientemente amplia” para cubrir varias fuentes de energía renovable aplicables en el archipiélago.
“Esta ley permite no solamente energía fotovoltaica sino energía eólica, energía geotérmica, energía de combustión de biomasa, energía de gas derivado de biomasa, combustión de biocombustibles derivado de biomasa, energía hidroeléctrica, energía hidrocinética y marina renovable [...]”, sostuvo el exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Torres Placa añadió que los plazos establecidos dentro de la Ley 17 no están escritos en piedra, sino que son flexibles. “La ley actual requiere un 100% de energía renovable para el 2050, pero tiene unos intervalos. Se supone que ahí estemos a un 20%, eso lo hubiésemos logrado hace dos años. Por lo tanto, estamos en siete, hay que lograrlo apresuradamente. [...] ese 20% hay que lograrlo lo antes posible, al igual que el 40% en el 2025, [pero] la ley establece que no necesariamente esas fechas están escritas en piedra”, informó el ingeniero.
Asimismo, expresó que, aunque la Ley 17 es lo suficientemente flexible para incorporar diferentes combustibles, el problema recae en la falta de ejecución. “Lo que sí puede ser un problema es cambiar las metas de energías renovables, lo cual sería un problema porque alteraría la política pública, y ahí tendríamos una mezcolanza de metas, y afectaría grandemente nuestro futuro energético”, culminó.
Mientras, para el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, Puerto Rico debe centrarse en lo que puede lucrar, lo que, en su opinión, implica la implementación de placas solares pero en techos de hogares y zonas contaminadas.
“Debemos movernos hacia esa dirección, no comprometiendo ni destruyendo nuestros terrenos agrícolas haciendo fincas solares, sino utilizando los techos de las casas, utilizando los lugares contaminados como vertederos cerrados, por ejemplo”, dijo.
Figueroa Jaramillo informó que la transición energética deber ser “planificada y ordenada”.
“Cada vez que tú vas añadiendo esta fuente de energía renovable, tienes que ir viendo su comportamiento, cómo lo vas manejando, porque aquí la gente necesita [electricidad] 24/7 , no puede depender de que haya un evento y no puedas tener energía. Pero hacia eso tenemos que movernos y lucrar”, culminó.
