El 2025 llegó con un panorama jurídico complejo y lleno de tensión, debido a que posiblemente se enfrentarán múltiples frentes judiciales.
Por un lado, continuará el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la Ley PROMESA, mientras el público pondrá la lupa sobre casos de corrupción gubernamental, como el de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
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Quiebra AEE
La llegada de un acuerdo sobre la deuda de la AEE se ve cada vez más distante. Así lo describió el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien compartió que la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston reconoció los derechos de los bonistas sobre los ingresos netos de la agencia pública.
“En marzo de 2023, se vio el juicio de confirmación de un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que quedó realmente a un lado con la decisión que tomó el Circuito en Boston de determinar que los bonistas tienen un bono asegurado con los ingresos netos. Eso cambió todo el juego y todas las premisas sobre las cuales estaba fundado ese plan”, destacó Emmanuelli Jiménez, quien representa a los acreedores del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE y a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
La falta de claridad sobre los ingresos netos ha sido el factor importante en las discrepancias y el nulo acuerdo entre las partes. Aunque el Primer Circuito concluyó que los bonistas poseen un repago valorado en sobre $8 mil millones, esto se limita a los ingresos netos que no tiene la agencia, por lo que los bonistas se quedarían sin garantía para respaldar sus demandas.
“Los mediadores informaron al tribunal el mes pasado que no había oportunidad de llegar a un acuerdo [...] Lo que estamos previendo es que la Junta (de Supervisión Fiscal) presente un Plan de Ajuste no consensuado, pero eso va a contar con oposición, obviamente, de los bonistas y de otros grupos de acreedores”, precisó.
La solicitud presentada por los bonistas para el nombramiento de un síndico es otra pieza clave del caso.
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Para finales del mes de enero, se debe reanudar el proceso de quiebra de la AEE y la solicitud de los bonistas para nombrar un síndico que sirva de administración de la agencia. De no llegar a un acuerdo sobre la fuente de repago, la jueza federal Laura Taylor Swain podría desestimar el proceso de quiebra.
Ante esto, surgió la duda de un pronto aumento en la tarifa eléctrica, pero los expertos advirtieron que el síndico no puede aumentar las tarifas, ya que esta determinación recae en el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Sin embargo, el estudioso de la Ley PROMESA John Mudd señaló que “el cargo viene, sea por los 2.33 (centavos por kilovatio hora) que la Junta decía o por lo que sea, va a haber un cargo. La pregunta es por cuánto”.
Mudd aclaró que este aumento no afectará a todos los abonados por igual. Asimismo, detalló que, bajo su criterio, los bonistas buscan que el ente fiscal sea quien imponga el cargo especial.
“No todo el mundo que es abonado de la Autoridad le va a aumentar la tarifa, (solo) a un grupo específico, creo que el 60 y algo por ciento de los abonados [...] Básicamente, quieren que la Junta sea la que lo ponga porque ellos no pueden poner un cargo en este momento, a menos que tengan un receiver. Van a recibir, podrían tal vez hacerlo, pero no. O sea, uno, estará en quiebra y, dos, el regulador es el que lo maneja, no son ellos”, detalló el licenciado.
Ambos expertos coincidieron en que, al cierre de enero, la JSF deberá decidir si presenta un nuevo PAD-AEE no consensuado o si permitirá que el proceso avance hacia la litigación.
Emmanuelli Jiménez enfatizó que esta última opción podría dividir el caso entre los bonistas y otros acreedores, lo que complicaría aún más la resolución. Si no se logra un acuerdo, los bonistas podrán solicitar el levantamiento de la paralización automática y proceder con litigios en tribunales locales.
“Todo indica que vamos a tener que litigar todos esos issues durante todo este año. [...] Por lo menos dos años de litigación nos queda en este caso”, anticipó Emmanuelli Jiménez.
Wanda Vázquez y CDobleta
Uno de los juicios más esperados este 2025 es el de Vázquez Garced, acusada de soborno, conspiración y fraude electrónico entre 2019 y 2021, cuando era gobernadora de Puerto Rico.
En octubre pasado, la jueza federal Sylvia Carreño Coll retrasó la fecha del inicio del juicio para agosto de este año, luego de que la defensa alegara necesitar más tiempo para revisar evidencia, incluyendo 6.7 millones de páginas presentadas por el Ministerio Público. Previo a esto, estaba pautado para mediados de enero.
Conforme al abogado litigante a nivel federal Allan Rivera, el juicio de la exgobernadora promete ser uno extenso debido a la cantidad de documentación y la complejidad del caso.
“Va a ser enormemente interesante porque la cantidad de documentos, en un caso de fraude electrónico y situaciones bancarias, va a ser largo y un poco tedioso para el jurado estar pendiente de todos esos documentos y toda esa prueba que se le va a presentar”, explicó el licenciado.
Rivera añadió que la posibilidad de nuevos retrasos dependerá de las solicitudes de la Fiscalía y la defensa.
“Si tanto la defensa como la Fiscalía piden tiempo adicional, no hay otra forma que darlo, sino que dar el tiempo adicional para estudiarlo”, indicó.
Por su parte, la abogada y exfiscal federal María Domínguez Victoriano no espera otro retraso para el comienzo del juicio, ya que no necesariamente se tendrá que utilizar toda la documentación de evidencia.
“Es una jueza muy justa, pero no creo que esté inclinada a dar más postergaciones. Hago la apreciación de que la evidencia que se entrega bajo la Regla 16, no necesariamente el Ministerio Público tiene que utilizar todas esas piezas de evidencia en un juicio. En el juicio, son más selectivos, tienen su estrategia y escogen puntualmente cuál es la evidencia que entienden que necesitan para aprobar su caso”, detalló Domínguez Victoriano.
Un elemento primordial que figura en los alrededores del caso de la ex primera mandataria es la cobertura mediática. Ambos abogados consideran que la atención de los medios de comunicación puede ser perjudicial, aunque se haga el intento de que no lo sea.
Domínguez Victoriano mencionó que, mientras más cobertura reciba el caso, mayor el peligro de que las noticias o comentarios lleguen “a oídos del jurado”, aunque aclaró que estos reciben instrucciones de enfocarse únicamente en la evidencia presentada.
El juicio contra Vázquez Garced surge tras ser acusada por alegado soborno, que involucra conspirar para recibir aportaciones a su campaña a cambio de favores políticos.
Otro de los casos que aún no cuenta con fecha de juicio, pero con atención mediática es el de Luis Normar Isaac Sánchez, conocido artísticamente como CDobleta.
Isaac Sánchez es uno de los acusados por el asesinado del agente Eliezer Ramos Vélez, ocurrido en marzo de 2024 en el complejo de vivienda pública Sabana Abajo en Carolina.
El caso podría exponer al exponente urbano y los demás imputados a la pena de muerte.
Los dos abogados expresaron que la certificación para la pena capital parcialmente recae en la presidencia de los Estados Unidos.
Según Rivera, el caso podría ser certificado bajo la nueva administración del presidente Donald Trump, “que es claramente fuerte y va en contra del crimen”.
Mientras, Domínguez Victoriano reconoció que Puerto Rico tiene un historial particular en casos de pena de muerte.
“Aquí no se ha logrado una condena que recomiende la pena de muerte porque debe existir unanimidad entre todos los jurados para eso”, aclaró.
La exfiscal federal recordó que el único caso que casi culmina con la pena de muerte fue el de Alexis Candelario, acusado por la Masacre de la Tómbola en 2009 en Toa Baja. Candelario no fue condenado a la pena de muerte porque un solo miembro del jurado votó en contra.
