El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez dijo el jueves que a pesar de los retos que enfrentaron para manejar los fondos de reconstrucción, la agencia que deja tiene una estructura robusta.
“El Departamento de la Vivienda enfrentó varios desafíos en la implementación de los programas CDBG-DR debido a las restricciones iniciales que el gobierno federal y HUD impusieron. Uno de los primeros retos fue la imposición de una supervisión financiera la cual fue única para Puerto Rico. También tuvimos como desafío la limitación en la liberación de fondos de forma incremental y el requisito de un monitor fiscal federal para supervisar la distribución de estos fondos. Estas restricciones provocaron retrasos significativos en el acceso y uso de los fondos de recuperación. Esto provocó demoras adicionales en la implementación de proyectos esenciales de recuperación, como mejoras de infraestructura, recuperación de viviendas y esfuerzos de revitalización económica”, dijo Rodríguez Rodríguez en su ponencia en las vistas de transición.
PUBLICIDAD
“La administración entrante hereda una estructura robusta, sustentada en iniciativas importantes que han transformado a Puerto Rico, desde la revitalización de áreas urbanas y rurales, hasta la implementación de tecnologías avanzadas de energía renovable y mitigación de riesgos. A lo largo de este proceso, hemos aprendido que la planificación a largo plazo, la colaboración interagencial y la participación de las comunidades son los pilares que sostendrán el futuro de nuestra Isla. Ahora, a las puertas de una nueva era, estamos seguros de que la administración entrante encontrará una ruta clara, con los recursos y la estructura necesaria para continuar con este trabajo transformador”, añadió.
En su resumen, mencionó que se asignaron $8.2 mil millones para la recuperación tras los huracanes Irma y María.
El término de los fondos de recuperación de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (CDBG-DR) se extendió hasta el 31 de diciembre de 2029, dado que estos proyectos requieren tiempo para planificación, diseño, permisos y construcción.
Mencionó que la administración entrante debe enfocarse en asegurar la continuidad del programa, coordinar entre agencias y mejorar los procesos de revisión ambiental.
Además, debe procurar fortalecer la capacidad laboral del sector de la construcción para abordar la escasez de mano de obra cualificada.