Un grupo de oficiales del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, denunciaron lo que alegan son “graves irregularidades y deficiencias” en el informe final sobre el proceso de ascenso de rangos de la dependencia.
El informe final fue presentado el pasado 10 de diciembre por la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. La Resolución de la Cámara 1125 ordenó esta investigación tras múltiples denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de ascensos y aumentos salariales dentro del Negociado.
Según el informe final, el proceso de ascenso ha sido “atropellado y defectuoso”.
“Cambios arbitrarios en los procedimientos para otorgar ascensos en pleno desarrollo del proceso, violando el principio del mérito y su propia normativa. Este manejo no solo es inaceptable, sino que atenta contra la transparencia y la confianza en el sistema”, lee la denuncia realizada por los miembros del Cuerpo de Bomberos.
Igualmente, denunciaron que en el informe se revelaron aumentos salariales “excesivos y arbitrarios”. Según estos, los incrementos de salarios fueron “desiguales” y otorgados sin seguir criterios claros ni objetivos. Además, señalaron que no existe evidencia documental que respalde las evaluaciones realizadas, lo que expone un sistema administrativo profundamente “defectuoso y abierto a favoritismos”.
Además, se denunció lo catalogado como un “vergonzoso intercambio de culpas” entre el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado del Cuerpo de Bomberos sobre las recomendaciones de los ascensos.
“Esta actitud de “jugar a la papa caliente” refleja una alarmante ausencia de liderazgo y responsabilidad”, denunciaron.
Igualmente los oficiales señalaron que “el NCBPR aplica las leyes según le convenga, utilizando normas de manera inconsistente y contradictoria. Esta falta de claridad crea un sistema administrativo desorganizado, que perpetúa la arbitrariedad y socava la equidad en los procesos”.
En la comunicación enviada por los oficiales se indicó que el informe fue referido a varias agencias gubernamentales que incluyen a:
• Departamento de Seguridad Pública (DSP)
• Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR)
• Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) • Oficina del Contralor de Puerto Rico
• Oficina del Inspector General
• La Fortaleza
• Departamento de Justicia
“Es inaceptable que estas contradicciones puedan constituir perjurio. Este tipo de conducta no solo traiciona los principios de integridad que deben regir nuestras instituciones, sino que también atenta directamente contra la confianza del pueblo de Puerto Rico. La justicia debe prevalecer, y es imperativo que los responsables rindan cuentas,” enfatizó el Capitán Melvin Torres, portavoz del grupo de oficiales.
“No permitiremos que este tipo de atropellos quede en la impunidad. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen las decisiones necesarias para corregir este caos administrativo,” concluyó el Capitán Torres.
