WASHINGTON (AP) — Kash Patel es conocido desde hace años en el círculo de Donald Trump como un fiel seguidor que comparte el escepticismo del presidente electo hacia el FBI y la comunidad de inteligencia. Pero ahora que Trump lo ha elegido para dirigir el FBI, está recibiendo nueva atención, tanto del público como del Congreso.
Mientras se prepara para una pugna por obtener la confirmación en el Senado que promete ser dura y probablemente prolongada, Patel puede esperar un escrutinio no sólo por su lealtad declarada a Trump, sino también por su creencia —revelada durante el último año en entrevistas y su propio libro— de que el centenario FBI debería pasar por una reforma radical.
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A continuación, un vistazo a algunas de las propuestas que ha hecho para la principal agencia federal de seguridad del país. Cuánto de ello realmente llevaría a cabo es otra cuestión.
Los primeros empleados del FBI se mudaron a la actual sede en la avenida Pensilvania hace 50 años. Desde entonces, el edificio ha albergado a los supervisores y líderes que toman decisiones que afectan a oficinas en todo el país y en el extranjero.
Pero si Patel logra lo que quiere, el edificio J. Edgar Hoover podría cerrar, dispersando a sus empleados.
“Cerraría el edificio Hoover del FBI el primer día y lo reabriría al día siguiente como un museo del ‘estado profundo’”, dijo Patel en una entrevista en septiembre en el “Shawn Kelly Show”, empleando una expresión para una supuesta red secreta de funcionarios públicos que buscan influir en la política. “Luego, enviaría a los 7.000 empleados que trabajan en ese edificio por todo Estados Unidos para perseguir criminales. Son policías, vayan a ser policías”.
Sin duda, ese plan encontraría obstáculos legales, logísticos y burocráticos y podría reflejar más un argumento retórico que una ambición práctica.
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En un libro el año pasado titulado “Government Gangsters: The Deep State, the Truth and the Battle for Our Democracy”, propuso una reforma más modesta de trasladar la sede fuera de Washington “para prevenir la captura institucional y limitar la participación de los líderes del FBI en juegos políticos”.
En realidad, el destino a largo plazo del edificio está en duda independientemente de la transición de gobierno. La Administración de Servicios Generales seleccionó el año pasado Greenbelt, Maryland, como el sitio para una nueva sede, pero el actual director del FBI, Christopher Wray, ha expresado preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses en el proceso de selección del sitio.
En una entrevista el año pasado con el estratega conservador Steve Bannon, Patel repitió falsedades sobre el presidente Joe Biden y un amaño electoral.
“Vamos a ir tras las personas en los medios que mintieron sobre los ciudadanos estadounidenses, que ayudaron a Joe Biden a manipular elecciones presidenciales”, dijo Patel. Lo mismo aplica para los supuestos “conspiradores” dentro del gobierno federal.
No está del todo claro a qué se refiere, pero en la medida en que Patel quiere facilitar que el gobierno actúe contra los funcionarios que divulgan información sensible y los periodistas que la reciben, parece que respaldaría revocar la política actual del Departamento de Justicia que generalmente prohíbe a los fiscales incautar los registros de los periodistas en investigaciones de filtraciones.
Esa política fue implementada en 2021 por el fiscal general Merrick Garland tras un escándalo sobre la revelación de que el Departamento de Justicia durante el primer gobierno de Trump había obtenido registros telefónicos de reporteros como parte de investigaciones sobre quién había divulgado secretos gubernamentales.
Patel ha dicho que aún está por ver si esa represión se realizaría por vía civil o penal. Su libro incluye varias páginas de exfuncionarios del FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias federales a los que que ha identificado como parte del “estado profundo del poder ejecutivo”.
Según las propias normas del FBI, las investigaciones penales no pueden basarse en especulaciones arbitrarias o infundadas, sino que deben tener un propósito autorizado para detectar o interrumpir la actividad criminal.
Y aunque el FBI lleva a cabo investigaciones, la responsabilidad de presentar cargos federales o iniciar una demanda en nombre del gobierno federal recae en el Departamento de Justicia. Trump tiene la intención de nominar a la exfiscal general de Florida, Pam Bondi, como fiscal general.
Patel ha sido un crítico feroz de cómo ha utilizado el FBI su capacidad de vigilancia dentro de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), y en su entrevista en el “Shawn Kelly Show” pidió una “gran, gran, reforma. Enorme”.
Esa posición lo alinea tanto con los libertarios de izquierda que desde hace tiempo son escépticos del poder gubernamental como con los seguidores de Trump indignados por los errores de vigilancia bien documentados durante la investigación del FBI sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.
Pero lo aleja mucho de los líderes del FBI, que han recalcado la necesidad de que la oficina conserve su capacidad de espiar a supuestos espías y terroristas, aunque también introduzca medidas para corregir abusos pasados.
Si consigue la confirmación parlamentaria, Patel asumiría el liderazgo del FBI en medio de un debate continuo sobre una disposición particularmente controvertida de la FISA conocida como Sección 702, que permite a Estados Unidos recopilar sin orden judicial las comunicaciones de personas no estadounidenses ubicadas fuera del país con el propósito de recopilar inteligencia extranjera.
Biden firmó en abril una extensión de dos años de la autoridad tras una feroz disputa en el Congreso centrada en si se debería restringir al FBI el empleo del programa para buscar datos de estadounidenses. Aunque el FBI tiene una alta tasa de cumplimiento, algunos analistas han sido acusados de una serie de abusos y errores, incluyendo consultas indebidas al repositorio de inteligencia para obtener información sobre estadounidenses u otros en Estados Unidos, como un congresista y participantes en las protestas por la justicia racial de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.
Patel ha dejado claro que ve con malos ojos la votación para renovar el permiso.
“Como el presupuesto de FISA expiraba en este ciclo, exigimos al Congreso que lo arreglara. ¿Y saben qué hizo la mayoría en la Cámara, donde los republicanos? Cedieron. Lo (reautorizaron)”, dijo Patel.
En su libro, Patel dijo que un defensor federal debería estar presente para abogar por los derechos del acusado en todos los procedimientos de la corte FISA, una desviación del statu quo.
Patel ha abogado por recortar la comunidad de inteligencia del gobierno federal, incluyendo la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional.
En cuanto al FBI, dijo el año pasado que apoyaría separar las “oficinas de inteligencia” del buró del resto de sus actividades de lucha contra el crimen.
No está claro exactamente cómo pretendería hacer eso, dado que las operaciones de inteligencia del FBI forman una parte central del mandato y presupuesto del buró. Wray, quien lleva siete años en el cargo, también ha advertido recientemente sobre un ambiente de amenaza elevado relacionado con el terrorismo nacional e internacional.
Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el entonces director del FBI, Robert Mueller, enfrentó llamados de algunos congresistas que pensaban que el FBI debería dividirse, creando una nueva agencia de inteligencia doméstica en su lugar.
La idea murió, y Mueller comprometió nuevos recursos para transformar lo que durante décadas había sido principalmente una agencia de seguridad interna en una institución de recolección de inteligencia igualmente enfocada en combatir el terrorismo, espías y amenazas extranjeras.
Frank Montoya Jr., un exfuncionario de alto rango del FBI ya retirado que dirigió la oficina del Ejecutivo Nacional de Contrainteligencia, dijo que se oponía a la idea de separar las “oficinas de inteligencia” del FBI y lo veía como una forma de desarmar al buró.
