La secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, propuso en las vistas del Comité de Transición, reenfocar la misión de la agencia para atender de manera más efectiva a la creciente población de adultos mayores en Puerto Rico.
En su ponencia ante el Comité de Transición Entrante, Rodríguez Troche destacó la necesidad de enmendar la Ley Orgánica del Departamento, que data de 1995, para adaptarla a los cambios sociodemográficos actuales.
“La magnitud del reto que enfrentamos con el envejecimiento poblacional implica que los esfuerzos del Departamento deben estar enfocados en promover el bienestar integral de nuestros adultos mayores, mientras se fomenta y se maximiza su rol como miembros activos y productivos en nuestras comunidades”, expresó Rodríguez Troche en su ponencia.
La secretaria señaló que el departamento recibe un volumen abrumador de casos relacionados con adultos mayores que optan por el ingreso a hogares de cuidado prolongado, alcanzando alrededor de 50 casos diarios, lo cual excede la capacidad operativa actual. Este fenómeno, que se prevé se intensificará en la próxima década, requiere la implementación de políticas proactivas por parte del Estado.
Para abordar este desafío, Rodríguez Troche indicó que se realizó un ajuste presupuestario de 50 millones de dólares a 70 millones de dólares durante el año fiscal 2023-2024, aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF), para atender el incremento en el número de casos y ajustar los pagos a los hogares de cuidado prolongado. Además, existe una reserva de 15 millones de dólares adicionales en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para este fin.
La secretaria enfatizó la importancia de ampliar los servicios preventivos, como el programa de auxiliares en el hogar y los Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada (CAMPEA), cuya misión es prolongar la independencia de los participantes.
“Este tipo de servicios debe ampliarse a comunidades aisladas o donde el acceso a transportación es limitado, y que tienen un elevado índice de adultos mayores. El mayor reto para ampliar estos servicios es el costo de operación de los centros, que ronda cerca de 600 mil dólares por centro”, indicó.
Rodríguez Troche también expresó preocupación por la falta de regulación clara sobre las égidas, viviendas privadas para adultos mayores que no están sujetas a normativas específicas. “Urge la creación de legislación que establezca requisitos claros para asegurar la seguridad y el bienestar de los residentes de estas instalaciones”, afirmó. Asimismo, destacó la necesidad de redefinir los servicios de apoyo a los adultos mayores, promoviendo alternativas que les permitan envejecer en sus propios hogares antes de ser ingresados en centros de cuidado prolongado.
En su ponencia, la secretaria subrayó la importancia de realizar una evaluación completa de la Ley Orgánica del Departamento de la Familia para que responda a los cambios sociodemográficos de la sociedad puertorriqueña. “Entendemos pertinente y necesario realizar una evaluación completa de la ley orgánica del Departamento, toda vez que la misma data de 1995, y a pesar de las múltiples enmiendas de las que ha sido objeto, el mismo debe responder a los cambios sociodemográficos que ha experimentado nuestra sociedad”, sostuvo.
Rodríguez Troche exhortó a la administración entrante a fortalecer la planificación estratégica enfocada en la identificación y captación de fondos federales, lo que permitirá atender de manera más efectiva las necesidades urgentes de la población y ampliar el alcance de los servicios que ofrece el Departamento de la Familia.
