La organización Protege Punta La Bandera denunció el viernes que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una resolución que suspendió temporalmente el proceso de deslinde en Punta La Bandera, manteniéndolo vigente y evitando resolver las querellas e impugnaciones en sus méritos.
“Recientemente, el DRNA emitió una resolución que, en lugar de anular el cuestionado deslinde del desarrollo en Punta La Bandera, optó por suspender temporalmente el proceso, manteniéndolo vigente y evitando resolver las querellas e impugnaciones en sus méritos”, expresó Arturo Campos, presidente de Protege Punta La Bandera, en declaraciones escritas.
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Como ejemplo de irregularidad, Campos denunció “la rapidez” con la que el DRNA archivó las peticiones de la comunidad a petición del desarrollador. “El 11 de octubre, el desarrollador presentó una moción, y ese mismo día el oficial examinador asignado al caso acogió la solicitud, revisó el expediente, redactó el informe y lo remitió al secretario interino del DRNA, quien aprobó y notificó la resolución. Este proceso, que habitualmente toma semanas o meses, fue completado en tan solo un día”, afirmó.
El portavoz de Protege Punta La Bandera expresó preocupación de que esta resolución apresurada sea una estrategia política para archivar el caso y evitar que el tema perjudique la imagen de la comisionada residente en su aspiración a la gobernación. “Esta aparente injerencia política, además de ser contraria al bienestar ambiental, pone en riesgo la confianza pública en el DRNA como una entidad que debe servir al interés común y no a agendas particulares”, sostuvo Campos.
La organización hizo un llamado a que se investigue si las decisiones en el DRNA están siendo influenciadas por intereses externos y políticos en vez de criterios ambientales objetivos y rigurosos. “Punta La Bandera se ha convertido en un caso simbólico de cómo la preservación de nuestros ecosistemas está en peligro frente a decisiones cuestionables y la posible instrumentalización de las instituciones públicas”, concluyó Campos.
