Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la solicitud de los jueces retirados del Tribunal Supremo choca con las disposiciones del Plan Fiscal y la restructuración de la deuda.
”Entiendo que le están haciendo esa petición a la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Tendría que hacer las gestiones ante la Junta. Claro, me consta que, en el plan de ajuste de la deuda del gobierno, es decir, cuando se reestructuró la deuda del gobierno, uno de los requisitos es que no se modifiquen los sistemas de pensión. Yo he dicho que se pudieran dar bonificaciones a pensionados de año en año dependiendo de los resultados financieros del gobierno, de la gestión del gobierno, pero una modificación de pensiones está prohibida por el plan de ajuste por lo menos por un número de años”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
“Ya el detalle lo puede contestar la propia Junta Fiscal o AAFAF, pero esa es la situación. Me imagino que la jueza presidenta abordará a la Junta Fiscal a ver si de año en año puede haber algún tipo de bonificación”, añadió.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, licenciado Luis Collazo Rodríguez expresó: “Durante el día de ayer, recibimos un Recurso de mandamus peticionado por varios exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y miembros del Sistema de Retiro de la Judicatura relacionado al recómputo y reajuste de sus pensiones basados en el nuevo salario de los jueces que entró en vigor recientemente. El mismo está siendo analizado por nuestro equipo legal en coordinación con la AAFAF y será contestado oportunamente en los foros correspondientes. Al ser un asunto que está ante la consideración del Tribunal no estaremos emitiendo comentarios adicionales”.
Un grupo de jueces retirados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, compuesto por Antonio Negrón García, Francisco Rebollo López, Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, presentó una petición de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el director ejecutivo del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez, y la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.
La demanda surge tras la aprobación de la Ley Núm. 101-2024, la cual otorgó un aumento salarial a los jueces del Tribunal Supremo activo a partir del 1 de julio de 2024, incluyendo un ajuste retroactivo desde el 1 de julio de 2023. Los jueces retirados reciben el 100% del salario que devengaba su cargo al momento de jubilarse, lo que significa que cualquier aumento salarial a los jueces activos debe reflejarse en las pensiones de los jueces retirados, incluyendo el incremento retroactivo.
En la petición, los demandantes alegan que, a pesar de la aprobación de la ley, el Sistema de Retiro y la Junta de Retiro no han cumplido con la obligación legal de ajustar sus pensiones ni de pagar el aumento retroactivo que corresponde según la legislación. Sostienen que esta falta de acción constituye un incumplimiento con el deber ministerial que la ley impone a las autoridades responsables.
“POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita […] que dicte Sentencia de mandamus a favor de la parte peticionaria, ordenando a la parte peticionada que realice inmediatamente los ajustes correspondientes en la pensión de los jueces retirados del Tribunal Supremo y pague el incremento retroactivo de todas las sumas adeudadas […] en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 101-2024, el Artículo 9 de la Ley de Retiro de la Judicatura, supra, y el derecho aplicable.”
Los jueces retirados están representados legalmente por el licenciado José Andréu Fuentes. La acción legal solicita al tribunal que ordene de forma expedita la ejecución de los aumentos en las pensiones y el pago de las cantidades retroactivas adeudadas. De esta manera, los jueces retirados buscan que se reconozca y respete el derecho que les concede la ley, reflejando el incremento salarial en sus beneficios jubilatorios tal como se hace con los jueces activos.
