El Tribunal de Apelaciones (TA) revocó este viernes la sentencia emitida el pasado 23 de julio por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) la cual desestimaba el caso de cobro de dinero presentado por el Municipio de Cataño contra Waste Collection Corp. y Oscar Santamaría Torres.
Durante el proceso previo, los demandados solicitaron que el caso fuese resuelto mediante sentencia sumaria, evitando así la celebración de un juicio plenario.
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El TPI acogió dichas solicitudes, dejando sin efecto el reclamo del ayuntamiento. Sin embargo, el Apelativo determinó que, debido a la relevancia de los fondos públicos involucrados y al alto interés público del caso, el mismo debe resolverse mediante un juicio plenario que permita examinar todas las pruebas de fondo.
Un reclamo millonario por contratos públicos
El Municipio de Cataño presentó la demanda el 22 de diciembre de 2021, buscando recuperar $13,418,333.30 dólares en fondos públicos adjudicados por contratos suscritos entre Waste Collection Corp. y el convicto exalcalde, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.
Además, el municipio reclamó $250 mil dólares por daños y $100 mil en honorarios de abogado, señalando irregularidades en la administración de estos recursos.
Declaraciones del alcalde y el equipo legal
El actual alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, expresó lo siguiente: “Aunque este no es el final del camino, celebramos la determinación del Tribunal de Apelaciones. Esta decisión nos da la oportunidad de demostrar en un juicio lo que hemos sostenido desde el principio: que esos fondos pertenecen al pueblo de Cataño y deben ser recuperados. A mi querido pueblo, les reitero mi compromiso de hacer justicia y devolver cada centavo mal utilizado. No merecemos menos”.
Por su parte, el representante legal del Municipio, Christian Arvelo Forteza, afirmó: “Confiamos en que este juicio permitirá demostrar las irregularidades en el manejo de fondos públicos. Estamos preparados para el proceso y trabajaremos incansablemente hasta que se haga justicia”.
Lo que sigue
El caso regresa ahora al TPI que deberá programar las fechas para la celebración del juicio plenario. Este proceso promete ser crucial para establecer responsabilidades y asegurar la transparencia en la administración de recursos públicos.
