El fiscal especial Jack Smith solicitó el lunes a un juez federal que desestime el caso en el que se acusa al actual presidente electo y convicto Donald Trump de elaborar un plan para anular los resultados de las elecciones de 2020, debido a las normas del Departamento de Justicia según las cuales no se puede procesar penalmente a un mandatario en funciones.
La medida anunciada en documentos judiciales marca el fin de los históricos intentos del Departamento de Justicia por procesar a Trump –declarado culpable en mayo de falsificar los registros de su empresa para disfrazar la verdadera naturaleza de una serie de pagos que proporcionaron 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels– quien por lo que la fiscalía aseguró que fue una conspiración criminal para aferrarse al poder antes del asalto al Capitolio que perpetraron sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.
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Los fiscales del Departamento de Justicia, haciendo mención de las añejas políticas de la agencia que establecen que no se puede procesar a un mandatario en funciones, declararon que la postura del departamento es que “la Constitución requiere que este caso sea desestimado antes de que el acusado sea investido”.
“Dicha restricción es categórica y no depende de la gravedad de los delitos, la solidez del caso del gobierno o los méritos para ser procesado, mismos que el gobierno defiende por completo”, escribieron los fiscales en los documentos que fueron presentados ante el tribunal el lunes.
El juez del caso electoral concedió la petición de sobreseimiento de los fiscales. El lunes por la tarde todavía estaba pendiente una decisión sobre el caso de los documentos.
La decisión era de esperarse después de que el equipo de Smith comenzó a evaluar la manera de poner fin tanto el caso de interferencia electoral de 2020 como a otra causa sobre retención de documentos confidenciales después de que Trump ganó las elecciones ante la vicepresidenta Kamala Harris.
Trump ha dicho que ambos casos fueron presentados por motivaciones políticas y había prometido despedir a Smith tan pronto como asumiera el cargo en enero.
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El caso de las elecciones de 2020, presentado el año pasado, fue visto en su momento como una de las amenazas legales más serias que enfrentaba el republicano mientras competía por recuperar la Casa Blanca. Pero no tardó en estancarse en medio de las disputas legales sobre las afirmaciones de Trump de que gozaba de inmunidad a ser procesado por las acciones que tomó mientras estaba en la Casa Blanca.
La Corte Suprema dictaminó por primera vez en julio pasado que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad a ser procesados, y envió el caso de regreso a la jueza federal Tanya Chutkan para determinar cuáles de las acusaciones, de ser el caso, podrían proceder a juicio.
El caso apenas comenzaba a cobrar impulso nuevamente en el tribunal a falta de unas semanas para las elecciones de este año. El equipo de Smith presentó un extenso informe en octubre en el cual se detallaron nuevas evidencias que planeaban usar contra Trump durante el juicio, acusándolo de “recurrir a delitos” como parte de un intento cada vez más desesperado por revertir la voluntad de los votantes después de su derrota electoral ante el presidente Joe Biden.
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