Luego de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitiera ayer una resolución y orden en la que se rechazó todas las propuestas de energía renovable y almacenamiento presentadas en el tercer tramo de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17), profesionales del sector energético y político criticaron la decisión del ente independiente.
El negociado, aunque reconoció que la Ley Energética busca avanzar en las metas de energía renovables destacadas en la isla, determinó que los costos eran inaceptables.
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El representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés impugnó la decisión del presidente del NEPR, Edison Avilés, y adelantó que estará enviando una carta impugnando, oficialmente, su determinación.
En esta carta pedirá, además, una revisión completa de los expedientes de trámites en relación a la adjudicación de la segunda y tercera fase.
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”La meta de generación por fuentes de energía renovable es tener una capacidad de 3,750 megavatios y otros 1,500 en reserva-almacenaje. Esto no está cerca de suceder, al contrario, vemos marcados retrasos en la adjudicación de proyectos de gran escala y, ayer, la cancelación de la tercera ronda. Algo está sucediendo, además de los alegados altos costos, que fue la explicación que brindó el NEPR para suspender la tercera fase. Nuestro norte es saber qué está pasando y cómo, desde la Legislatura, podemos ayudar en este proceso porque los enormes costos de apagones constantes y la dependencia del Bunker C es mucho más que implementar estas fases”, comentó el representante mediante declaraciones escritas.
Conforme a la resolución, la decisión surge tras destacar que en las solicitudes de propuestas de la tercera fase de licitación, excluidos los costos de interconexión, “excedían los niveles de precios base considerados razonables durante su evaluación de las solicitudes de propuestas de la segunda fase de licitación”. Por esta razón, identificaron “poco probable” que la tercera fase resultara en precios aceptables.
El representante justificó que los altos costos de la primera fase recae en que este tramo se “tardó bastante” en ejecutar. Conforme a Pares el Negociado indicó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue responsable de los atrasos que conllevaron al alza en precios.
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“Sin embargo, lo mismo sucedió con esta nueva fase, que se trabajó con un consultor privado, la empresa Acción Group, LLC., que apenas logró coordinar proyectos para generar 60 megavatios, una cantidad muy pequeña para estos proyectos. No me cabe la menor duda que algo está sucediendo, algo está entorpeciendo el proceso y eso es lo que buscamos identificar”, añadió Parés.
Por su parte, el director de políticas públicas de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento Energético de Puerto Rico, Javier Rúa-Jovet, el problema fundamental la presunta anulación de la autoridad del NEPR por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“El problema fundamental aquí es que la autoridad del Negociado de Energía para aprobar los resultados de las subastas de RFP, se han anulado de facto. La Junta de Supervisión Fiscal es la entidad que ha socavado consistentemente las energías renovables a todos los niveles, comúnmente cancelando contratos después de que han sido licitados competitivamente y aprobados por el Negociado de Energía”, dictó el también abogado.
Rúa-Jovet continuó detallando que, para las empreseas poder participar en futuros procesos de solicitudes de propuestas, conocido como RFP (por sus siglas en inglés), para energía renovable será necesario resolver varios elementos principales durante el proceso de licitación.
“Las empresas deben tener la certeza de que la entidad que supervise el proceso de licitación tiene la autoridad real final para aprobar las ofertas ganadoras. En este caso, eso significa que la JSF debe ser transparente de una manera en que nunca lo ha sido antes sobre cuáles son, específicamente, sus criterios para la aprobación o rechazo de proyectos de energía renovable a todos los niveles, y debe otorgar, legalmente y de forma plena, al Negociado la independencia, el poder y respaldo necesarios para la supervisión y aprobación regulatoria de los contratos adjudicados mediante cualquier proceso de licitación”, confesó.
Mientras, Parés informó que, al momento, se encuentran aproximadamente 870 megavatios en los los sistemas fotovoltaicos (solar) instalados en residencias y negocios, pero esto no es suficiente para las necesidades de la isla.
”Estos proyectos grandes de generación son esenciales para salirnos de la dependencia de los combustibles fósiles, pero no se está actuando con rapidez, es como si el andamiaje actual quisiera detener estos proyectos”.
¿Es necesario modificar la legislación energética de la isla?
A nivel político, la semana pasada la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, dijo que de ser electa promovería cambios a la ley que establece las metas energéticas renovables para Puerto Rico. González promueve diversificar la generación, con énfasis en el gas natural.
Ante la propuesta, el grupo multisectorial Queremos Sol, que aboga por la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico a uno a base de la energía renovable distribuida, denunció el plan energético de la candidata por ser contrario a las metas de energía renovable y desinformar sobre el costo de la transformación a energía renovable distribuida, conforme a un comunicado.
“Es falso que Puerto Rico necesite más gas natural o que este sea necesario para alcanzar las metas trazadas de energía renovable. Estas instalaciones de gas, así como su transporte, representan una amenaza inminente para comunidades, para nuestra economía y nos alejan de lograr los objetivos renovables”, señaló el abogado ambiental y miembro de la coalición, Pedro Saadé.
Tras González Colón destacar el gas natural como una propuesta más costo efectiva, el profesor de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez y portavoz de Queremos Sol, Agustín Irizarry Rivera indicó que esto es incorrecto.
“Los datos y los estudios comprueban que un sistema basado en energía solar fotovoltaica desplegada en los techos de las casas y en comercios de Puerto Rico, respaldado por almacenamiento con baterías, como propone Queremos Sol, reduciría los costos totales del sistema. Además, el consumidor tendría una tarifa estable, a diferencia de las tarifas basadas en combustibles fósiles y gas natural, cuyos costos están sujetos a los vaivenes del mercado y su disponibilidad depende de importaciones”, explicó el profesor.
Según el estudio de modelaje y mapa de implementación realizado por la organización sin fines de lucro CAMBIO, miembro de Queremos Sol, el plan para transformar el sistema eléctrico actual hacia la energía solar en techos con respaldo de baterías es viable,es “resiliente y menos costoso” que la dependencia en combustibles fósiles.
