El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, acusó al senador indendendiente, José Vargas Vidot, de utilizar el caso del convicto Hermes Ávila, como ventaja para hacer campaña política.
“Aquí si acaso falló el senador Vargas Vidot que cogió esto como campaña política y cuando le enviamos los informes no apareció ni sometió ningún tipo de ley”, expresó Emanuelli.
Igualmente, durante la conferencia de prensa, tras las afirmaciones de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de que el Estado no tuvo responsabilidad en la muerte de Joan Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, la integrante del Comité de Transición, Janet Parra Mercado, señaló que el caso será revisado por la gobernadora electa, Jennifer González Colón.
Parra Mercado expresó que, en relación al caso de Hermes Ávila, “está segura que será prioridad de la gobernadora electa y que impartirá instrucciones a la persona que escoja para el Departamento de Justicia de que el caso se revise en términos de la responsabilidad de esos funcionarios y de la compañía que brindaba los servicios médicos”.
Asimismo, reveló que las contestaciones que dio la secretaria de Corrección, Ana Escobar, no satisfacen al pleno del comité, así que nuestras recomendaciones a la señora gobernadora irán dirigidas a que nuevamente se revise esa determinación, no solamente del Departamento de Justicia, sino del Departamento de Corrección”.
El convicto Ávila, Vázquez, salió por pase del Departamento de Corrección en abril de 2022 bajo el alegato de que tenía una condición de salud limitante. Su supuesta condición fue aprobada por un panel médico de la empresa Physician Correctional, que se dejó llevar por una certificación del Fondo del Seguro del Estado. El 21 de abril de 2023 asesinó a Joan Meléndez Vega en Manatí. Luego de las investigaciones, al momento se ha despedido a una enfermera que mantuvo una relación sentimental con Ávila Vázquez. El futuro de ocho empleados del Departamento de Corrección está pendiente de la determinación de la secretaria Ana Escobar Pabón. El Departamento de Justicia concluyó que Physician Correctional no cometió ningún delito en el proceso y mantienen contratos con el DCR.
En conferencia de prensa, la secretaria de la Gobernación sostuvo que “aquí hay un solo criminal y es Hermes Ávila”.
“Cuando se trata del asesinato de una persona, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y el resultado de que Hermes Ávila estuviese en la libre comunidad es no solamente la astucia que pueda tener Hermes Ávila, sino la negligencia de una serie de personas que se suponía que no permitieran que eso pasara. Decir hoy que aquí el único responsable es Hermes Ávila es no ser responsable con la ciudadanía. El Departamento de Justicia representa al pueblo, no a Hermes Ávila, al pueblo. Y tiene que dar una contestación. Si se erró, pues eso hay que saber decir, cometí un error, el error está aquí y vamos a tomar las medidas correctivas”, expresó Parra Mercado.
“Que yo sepa y yo creo que cuando se cometen errores hay que aceptarlos y uno aprender de los errores y en el futuro hacer las correcciones correspondientes. El gobierno erró en este caso y muchas personas involucradas erraron en este caso, esa es la realidad. Porque él solito no iba a salir de la cárcel caminando, le dimos la oportunidad, el gobierno le dio la oportunidad. Desde mi perspectiva- y esta es mi opinión-, se le ha hecho muy difícil al gobierno tomar una determinación y la impresión que da es que en el camino, luego de la investigación se dieron cuenta que cometieron errores desde el día uno hasta el día que lo sacaron a la calle que hay una cadena de errores, incluyendo a la compañía médica que atiende estos casos allí en el sistema correccional todos fallaron desde mi perspectiva esa es mi opinión”, añadió el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.
Según el presidente del Comité de Transición entrante, se debe evaluar inclusive el desempeño de Physician Correctional y si debe mantenerse el contrato para manejar los servicios de salud a los confinados.
