El Comité Timón de Madres y Padres del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación (DE) y la Alianza de Autismo de Puerto Rico denunciaron hoy la moción sobre la propuesta transaccional unilateral por la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico ante la jueza Laura Taylor Swain.
La propuesta, notificada el pasado 6 de noviembre, busca liquidar las reclamaciones de miles de estudiantes de educación especial y sus familias bajo el proceso de ajuste del gobierno central, conocido como la Ley PROMESA.
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La portavoz del Comité Timón, Carmen Warren indicó que la propuesta presentada ofrece una compensación irrisoria de $25,000 por familia, la cual se reduciría al 20.4%, resultando en un pago neto de $5,100.
Conforme a los presentes, esto resultaría en un pago aproximado de 200 dólares por los 44 años que lleva el pleito, dado a que comenzó durante el año 1980. Asimismo, catalogaron la propuesta como una no fija debido a que podría tanto aumentar como disminuir dependiendo de la cuantía final de las reclamaciones.
Además, la abogada Cristina Negrón Comas, hay alrededor de 6,500 reclamaciones que incorporan los daños de aproximadamente 17,000 personas.
Según Warren, este monto no solo “minimiza las décadas de perjuicios sufridos” por los estudiantes de educación especial, sino que también busca de forma definitiva el derecho de las familias a reclamar justicia.
Durante la conferencia, se informó que en 2016 unas 6,500 familias presentaron reclamaciones individuales por daños y perjuicios. Las demandas buscan una compensación de hasta $75,000 por persona o $150,000 por familia, conforme al máximo permitido por la ley.
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“Queremos reiterar que este caso lleva 44 años en el Poder Judicial de Puerto Rico debido a los reiterados incumplimientos y continuas violaciones al derecho constitucional a la educación de los estudiantes de educación especial en que incurre el Departamento de Educación”, destacó Warren.
Además, enfatizó que la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal representa una violación al debido proceso de ley, ya que notifica directamente a los reclamantes, ignorando a sus representantes legales y sin agotar los mecanismos de mediación.
Entre las historias compartidas en la conferencia estuvo la de Wilfredo Umpierre, uno de los demandantes originales, quien relató las dificultades que enfrentó su hija Lina Beatriz, diagnosticada con autismo.
Umpierre explicó cómo Lina fue rechazada en múltiples escuelas en Puerto Rico, lo que obligó a la familia a buscar servicios en el extranjero.
“Hicimos el esfuerzo por casi dos años pagando esa cantidad para que ella sola se liberara de nosotros y pudiera hacer su vida. Después, que me acabaron los chavos, la trajimos otra vez para Puerto Rico”, expresó Umpierre, quien también denunció cómo, a lo largo de las décadas, su hija enfrentó discriminación sistemática por parte de instituciones educativas.
“Esto es un martillo que hemos tenido nosotros. 44 años sufriendo”, concluyó Umpierre.
Los abogados, también incluidos José Torres Valentín y José Juan Nazario, fueron los que presentaron la moción ante la jueza Swain solicitando que se rechace la oferta transaccional.
En la moción se destacaron tres puntos principales: la violación al debido proceso de ley, la omisión de los procedimientos de mediación requeridos por PROMESA y la falta de consulta con los representantes legales de las familias afectadas. Además, se pidió que la Junta financie una campaña informativa para las familias y se extienda el plazo para aceptar o rechazar cualquier propuesta final.
Otros portavoces presentes fueron la directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Joyce Dávila y otros involucrados en el pleito.
