Familiares de cuatro menores que estuvieron desaparecidos por 23 días en Ecuador, realizaron los actos fúnebres un día después de haber sido identificados.
Los cuerpos fueron velados este miércoles en sus viviendas, ubicadas en un sector de Guayaquil. Posteriormente fueron trasladados a una casa comunal para una ceremonia religiosa.
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“¡Queremos justicia!”, gritaban familiares y conocidos de los menores mientras avanzaban en caravana con los féretros hacia el lugar donde serían enterrados. Ritmos tradicionales de la cultura afroecuatoriana a la que pertenecían Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda de 14 y Steven Medina de 11 también acompañaron las honras.
La Fiscalía confirmó el martes por la tarde que los restos encontrados una semana antes en las inmediaciones de una base militar correspondían a los menores, quienes desaparecieron el 8 de diciembre luego de jugar fútbol y ser arrestados por una patrulla militar.
Un juez dispuso la víspera la detención de los 16 militares involucrados, luego que la Fiscalía les imputó cargos por su desaparición forzada.
Según relata un informe militar citado por las autoridades, los uniformados los arrestaron en “posible delito flagrante”, pero luego los soltaron cerca de una base militar. La Fiscalía negó que los menores hayan cometido un delito, mientras que abogados de los familiares acusan al gobierno de emprender una campaña de estigmatización contra las víctimas para eludir la responsabilidad del Estado.
Fernando Bastias, del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, explicó en una entrevista previa con la AP que “el momento en que los detuvieron (los militares) pasaron a custodia del Estado, que tenía obligación de devolverlos a los padres, y no lo hicieron”.
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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no se ha pronunciado luego de confirmarse la muerte de los menores, aunque el Ministerio de Defensa emitió un comunicado el martes en el que ofreció transparencia en las investigaciones “hasta dar con los responsables”.
En enero de 2024, Noboa declaró que el país padecía un conflicto interno armado tras la fuga de un narcotraficante que desató una ola de violencia. El mandatario ha implementado el estado de excepción en forma reiterada, lo que ha permitido que un bloque de seguridad efectúe operativos en distintas ciudades y que las personas detenidas en ellos permanezcan en las cárceles. Organismos civiles dicen que esto ha facilitado la vulneración de los derechos humanos en Ecuador.