La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALC) y la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (ACRPR) solicitaron este lunes a la gobernadora electa, Jennifer González Colón, que mantenga en su cargo al titular de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Alexander Adams Vega.
“El licenciado ha demostrado ser el líder adecuado para abordar la preocupante fuga de médicos y profesionales de la salud, un fenómeno que se debe principalmente a las prácticas de los planes médicos. Durante su gestión, Adams ha sido el primer Comisionado de Seguros en décadas, que se ha comprometido con procurar estricto cumplimiento del Código de Seguros y otras leyes pertinentes. Adams ha enfrentado desafíos significativos articulados por las aseguradoras que han sido la causa principal del colapso de nuestro sistema de salud”, dijo en declaraciones escritas el presidente de la ALC, Felipe Cintrón.
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Cintrón lamentó que las aseguradoras “intenten influir en el proceso de selección del Comisionado de Seguros, proponiendo candidatos a su conveniencia”. Asimismo, invitó a recordar que la crisis actual en los servicios de salud en Puerto Rico es también producto de la “corrupción gubernamental, el fraude, el abuso y el mal uso de los fondos federales asignados”.
“La crisis actual no deriva de una asignación insuficiente o discriminación por parte del gobierno federal, como la administración saliente nos ha hecho creer”, abundó.
Los gremios instaron a González Colón a reunirse con el Secretario de Salud Federal, Xabier Becerra, o su representante, antes de que finalice su mandato, para que obtenga conocimiento de los retos que enfrenta el programa de Medicare y Medicaid y las imposiciones del Congreso.
“Es importante que la gobernadora electa tenga conocimiento de todas las investigaciones y auditorías realizadas por agencias federales en ASES, el Departamento de Salud y algunas aseguradoras Medicare Advantage, para que tenga la información correcta proveniente de una fuente directa y confiable. Puerto Rico se encuentra en una posición neurálgica ante el Departamento de Salud del gobierno federal y el Congreso por estas situaciones”, recalcó Cintrón.
Según los gremios, si no se toman las decisiones adecuadas, la Isla correrá el riesgo de agravar aún más la crisis del sistema de salud y sufrirá recortes adicionales en los fondos federales para ambos programas.
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“Tanto el Departamento de Salud federal como el Congreso y sus órganos investigativos tienen total conocimiento de lo que sucede en Puerto Rico con los fondos asignados para la salud. Ir a pedir más dinero ya no es una opción, por la histórica pérdida de fondos o poca o ninguna fizcalización”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta de la ACRPR, Sandra Arroyo Ferrer, expresó que “resulta apremiante contar con un Comisionado de Seguros que esté comprometido con la fiscalización y la vindicación de los derechos de aquellos que, en la relación contractual con las aseguradoras, son la parte más débil” refiriéndose a los proveedores de servicios de salud.
Arroyo acotó que “aunque parezca difícil de creer, por primera vez en mucho tiempo tenemos en la figura de Adams un funcionario que no teme en procurar el cumplimento de las leyes y reglamentos que administra la Oficina del Comisionado de Seguros”, agregó, por su parte.
